El capitalismo domina la economía mundial y, por lo tanto, es un sistema de poderes que abarca a todo el planeta, más allá de algún grado de autonomía que puedan lograr determinados países. El epicentro es Estados Unidos, donde se encuentra el poderío militar, político, tecnológico, económico, mediático y de las industrias de la cultura y el entretenimiento, con todo lo cual se ejerce la hegemonía planetaria.
Como parte sustancial de ese sistema de alcance universal, existen algunos miles de empresas, bancos, instituciones financieras, etcétera, cuyos capitales e intereses atraviesan las fronteras de los países o naciones -por eso son “trasnacionales”- y así ejercen distintas formas y grados de dominación sobre prácticamente la totalidad de la población del planeta.
En ciertos momentos de la historia, la situación política interna de un país posibilita una injerencia estadounidense y de las empresas trasnacionales más directa y explícita, a fin de generar mejores condiciones de supervivencia y reproducción del capitalismo en cada rincón de la Tierra. Así ocurre actualmente en Argentina, en esta segunda mitad de la (a su vez) segunda década del siglo y del milenio.
“Donald Trump hace cosas en política internacional por las que lo critica medio mundo (y la otra mitad también), pero Macri es el único que tiene con él un deber de gratitud. El decidido apoyo del Departamento del Tesoro de Washington fue fundamental para que el acuerdo con el Fondo Monetario saliera como salió”.
El anterior párrafo es textual de una esclarecedora nota publicada hace pocas semanas por el periodista Joaquín Morales Solá, quien a través de su labor profesional es habitual portavoz de los intereses y las posiciones de la derecha pro-norteamericana, y por eso este artículo tiene como finalidad justificar el regreso del Fondo Monetario Internacional (FMI) a nuestra Patria. (Nota de La Nación del 10-06-18).
En las primeras líneas, el autor contextualiza por qué el FMI vuelve al país: “Mauricio Macri es una excepción (junto al chileno Sebastián Piñera) en una América Latina amenazada por nuevos populismos (México y Colombia) o por intensos procesos de inestabilidad (Perú y Brasil, claramente). Ese paisaje de la política continental permite comprender por qué la Argentina recibió la ayuda financiera más importante de su historia”.
(Dos aclaraciones respecto del párrafo anterior. La primera es que cuando el portavoz derechista dice “ayuda financiera”, se refiere a un endeudamiento atroz que significa ceder porciones de soberanía nacional para manejar la economía y la sociedad, no se sabe hasta cuándo. Y la segunda es una precisión informativa: cuando menciona a Colombia como “amenazada por nuevos populismos”, alude sin nombrarlo al excandidato presidencial de centroizquierda Gustavo Petro, quien perdió en el reciente balotaje del 17 de junio frente a su rival de la ultraderecha Iván Duque. La nota periodística aquí consignada es anterior a esa elección).
El “Ciadi”, siempre contra el país
Los tentáculos de los centros de poder del capitalismo trasnacional pueden, en esta etapa histórica, agarrar nuevamente del cuello a Argentina, como ocurrió desde las hiperinflaciones de 1989 hasta el estallido de 2001/2002 y la posterior asunción de Néstor Kirchner en 2003 -periodo en general denominado “la década del ‘90” o simplemente “los ‘90” pero que en realidad fueron más de 14 años, casi una década y media-. Uno de los peligros a futuro es que nuestro país tenga que pagar indemnizaciones a los bancos que eran dueños de las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones).
Esa posibilidad está abierta porque una ex AFJP, llamada Met-Life, promovió un juicio contra Argentina en un organismo del Banco Mundial que tiene funciones de tribunal arbitral y es conocido por la sigla “Ciadi”. (Nota del portal especializado en economía i-Profesional del 17/04/18).
La traducción formal al castellano de dicha sigla indica que “Ciadi” quiere decir “Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones”. Al definirse elegantemente en su presentación institucional pública y formal, el propio organismo afirma “los Estados han acordado que sea el foro destinado al arreglo de diferencias entre inversionistas y Estados en la mayoría de los tratados internacionales de inversión” (Acceso a página web oficial del Ciadi: https://icsid.worldbank.org/sp/Pages/about/default.aspx).
Efectivamente, eso fue lo “acordado” -por usar un verbo pudoroso- durante las privatizaciones perpetradas por el gobierno nacional de Carlos Menem- y también por el gobierno provincial bonaerense de Eduardo Duhalde, como el caso de la empresa concesionaria de los servicios de agua y saneamiento “Azurix Buenos Aires” que surgió de la privatización en 1997 de la Empresa Social de Energía de Buenos Aires, Eseba.
Después del estallido del país a fines de 2001, algunas de las compañías que habían sido públicas fueron re-estatizadas. Azurix dejó de prestar el servicio en 2002 y debió hacerse cargo el Estado provincial. Otras firmas volvieron al patrimonio público durante las presidencias de Néstor y de Cristina Kirchner.
