Cuando la “democracia” en Latinoamérica no molestaba a los grandes intereses, no pasaba nada. Pero cuando sugieron los gobiernos, movimientos políticos y dirigentes que las derechas locales e internacional denominan “populistas” y que considera como enemigos, proliferaron los jueces y fiscales “anticorrupción”. El más renombrado es el brasileño Sergio Moro, quien consiguió meter preso al expresidente Lula Da Silva.
Aparecieron luego de los procesos liderados por el propio Lula, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, y Néstor y Cristina Kirchner, que encararon –con sus aciertos y errores– importantes transformaciones en sus respectivas sociedades. Fue un periodo donde el poder democrático enfrentó los intereses de las élites privilegiadas locales y de la geopolítica norteamericana.
En Argentina, una muestra de que esos jueces y fiscales no combaten los corruptos sino que realizan persecución política es que el conjunto del sistema judicial –más allá de honorables excepciones que actúan sin el poder suficiente y con una relación de fuerzas desfavorable que neutraliza su labor– se “perdió la oportunidad” de esclarecer gigantescos fraudes económicos que hubieran significado recuperar grandes masas de dinero para el país. Por citar dos ejemplos elocuentes, puede hacerse un repaso de los delitos atribuidos a la filial argentina del banco HSBC, incluidos en una denuncia de trascendencia mundial del ingeniero francés Hervé Falciani (quien hasta 2008 trabajó en dicho banco en Suiza), y las acusaciones documentadas y comprobables que, también en 2008 de forma casual, realizó el exalto funcionario del banco JP Morgan en Estados Unidos, el argentino Hernán Arbizu.
Antes de seguir, cabe aclarar que la historia de ambos termina mal. Falciani, quien vivió varios años refugiado en España, donde el Estado lo protegió de la persecución judicial de los suizos y además utilizó su información para investigar y sancionar desfalcos, fue detenido a comienzos de este mes y podría ser extraditado a Suiza. Allí lo condenaron, en ausencia, por violación del secreto comercial y bancario y por sustracción de datos. A su vez, el argentino Arbizu fue arrestado en nuestro país hace dos años y extraditado a Estados Unidos por los juicios del JP Morgan en su contra.
Hervé Falciani
En 2014, el mencionado experto francés hizo revelaciones impactantes sobre 130.000 grandes evasores fiscales que tenían cuentas en bancos de Suiza. La nómina de megadelincuentes económicos se conoció mundialmente como la “lista Falciani”. Incluía 4.040 casos de nuestro país, de empresas y/o particulares multimillonarios que evadieron unos 3.500 millones de dólares (bastante más que los 9 millones que presuntamente llevaba en sus bolsos el exfuncionario kirchnerista José López).
Entre los denunciados estaban Cablevisión y Multicanal (del Grupo Clarín, que hoy forman una sola compañía y a su vez, gracias a manejos ilegales del macrismo, están en proceso de fusión con Telecom), el Deutsche Bank, la distribuidora eléctrica Edesur, la generadora termoeléctrica Central Puerto, la cementera Loma Negra, la petrolera Bridas, y la firma Mastellone, que comercializa los alimentos de La Serenísima (para conocer un listado más detallado, puede accederse a una publicación de Página/12 del 28 de noviembre de 2014).
En aquel momento todavía gobernaba Cristina Kirchner y la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos, que conducía Ricardo Etchegaray) le dio un fuerte impulso a la investigación, a partir de la información aportada por Falciani. La causa aún se tramita en la Fiscalía Nacional en lo Penal Tributario Nº 1, a cargo de Claudio Navas Rial, quien quedó a cargo de la investigación por delegación de la jueza María Verónica Straccia.
Además, en coincidencia con la decisión política del kirchnerismo de combatir la megacorrupción de grandes delincuentes económicos, el Banco Central (cuyo presidente era Alejandro Vanoli) revocó el permiso para que el presidente y vice del HSBC-Argentina, Gabriel Martino y Miguel Angel Estévez, pudieran continuar en sus funciones.
En la misma dirección, la representación parlamentaria del kirchnerismo, que si bien no tenía mayoría en el Congreso disponía de una presencia muy influyente, logró conformar una comisión bicameral investigadora de los casos argentinos contenidos en la “lista Falciani” que ponían en evidencia una colosal corrupción financiera. Dicha comisión fue desactivada apenas asumió el macrismo.
Cuando en 2014 reveló semejantes secretos bancarios, Hervé Falciani puso a disposición de cualquier país la lista con más de 130.000 evasores de todo el mundo. Así fue que en el corazón mismo del capitalismo central, países como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Bélgica, Irlanda y España realizaron investigaciones y recuperaron para el fisco el dinero evadido.
Por ejemplo, según informaciones conocidas a fines de ese año, España recuperó más de 250 millones de dólares –200 fueron pagados por el presidente del Banco Santander–, mientras que Estados Unidos, que acusó al HSBC de montar un mecanismo de lavado de dinero del narcotráfico, cerró el caso después de acordar con el banco el pago de 1.900 millones de dólares (una nota del Diario Jornada del 28 de noviembre de 2014 reseñaba la trayectoria de Falciani y las repercusiones que ya en aquel tiempo tuvieron sus denuncias).
En Argentina todo fue distinto, y la investigación está empantanada.
