Por Luciana Isa
Alma Gaitán tiene cinco meses y se encuentra en coma desde el 3 de noviembre de 2017 como consecuencia de una asfixia al momento de su nacimiento por vía natural, cuando deberían haberle practicado una cesárea programada, tal cual había sido informada su mamá, Laura Cáceres, durante los controles médicos en las semanas previas. Alma está conectada a un respirador artificial, con un daño severo e irreversible en su cerebro, y su familia espera la internación domiciliaria para así evitar el desgaste que conlleva una hospitalización tan prolongada y poder brindarle todos los cuidados necesarios, tal cual fue solicitado a las autoridades del Hospital Municipal de Morón, donde se encuentra internada desde su nacimiento. A raíz de esta espera, y tras la ausencia de una respuesta que garantice a su familia todo el equipamiento y acompañamiento médico necesario, presentaron un recurso judicial que se sumó a la denuncia que el 13 de diciembre pasado quedó radicada en la UFI 2 de ese distrito por violencia obstétrica y negligencia en el hospital. Responsabiliza a lxs médicxs y enfermeras por la mala praxis. Porque, pudiendo haber evitado este desenlace, no lo hicieron y ninguna autoridad asume la responsabilidad.
Como la historia de Alma y tantxs otrxs casos de madres y niñxs que sufren el maltrato y la violencia obstétrica, se conoció la desafortunada historia de Yésica Sosa, cuya obstetra dejó morir a su beba de 41 semanas en la panza. Cumplía los nueve meses de embarazo el 1º de octubre de 2017, pero le dieron fecha para el 18. El día diez no aguantó más los dolores y fue al hospital a hacerse un control, pero su hija ya estaba muerta. La dejaron con su beba sin vida en la panza más de doce horas y “le preguntaron si la quería tener por parto natural”. Le practicaron una cesárea y le dieron el alta con dolores de panza y sin medicamentos. Esto ocurrió en el mismo hospital, perteneciente al Municipio de Morón, actualmente a cargo del intendente Ramiro Tagliaffero, de la alianza Cambiemos.
Otro caso registrado fue el de Guadalupe Pallares, quien sufrió un maltrato similar cuando, el 24 de enero último, llegó al Hospital de Morón a la madrugada con contracciones. Quienes la asistieron la culpaban de que no pujaba bien, mientras una partera mandaba mensajitos y la otra dormía en una silla, según contó en diferentes medios. Después de varias horas asomó la cabeza del bebé, aunque la criatura nació con asfixia luego de casi cuatro horas de parto, y la dejaron abandonada en la sala cinco horas más, sin darle ninguna información. El mismo pediatra le confesó que el bebé había nacido ahogado por el tiempo que pasó con la cabeza afuera y el cordón enroscado en el cuello, que luego de veintiséis resucitaciones pudieron reanimarlo, y culpó directamente a las parteras, incluso invitando a la familia a iniciar acciones legales.
Por estos casos, por la tristeza, la impotencia y el reclamo de justicia compartidos por estas madres y padres, motorizaron una acción colectiva frente al Hospital de Morón la mañana del viernes pasado. Reclamaron justicia y pidieron respuestas a las autoridades del hospital, y al Poder Ejecutivo local por los distintos reclamos que vienen llevando adelante desde el año pasado y que aún no consiguen resolución. Más allá de que ningún tipo de resarcimiento, sea económico, moral y/o material, pueda devolverles la salud y la vida de estxs niñxs.
Donde hay violencia obstétrica, hay vulneración de derechos
Estas tristes historias, entre tantas otras silenciadas, ocurren todos los días en diferentes hospitales públicos, privados, clínicas, centros de salud, entre otros que integran el sistema de salud de todo el país, y forman parte de prácticas violentas institucionalizadas, que exceden los límites de la violencia obstétrica. De acuerdo con el primer Índice Nacional de Violencia Machista que analiza en detalle las formas de violencia hacia las mujeres y mujeres trans realizado por el colectivo #NiUnaMenos y presentado en noviembre de 2016, el 77% de las entrevistadas aseguró haber sufrido al menos una situación de violencia obstétrica, entre las que se destacan que el personal médico las trató “con sobrenombres o diminutivos” como si fueran incapaces de entender el proceso del parto, o que la atención de los médicos en ese momento las hizo sentir “vulnerables, culpables o inseguras”. La encuesta, realizada en su mayoría en forma online, alcanzó una muestra de 59 mil testimonios a nivel nacional.