En ese marco, los capitales trasnacionales que habían saqueado las empresas mientras fueron privadas, se presentaron ante el “Ciadi” para hacerle juicios a la Nación argentina. Y como para eso está hecho ese “tribunal arbitral”, ganaron en casi todos los casos. Solo para mencionar algunos ejemplos, pueden detallarse casos de indemnizaciones que debieron pagarse a grandes capitalistas extranjeros:
* Por la re-nacionalización de Aerolíneas Argentinas, 400 millones de dólares al Grupo Marsans, originario de España. (Nota sobre el tema en el portal Nuestras Voces el año pasado, el 23/07/17).
* Dato adicional importante: uno de los presidentes de Aerolíneas en su época de empresa privada fue el empresario español Antonio Mata, quien en 2013 fue condenado en su país por estafas al fisco. Entre sus actividades comerciales en Argentina había sido co-propietario del diario Crítica, asociado con el periodista y empresario de negocios turbios Jorge Lanata. (Nota de Infonews del 17/12/13).
* Por la re-nacionalización del servicio de agua y cloacas en la provincia de Buenos Aires, 165 millones de dólares a la firma nortameriana Azurix. (Nota de La Nación del 18/07/06).
* Por la recuperación de la “vieja” Obras Sanitarias y actual AySA (Agua y Saneamiento Argentinos), que presta servicios similares al caso anterior pero en otra jurisdicción y depende del Estado nacional, 384 millones de dólares al grupo empresarial francés Suez. (Nota del diario cooperativo Tiempo Argentino, del 08/05/17).
* En 2012 el diario económico Cronista informó que “la gran mayoría de los juicios -cerca de un 90 %- de los 240 juicios (contra Argentina) resueltos en el Ciadi registró fallos favorables a las empresas privadas, según el sitio especializado en deuda externa www.cadtm.org que tiene sede en Bruselas” y cuyo nombre oficial en castellano es “Comité para la abolición de las deudas ilegítimas”. (Nota del 11/05/12).
Cristina advierte sobre la palabra “incautados”
El peligro económico que, aun con cualquier gobierno que hubiere dentro de algunos años en Argentina, puede provocar una pérdida catastrófica al Estado y por consiguiente al país, es que la ex AFJP Met-Life gane el litigio ante el Ciadi. Ello podría habilitar una avalancha de juicios ante ese órgano que, con el disfraz jurídico de “foro destinado al arreglo de diferencias entre inversionistas y Estados”, falla prácticamente siempre en contra de los países y en beneficio de empresas trasnacionales elegantemente llamadas “inversionistas”.
Ese riesgo aumenta porque en el memorándum de entendimieno que formalizó el pacto entre el gobierno nacional y el FMI, se dice que en 2008 los fondos que administraban las AFJP fueron “incautados” por el Estado. Con esa expresión descalificante, el macrismo y el Fondo se refieren a una ley de la Nación, sancionada por el Congreso, que recuperó para el Estado la administración del dinero para pagar jubilaciones y pensiones.
La aberración terminológica dio lugar recientemente a que la senadora nacional y ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner presentara un proyecto de ley, con un texto muy breve que dice: “Declárase la nulidad absoluta y suprímase por falsedad la frase ‘incautados en 2008’”, en el citado memorándum.
Al explicar el proyecto en su cuenta oficial de Twitter, la líder del kirchnerismo destaca que “la recuperación del sistema previsional argentino no fue una ‘incautación’, como dice el Gobierno en el memorándum que envió al FMI. (…) Esto, además de ser falso, puede traer graves problemas jurídicos y económicos a nuestro país. (…) Por eso presentamos un proyecto de ley. que esperamos que el Senado trate en forma urgente, para que se suprima esa afirmación del documento por ser falsa”.
En otro de los tuits, pregunta “¿te parece que es solo una palabra y que estamos exagerando?”, y responde/se responde: “Mirá lo que pasa mientras tanto. El Gobierno habilita demandas millonarias para empresas amigas, que pagarán los jubilados y jubiladas argentinos”.
La ex presidenta destaca, por último, quién es el funcionario que dirige el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que depende de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y que tiene bajo su responsabilidad los recursos que antes manejaron las AFJP. “El actual titular del FGS de la ANSES, Juan Martín Monge, asumió en enero de 2017. Hasta unos días antes había sido el CEO de Met-Life, la empresa que hoy demanda al Estado por la ley de AFJP. Como siempre, todo tiene que ver con todo”, concluye la serie de mensajes sobre el tema. (Acceso a los tuits de la cuenta oficial de Cristina Kirchner).