Hernán Arbizu
Otro caso donde los jueces y fiscales “anticorrupción” se perdieron una oportunidad de esclarecer delitos multimillonarios fue cuando Hernán Arbizu, un argentino que había sido vicepresidente de la filial local del banco trasnacional JP Morgan, en 2008 acusó a 460 empresas y particulares de nuestro país por maniobras de fraude fiscal y fuga de capitales, incluido el probable lavado de dinero de origen clandestino. Los delitos involucraban sumas estimadas en 400 millones de dólares.
La acusación no sólo apuntó contra el JP Morgan, sino que el denunciante entregó datos de cada cuenta, nombre de sus titulares y cantidades de dinero fugado. Entre los denunciados había –una vez más– directivos del Grupo Clarín, Blaquier, Edenor, Autopistas del Sol, Sideco, Petrobras Energía, Nordelta y la firma de negocios inmobiliarios Consultatio.
La causa central promovida por Arbizu quedó a cargo del juez Sergio Torres, quien en algún momento pidió informes a organismos de Suiza y Estados Unidos, y además hizo trascender la falta de respuesta de las autoridades judiciales norteamericanas. En otras instancias tribunalicias hubo causas relacionadas, una de ellas instruida por el juez Sebastián Casanello, en la cual, en 2013, Arbizu prestó declaración indagatoria.
Pero en el recorrido del caso por los laberintos del Poder Judicial hubo un personaje que explica en gran parte la “eficacia cero” de la investigación: el fiscal Guillermo Marijuán, de quien dependía “empujar o no el expediente”, como dijo Arbizu (la agencia de noticias Télam reflejó en julio de 2013 declaraciones del denunciante, en particular sobre el lavado de dinero por parte del Grupo Clarín).
Conclusión: pasaron diez años de la denuncia y los presuntos evasores de impuestos y/o lavadores de dinero están muy lejos de recibir algún tipo de sanción por parte de juez o tribunal alguno. También en este caso, justicia cero: 100% de impunidad.
En cambio, el sancionado resultó ser el propio exdirectivo de JP Morgan, quien aportó información para probar fraudes gigantescos y pretendió que la judicatura argentina castigara a los culpables: denunciado por el banco como responsable de los delitos de “fraude bancario, robo de identidad agravado y desfalco”, Arbizu fue detenido en junio de 2016 y extraditado a Estados Unidos.
“Espaldas cuidadas”
Aunque en países como Estados Unidos y las potencias de Europa occidental el sistema judicial es un engranaje más del capitalismo, suele haber jueces y fiscales, y a veces gobiernos, que al menos obligan a los grandes capitalistas a pagar impuestos. Así lo demuestra el uso que allá le dieron a la extraordinaria información de la “lista Falciani”.
En Argentina, en cambio, todos los avances logrados durante el kirchnerismo para que los secretos bancarios revelados por el experto francés se usaran para perseguir la megacorrupción financiera fueron neutralizados cuando asumió Mauricio Macri, y aquello quedó prácticamente en la nada.
Pocos meses después de comenzar la gestión del actual oficialismo, el desplazado presidente del HSBC, Gabriel Martino, volvió a dirigir el banco. Pero no sólo eso: quien había sido una de sus abogadas defensoras, María Eugenia Talerico, fue designada como vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo estatal que precisamente tiene la función de vigilar grandes movimientos de dinero que puedan blanquear actividades delictivas (desde los delitos “menores”, como evasión de impuestos, hasta los más graves, como crimen organizado, narcotráfico y trata de personas).
Como escribió el periodista y economista Alfredo Zaiat en febrero pasado, al comparar el destino que tuvo en nuestro país la «lista Falciani» respecto de la que consiguió en algunas potencias del mundo desarrollado, aquí los acusados tienen «las espaldas cuidadas» (Nota de Página/12 del 21 de febrero de 2018). La fracción dominante del Poder Judicial sólo se dedica a “combatir la corrupción” del kirchnerismo, y ahora también de otros peronistas, como demuestra el encarcelamiento del exgobernador de Jujuy, Eduardo Fellner.
A propósito: dirigentes justicialistas –actualmente gobernadores, legisladores, etcétera– que habían sido indiferentes a la prisión, por ejemplo, de Milagro Sala, o de exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner y otros militantes de su espacio político, quizás ahora estén alarmados y recordando aquella idea célebre que, en otras palabras, se puede resumir así: cuando se llevaban a otros a mí no me importaba, y ahora es tarde, porque vienen por mí (la idea original está tomada de un genial poema atribuido generalmente al dramaturgo alemán Bertolt Brecht, pero en realidad pertenecería al pastor protestante, también alemán, Martín Niemoller).
Pero aquella mentirosa “lucha contra la corrupción” dirigida contra políticos opositores al régimen gobernante no es sólo consecuencia de la degeneración moral, ideológica y jurídica de la corporación que maneja el sistema de administración de justicia argentino. Mucho más que eso: es parte de la nueva estrategia norteamericana para eliminar políticamente a los gobiernos, fuerzas políticas y líderes populares que predominaron en Latinoamérica en los primeros tres lustros de este siglo, en un proceso continental que en nuestro país tuvo como expresión al kircherismo.
Por eso, la función de los jueces y fiscales aparentemente gladiadores contra la corrupción es una función esencialmente antidemocrática: impedir que en esta parte del mundo puedan volver a gobernar los “populismos”. Antes, la derecha imponía violentamente la defensa de sus intereses utilizando las botas (militares), y ahora lo hace mediante las togas (judiciales).
Y abusando del genio de Brecht, apelamos a otra de sus frases célebres, que ha sido traducida de esta manera: “Muchos jueces son absolutamente incorruptibles; nadie puede inducirlos a hacer justicia”.
