Por Mara Laudonia
En lo últimos días, la causa que enfrenta la Argentina contra los fondos buitre recrudeció a raíz de la decisión del juez estadounidense, Thomas Griesa, de frenar pagos de la Argentina a través del Citibank. Bajo la lupa de juristas, y desde una mirada local e internacional, se trata de una medida arbitraria, que atenta contra la soberanía nacional y, eventualmente, contra otras naciones. En su afán de poder cerrar esta causa, que en los hechos comenzó hace 15 años, y ante la inexistencia de un mecanismo legal para encauzar las quiebras de países, este juez creó un embrollo jurídico que ya tuvo la objeción de la Justicia de Londres. Una vez más, la política de “desendeudamiento”, utilizada como herramienta para alcanzar la soberanía argentina, fue puesta a prueba.
Una fecha clave para el análisis del caso fue el pasado 12 de junio, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos decidió ignorar el pedido de la Argentina de revocar un fallo de Griesa del 2012, avalado por la Cámara anterior. Ante esta situación, el juez estadounidense se apuró por poner en vigencia ese mismo junio su texto legal, con su particular interpretación de la cláusula ‘pari passu’, que significa ‘tratamiento igualitario’ a los acreedores.
Griesa determinó la Argentina violó esta cláusula para quienes decidieron quedar fuera del canje de deuda y a la vez litigar por el 100% de sus tenencias. Asimismo, para ejecutar la sentencia, buscó aplicar una fórmula de pago a través de la cual los litigantes debían cobrarse el 100% de sus reclamos, y si Argentina no lo hiciera, podrían cobrarse estos con dinero destinado a terceros que aceptaron la reestructuración de deuda, que sí estaban cobrando regularmente.
De esta forma, para hacer cumplir su sentencia, Griesa buscó acorralar a una Argentina que afrontaba vencimientos a fines de ese mismo junio. El Gobierno quedó en el dilema de que, si cumplía con la orden de Griesa, activaba otra cláusula de los contratos de deuda nuevos , llamada RUFO, que garantizaba que ningún acreedor iba a tener privilegio de una oferta mejor que la de los bonistas de los canjes 2005 y 2010. Asimismo, si el país no cumplía la orden, los pagos a los bonistas del canje podían quedar bloqueados.
La activación de la RUFO implicaba nada menos que sumar a la cuenta de la deuda pública un piso de U$S 120.000 millones –más de la mitad de la deuda actual de la Argentina–, y algunos letrados interpretaban que legalmente la cifra ascendía a 500.000 millones. Hubo una lectura rápida y oportunista de ciertos sectores de la oposición que presionaban con que el país tenía que atenerse a la sentencia, que tenía una cifra acotada de U$S 1600 millones.
La historia de lo que sucedió es conocida: Argentina decidió abonar los vencimientos a los bonistas del canje, y no pagar la suma que pedía Griesa para los fondos buitre. En tanto, el juez bloqueó dichos fondos y declaró al país en Desacato.
Impacto mundial
Con esta jugada, Griesa generó un golpe al status quo de las finanzas internacionales. El mundo financiero se movió rápidamente con dos iniciativas concretas. Por un lado, la Asociación Internacional de Mercado de Capitales aprobó una ‘solución contractual’, que definió explícitamente que pari passu no es lo que interpretó Griesa, y reforzó otrás cláusulas en los contratos de los bonos, de acción colectiva, que tiene que ver con las mayorías, para facilitar a los países futuras reestructuraciones de deuda.
El FMI y el G20 propiciaron esta salida, y el primer país en aplicarlas fue México, en septiembre último. Se trata de una solución más pro mercado, donde quedó en evidencia la extrema preocupación por el “impacto sistémico” del Fallo Griesa, que otorgó un poder superlativo a los fondos ultraespeculativos.
Argentina y expertos internacionales dieron la bienvenida a estas iniciativas pero dijeron que eso no era suficiente para países que ya tienen deuda en circulación. Países como Granada –casi un calco del caso argentino– y Congo, ya fueron de hecho afectados por los fondos buitre y el particular fallo del “juicio del siglo”.
