Por Gabriela Calotti
“Queremos presentar públicamente el recurso de casación que ya interpusimos contra la sentencia de Pomares que lo absuelve de los cargos, y hacerle saber a la Justicia federal, a la Fiscalía y a los jueces de Casación que seguimos firmes pidiendo justicia, que fue lo que el Tribunal Oral Nº 1 no hizo […] dictando una sentencia traída de los pelos”, afirmó a la prensa Marta Vedio, una de las abogadas querellantes que el martes participó en la radio abierta, y conferencia celebrada en la puerta de los Tribunales Federales de La Plata.
Familiares de numerosas víctimas de la patota armada de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) que sembró el terror en esta ciudad años antes del golpe cívico-militar de 1976, abogadas querellantes y Madres de Plaza de Mayo defendieron el recurso, repudiaron el fallo del tribunal y criticaron duramente la decisión del Ministerio Público y concretamente de los fiscales Hernán Shapiro, Marcelo Molina y Juan Martín Nogueira, de no sumarse al recurso en Casación.
“Le vamos a manifestar a la Fiscalía nuestra gran preocupación”, sostuvo Vedio, mientras que Susana Zaldúa, familiar de una de las decenas de víctimas de la CNU que quedaron fuera del juicio oral y público celebrado en 2017, más de cuarenta años después de los hechos, consideró que la actitud de la Fiscalía es “incomprensible”.
“Le vamos a pedir a Shapiro y compañía que nos expliquen qué paso. Pidieron perpetua para Castillo y Pomares y sin embargo, cuando el tribunal deja en libertad a Pomares, no hacen nada”, se preguntó con perplejidad como el resto de los familiares.
Mario Urrera, hermano de Horacio, secuestrado y asesinado por la banda de la CNU de Castillo y Pomares, confesó su estupor al enterarse de que los fiscales no acompañarán el recurso en Casación. “Ayer los odié mucho más que a los abogados defensores. Si hay una institución que debía actuar conforme a derecho era la Fiscalía”, lamentó.
Otra de las abogadas querellantes, Luz Santos Morón, del colectivo Justicia ya, calificó de “escandalosa” la decisión de la Fiscalía y repudió la actitud del tribunal de ampararse en el “beneficio de la duda para mantener la impunidad”.
Al cabo de un juicio que se dilató varios meses, el Tribunal Oral Federal Nº 1 integrado por los jueces Germán Castelli, Alejandro Esmoris y Pablo Vega dictó cadena perpetua para Castillo, considerado jefe operativo de la patota de la CNU platense, pero aún teniendo pruebas contundentes y numerosos testimonios que lo ubicaban en los lugares de secuestro y tortura, Pomares, uno de sus integrantes más activos, fue absuelto y puesto en libertad.
Las querellas rechazaron la decisión de dos de los jueces (Castelli y Esmoris) de no admitir los reconocimientos fotográficos de Pomares como prueba suficiente para “formar convicción” acerca de su autoría en los delitos que se le imputaron.
En el recurso “volvimos a analizar” reforzadamente cada punto “para mostrarle a los jueces que están todos los elementos para formar convicción. La convicción que no forman es porque internamente no la tienen“ y sostuvo Vedio, para quien “la decisión es absolver a Pomares”.
“Así como Castillo es un lumpen soltado de la mano de todo el mundo, Pomares es un tipo que tiene muy fuertes lazos con la política actual y tiene lazos de protección […] Hay una protección política contra la cual seguimos luchando”.
La pertenencia de Castillo y Pomares a la CNU era vox pópuli en los setenta entre la militancia platense. Un centenar de militantes de izquierda y del peronismo revolucionario, universitarios y profesionales y delegados gremiales fueron víctimas del accionar brutal de la CNU, que también integraban otras veinte personas, la mayoría de las cuales nunca fueron investigadas.
La Fiscalía y las querellas habían requerido al tribunal la condena a prisión perpetua para Pomares por delitos de lesa humanidad y por el delito de genocidio por los homicidios de Néstor Dinotto y Graciela Martini, y por la privación ilegal de la libertad agravada y la aplicación de tormentos contra Néstor Dinotto, Graciela Martini, Adelaida Barón y Daniel Pastorino.
Querellas y familiares pidieron el martes una vez más que se unifiquen los casos de víctimas de la CNU que quedaron fuera del juicio, como el caso de Mario Gershanik, médico de la entonces Clínica del Turf, acribillado en su casa. “Queremos saber por qué Pomares quedó en libertad. Queremos saber cuándo serán juzgados los otros miembros de la banda”, se preguntó Alicia Gershanik, su hermana, antes de advertir que los familiares están dispuestos a apelar no sólo ante la Justicia argentina, sino “a nivel internacional”.
El periodista y escritor Daniel Cecchini, autor junto a Alberto Elizalde Leal del libro titulado La CNU, un minucioso trabajo de investigación iniciado en 2010, se declaró “convencido de la culpabilidad de Pomares y Castillo y de las diez o doce personas que ni siquiera fueron convocadas por la Justicia”. Consideró que el Tribunal descartó el reconocimiento fotográfico de Pomares “para darle la absolución”, y fue tajante al asegurar que el caso de Urrera “no fue elevado a juicio porque de esa forma Pomares no zafaba”. Respecto de la decisión de la Fiscalía, Cecchini fue enfático al afirmar que “el Estado abandonó a las víctimas”.
Entre las numerosas víctimas de la CNU platense entre 1974 y 1976, y cuyos casos no entraron en este juicio, figuran Carlos Pierini, Rolando Chaves, Luis Macor, Carlos Alberto Miguel, Rodolfo Achem, Rodolfo Carlos “el rusito” Ivanovich, Enrique Rusconi, Mario Gershanik, Luisa Marta Córica, Arturo “Patulo” Rave, Horacio Urrera, Carlos Saticq, Carlos Escafide, Alcides Mendez Paz, Adriana Zaldúa, Lidia Agostini, Nélida Villarino y los hermanos Gerardo y Raúl Arabel, entre más de sesenta víctimas.
“No podemos aceptar convivir con genocidas. Nuestros compañeros y los familiares se merecen justicia. La sociedad también”, sostuvo Alicia Gershanik. “La ciudad de La Plata no se merece genocidas caminando” por sus calles, concluyó.