Tentáculos extranjeros
Los (ya mencionados) tentáculos de los centros de poder del capitalismo trasnacional con los cuales son atacados los derechos e intereses populares, se manifiestan en múltiples estructuras y dispositivos que toman las más diversas formas (por eso cabe, precisamente, la metáfora de los “tentáculos”). Una de esas formas, solo una, son las estructuras económicas.
También está la amenaza u hostigamiento militar. Por caso, y si bien el discurso dominante jamás habla de ello y raramente lo hacen los discursos alternativos, una monumental y luminosa investigación de la periodista Telma Luzzani, volcada en el libro publicado en 2012 “Territorios vigilados. Cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica”, documentó más de 70 instalaciones de ese tipo en el sur del continente (En el sitio web de la empresa editorial Casa del Libro, de España, se accede a información sobre ese imponente material bibliográfico).
De igual modo, existe la guerra propagandística de desgaste. Ejemplos de esto se producen a cada minuto en Argentina por el caso venezolano, donde las maquinarias mediáticas aluden a ese país como símbolo de todos los males, e incluso el macrismo lo adoptó para su estrategia discursiva como justificativo de todas las tropelías que comete desde el gobierno, al manifestar continuamente que si ellos no hicieran lo que están haciendo “íbamos a ser Venezuela”.
Otro dispositivo más de la dominación internacional es el accionar antidemocrático de las corporaciones judiciales. Por la actuación de jueces y fiscales que ejecutan la estrategia diseñada en Estados Unidos, son perseguidos con el pretexto de “la corrupción” los líderes u otros referentes representativos de las fuerzas políticas populares que gobernaron Latinoamérica en los primeros tres lustros de este siglo.
Así, Lula Da Silva es prisionero del régimen de facto de Brasil. En Ecuador, Rafael Correa sufre las mismas amenazas por parte del gobierno que encabeza el presidente tránsfuga Lenín Moreno (Nota de Contexto, este viernes 29/06).
En Argentina, ya están o estuvieron en prisión varios dirigentes kirchneristas, mientras amenazan con meter presa también a la propia Cristina Kirchner, y para ello la judicatura del régimen gobernante mueve continuamente los expedientes de alguno de los simulacros de juzgamiento contra la ex presidenta.
Es decir que en cualquiera los países, las clases sociales populares y las organizaciones o líderes que pretendan representar sus intereses se enfrentan no solo con los presidentes de derecha -el brasileño Michel Temer, el ecuatoriano Moreno, o Macri, etc.- sino también a las corporaciones económicas, mediáticas y judiciales locales que junto con esos gobiernos forman parte de los mismos regímenes políticos.
Si embargo, el mayor desafío es enfrentar a poderes internacionales. Para el caso argentino, la vuelta del FMI para hacerse cargo de gobernar la economía -que es lo mismo que dirigir la vida cotidiana de la población, aunque formalmente haya autoridades políticas locales-, así como el endeudamiento externo perpetrado por el macrismo que incluye pagos a 100 años, o la amenaza de una avalancha de sentencias del Ciadi a favor de las ex-AFJP que provocarían gastos catastróficos al Estado, son apenas algunas muestras de cómo los centros de poder del exterior influyen en la vida del país.
Más aún: las condiciones de indignidad y pérdida de soberanía a las que el gobierno de Macri y todo el régimen de derecha han llevado a la Nación en solo dos años y medio, provoca incluso que el Congreso esté sometido a la voluntad de los poderes extranjeros. Lo explicó claramente Joaquín Morales Solá en su artículo del 10 de junio en La Nación, aludido anteriormente. (Días antes de esa publicación, se habían unido en las cámaras de Diputados y Senadores los votos de los distintos bloques de origen peronista, que en uno de sus sectores incluye a otros kirchneristas, y que junto con la izquierda y algunos grupos más, sancionaron la ley anti-tarifazo posteriormente vetada por Macri).
En el texto, el periodista y portavoz de la derecha destaca por un lado la decisión del gobierno de Donald Trump de respaldar a Macri para pactar el endeudamiento con el FMI (como se informó al principio de esta nota). Por otro lado, manifiesta con total e impune claridad, y hasta con cierto tono de burla, el apriete a los parlamentarios argentinos que antes de fin de año tendrán que votar la ley presupuestaria para 2019.
Lo hace con una interrogación en el último párrafo de su artículo: “¿Superará el Gobierno la prueba del Congreso, que deberá aprobar el presupuesto del año próximo con los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario?”, pregunta Morales Solá. Y se contesta: “Depende de si el peronismo está dispuesto a reeditar la unión de sus fracciones que aprobó el proyecto sobre tarifas. El peronismo, que unido controla la mayoría del Congreso, conoce la diferencia entre arruinarle una fiesta a Macri y enfrentarse a un inédito bloque de poder internacional”. A confesión de parte, relevo de prueba.