Otra corriente impulsada por Argentina y el G77 más China, planteó que es necesario un mecanismo legal internacional para la quiebra de países. Aquí se sumaron voces académicas como el Nobel Joseph Stiglitz o ex número dos del FMI, Anne Krueger. La celeridad de gestiones del gobierno argentino logró que en septiembre del 2014 uno 193 países se sentaran a debatir por primera vez en el seno de Naciones Unidas un nuevo esquema legal con un resultado histórico, ya que se tomó la decisión de avanzar con un esquema que perfeccione el libre albedrío actual con la deuda de países.
Asimismo, los terceros afectados se movilizaron. En particular inversores europeos, de la mano del magnate George Soros, llevaron el caso a la justicia de Londres. En el actual invierno boreal un juez británico, David Richards, consideró que los pagos de bonos del canje argentino emitidos en euros están fuera del alcance de la justicia de Estados Unidos.
Así, la Argentina logró superar la presión fecha del 31 de diciembre de 2014, momento en que caducó la RUFO. A partir de aquí, si pudiera haber alguna negociación con fondos buitre, que resultase en mejores condiciones que al resto, el país no se vería obligado a repartir esas condiciones entre todos los acreedores. A la vez, logró desterrar rumores de corridas y de los peores pronósticos que le dedicaban algunos, por atreverse el Gobierno a desafiar a un juez norteamericano.
Ayudó a la descompresión la alianza establecida con China, que prometió entradas de inversiones al margen del resultado de la contienda con Griesa y otorgó un refuerzo monetario (swap) que operó a manera de respaldo de las reservas argentinas. La búsqueda de aliados fue otra pata de la estrategia local para enfrentar la situación, que incluyó acuerdos con Rusia, Venezuela, y el pronunciamiento de despaldo de Unasur a la posición del país.
Lecciones
Las lecciones de este capítulo dramático en la historia de la deuda argentina son muchas pero se resumen en la palabra soberanía. A la hora de tomar nueva deuda, es importante tener en cuenta quien es el acreedor y su jurisdicción, en qué moneda, y la capacidad de repago de esa deuda.
El kirchnerismo plasmó estos conceptos en lo que denominó la “desendeudamiento”, y con él, trató de revertir las causas de los males que llevaron al país al default y a ser enjuiciado en Estados Unidos por esa desgracia. Esto es, canceló créditos condicionados de políticas externas, con organismos internacionales; bajó la relación de deuda en dólares y con el mercado; y promovió en la medida de lo posible el endeudamiento local y en pesos; tomó deuda externa sólo para financiamiento de inversiones genuinas y no, como en el pasado, para créditos sin un marco de control. Y, por último, redujo el impacto de la RUFO en la factura final de la deuda.
Pasada la RUFO, queda el interrogante de cuándo será el mejor momento para afrontar este capítulo no resuelto con los fondos buitres. A simple vista, se observa que las iniciativas internacionales no ayudarían a la premura del caso argentino, pero sí servirían para acotar el impacto, y en definitiva el monto final que habrá de afrontarse, como lo es el ejemplo del fallo de Londres.
Expertos coinciden ahora en voz alta, aún los de la oposición, en que es preferible ante todo, la herencia actual de este Gobierno, con bajo endeudamiento (menos del 50% del PBI y menos 10% del PBI de deuda con el mercado) y con un problema con Griesa, que en términos de PBI ya sólo costaría el país el valor equivalente –alto, pero no exorbitante– a un 2% del PBI (cerca de USS 23.000 millones).
El timing económico es también político, ya que a esta altura no puede pasarse por alto de que Griesa tomó una posición parcial que incluso afecta las relaciones con Estados Unidos, lo cual fue reconocido por el propio gobierno de Barack Obama en oportunos escritos “amicus”. En definitiva, alcanzar una solución para cerrar la enciclopedia dolorosa del default se trata de un ejercicio más de soberanía.