La Ley N° 26.485 (2009) de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, en su artículo 6, se refiere a las modalidades en que se manifiestan los distintos tipos de violencia, y específicamente en el inciso «e» define la violencia obstétrica como “aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley N° 25.929 (2004) de Parto Respetado”.
Asimismo, según su Decreto Reglamentario 1011/2010, se considera trato deshumanizado el cruel, deshonroso, descalificador, humillante o amenazante ejercido por el personal de salud en el contexto de la atención del embarazo, parto y posparto, ya sea a la mujer o al/la recién nacido/a, así como en la atención de complicaciones de abortos naturales o provocados, sean punibles o no. Considera personal de salud a todo/a aquel/la que trabaja en un servicio, se trate de las/os profesionales (médicas/os, enfermeras/os, trabajadoras/es sociales, psicólogas/os, obstétricas/os, etcétera) o de quienes se ocupan del servicio hospitalario, administrativo o de maestranza. También dispone que las mujeres que se atienden en las referidas instituciones tengan derecho a negarse a la realización de las prácticas propuestas por el personal de salud. Las instituciones del ámbito de la salud pública, privada y de la seguridad social deben exponer gráficamente, en forma visible y en lenguaje claro y accesible para todas las usuarias, los derechos consagrados en la ley que se reglamenta.
Si entendemos que la legislación existe y que en los últimos años se ha avanzado exponencialmente en materia de derechos de las mujeres y políticas de género que contribuyeron a paliar la inequidad, desigualdad, violencia y sometimiento a los que las mujeres, mujeres trans y personas con identidades diversas son expuestas a diario, ¿cómo es posible que estos lamentables hechos, con desenlaces trágicos pero totalmente evitables, ocurran en instituciones que deben no sólo garantizar el cumplimento de las leyes como las mencionadas, sino también velar por el acceso al sistema de salud público de todxs los habitantes de la comunidad, entendiendo la salud como un bien social y no como una mercancía? ¿Cómo es posible que un/a funcionario/a público/a, como es el rol de quienes forman parte del personal de salud, decida negar una práctica como la cesárea programada y forzar un parto natural arriesgando la vida de la madre y el/la ninx, priorizando los costos de una por sobre la otra? ¿Existe aquí una perspectiva mercantilista de entender la salud pública? En tal caso, ¿cuáles son los parámetros desde los cuales se diseñan las políticas en salud pública desde el municipio, o dónde ubican sus prioridades presupuestarias si frente a la negligencia de sus propios funcionarios se le niega a una familia la internación domiciliaria de su hija, víctima de ese accionar?
Estas son sólo algunos interrogantes que surgen de cruzarnos con semejantes atropellos y vulneración de derechos fundamentales en la vida de las personas, como es el derecho a la salud pública y el de las mujeres a no sufrir ningún tipo de violencia, en un contexto político, social, económico en el que parece que todas las señales van a contramano de los más de diez años de reparación y ampliación de derechos para todas las personas. Especialmente para aquellas que históricamente sufrieron más avasallamientos, cuando no fueron silenciadas, como es el caso de lxs niñxs, las mujeres, las personas con identidades diversas, lxs adultx mayores y las personas con capacidades diferentes.
En un contexto, también, que hoy nos ubica ante la posibilidad histórica de habilitar el debate sobre el aborto seguro, legal y gratuito en la Argentina y que, más allá de los matices que sin duda contiene cada uno de estos asuntos, todos nos conducen a una misma discusión: el rol del Estado en el diseño, la ejecución y la garantía de cumplimiento de políticas públicas inclusivas, que respeten el derecho a la integridad física y mental de las personas, que respeten su condición de género, las decisiones sobre sus propios cuerpos, el ejercicio de su sexualidad, el acceso a la salud y la educación, que es lo que, en definitiva, va a permitir y garantizar la toma de decisiones informadas.
Observaremos a qué punto llega el debate, y entonces veremos cuánto está dispuesto a hacer el gobierno nacional para que la salud pública sea una política de Estado.
