Por Pablo Pellegrino
Luego del papelón protagonizado por el presidente Mauricio Macri en un mensaje que grabó secundado por el ministro de Producción, Francisco Cabrera, en el que pidió a los senadores peronistas que “no se dejen conducir por las locuras de Cristina Fernández de Kirchner”, en alusión al proyecto que se votará este miércoles para retrotraer las tarifas a precios de 2017, el jefe de Gabinete habló en conferencia de prensa para calmar los ánimos. “En el kirchnerismo hubo demagogia energética”, dijo Marcos Peña, y explicó que el mensaje presidencial “no fue una calificación hacia Cristina Fernández, fue hacia una idea”.
Desde hace semanas el proyecto elaborado por los legisladores massistas y los que responden a los gobernadores provinciales del peronismo es un dolor de cabeza para el gobierno y puede convertirse este miércoles en una dura derrota política, puesto que, en cada votación importante de la Cámara Alta, los operadores del macrismo parecían tener control total sobre la voluntad de los gobernadores.
El dolor de cabeza del oficialismo se incrementa en un momento en el que el Fondo Monetario Internacional le exige mayor austeridad para equilibrar la balanza fiscal, y es allí donde se centran las principales críticas de Cambiemos: el costo fiscal que implicaría retrotraer las tarifas a noviembre de 2017 y atar las futuras actualizaciones al índice de variación salarial, en el caso de usuarios residenciales, y el índice de precios mayoristas, en el caso de las pymes. La crisis energética heredada suele ser otra de las entelequias citadas por Cambiemos que repite toda vez que discute tarifas, y la justificación de esa medida es una constante: más tarifazo redunda en más inversión y producción.
Sobre esos ejes discursivos dialogó Contexto con Federico Bernal, bioquímico, biotecnólogo de la UBA y director del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC).
-Uno de los principales argumentos del oficialismo para rechazar la propuesta es el del costo fiscal. ¿Cómo analiza ese aspecto?
-El costo fiscal es una excusa. No hay que perder de vista que estamos ante una gestión neoliberal que desde que asumió está impulsando medidas que perjudican los ingresos del Estado: quita de retenciones a los granos y disminución a la soja, quita de retenciones a las mineras, eliminación de impuestos a los sectores más concentrados, todo el proceso especulativo financiero con las Lebac y la nueva deuda externa de la que el pueblo argentino y los sectores productivos no vieron un centavo. Aranguren lleva perdidos más de 4.000 millones de dólares por la política energética. Ni hablar de la apertura de importaciones.
Toda la militancia que están haciendo para consumir menos tiene que ver con una administración neoliberal que pretende que haya mayores excedente y mayores inversiones.
Una vez que medimos todos los costos fiscales que tuvo el Estado desde que ellos asumieron, ahí podemos poner en contexto lo que sería retrotraer tarifas a noviembre de 2017.
-¿Mayores tarifas implicaron mayores inversiones en estos dos años?
-Con respecto a la inversión en producción, más que el tarifazo hay que ver el aumento exponencial del gas en boca de pozo, por ejemplo. Eso dijeron que iba a derivar en mayor producción y menores importaciones, pero a dos años de ese incremento exponencial del precio en boca de pozo, la producción cayó en 2017 y en 2016 aumentó gracias a un yacimiento, Vega Pléyade, que es heredado de la gestión anterior, con lo cual cayó en todo el país en lo que se atribuye a la gestión de Aranguren. Las empresas invirtieron mucho menos, incluso hay un informe del diario La Nación sobre eso.
Se remunera el precio del gas en boca de pozo a un valor enorme para lo que son los costos y las empresas dejaron de invertir, se quedaron con todo lo que habían hecho porque de ahí iban a seguir sacando gas pero a un precio espectacular que le paga el gobierno a cualquier gas que se saque. No es como en el gobierno anterior, que se le pagaba al excedente.
Ganancias de las empresas: Mindlin, 5.500 millones de pesos el año pasado; Caputo, a través de Central Puerto, 3.200 millones más los 1.360 millones que ganaron sus dos distribuidoras (Gas Cuyana y Gas del Centro); Pagano, con las cuatro distribuidoras de la provincia de Buenos Aires, ganó 2.300 millones.
De los 1.360 millones de pesos que ganaron las empresas distribuidoras de Caputo, el 96% lo repartió en dividendos. Eso es el tarifazo: iba supuestamente a los costos de mantenimiento y para que las empresas pudieran recuperarse de la ‘tremenda crisis heredada’, y todos los ingresos de esas empresas fueron ganancia para los accionistas
-¿No es un contrasentido que el Ministerio de Producción destaque el ahorro con luces led para justificar una medida que perjudica al sector productivo?
-Siempre hay que tener en cuenta que tanto el Ministerio de Producción como el Ministerio de Energía utilizan la energía como una herramienta de ajuste. No les interesa la energía barata subsidiada y accesible que aumente la demanda y el consumo, porque eso implica que el Estado haga mayores erogaciones y, fundamentalmente, que las empresas inviertan más para cubrir esa mayor demanda cuando, en realidad, las empresas no quieren invertir al ritmo de una demanda creciente.
Toda la militancia que están haciendo para consumir menos tiene que ver con una administración neoliberal que pretende que haya mayores excedente y mayores inversiones en energía, por ejemplo, en gas, con destino de exportación, como pasó en los años noventa.
-El gobierno dice que los aumentos se deben a la crisis energética heredada. ¿Existió tal crisis?
-No hubo crisis energética, desde el punto de vista de una energía para y por el pueblo argentino. La energía no es un un commodity, no es una mercancía, no está para generar superávit de la balanza comercial. La energía y los servicios públicos de gas y electricidad son derechos humanos y servicios públicos esenciales, como falló la Corte Suprema.
Desde ese punto de vista, de ninguna manera hubo crisis energética entre 2013 y 2015, puesto que, por ejemplo, tuvimos récord de incorporación de usuarios a los servicios públicos de gas y electricidad, tuvimos gas entregado que fue superior al gas entregado en la década anterior, en materia eléctrica interconectamos diez provincias, terminamos las centrales Atucha II y Yaciretá. Además, tarifas accesibles, un sistema subsidiado que permitía que los precios en Argentina sean argentinos, es decir, no precios en función de la paridad de importación, como se pretende ahora.
en dos años tenemos energía mercantilizada, ganancias extraordinarias por parte de las empresas, caída en la producción de gas del 1% con respecto a 2016, caída del casi 10% en la producción de petróleo frente a 2015.
Paralelamente, no hay ningún documento oficial de CAMESA, ADERA, ENRE o ENERGAS que haya diagnosticado una crisis energética ni en 2015, ni en 2016 ni en 2017.
-¿Qué balance hace de los dos años de política energética de Cambiemos?
–Fue un fracaso estrepitoso. En dos años tenemos energía mercantilizada, ganancias extraordinarias por parte de las empresas, caída en la producción de gas del 1% con respecto a 2016, caída del casi 10% en la producción de petróleo frente a 2015, aumentaron las importaciones de combustibles, de petróleo y de gas. Un desastre que se suma a que las empresas no invirtieron a pesar del tarifazo y no hubo ninguna sustitución de importaciones, al contrario, se importó más petróleo y gas que en último año del kirchnerismo.
