Como en otros países del continente, la corporación judicial argentina es un instrumento antidemocrático esencial del bloque de poder dominante para impedir que vuelva lo que ellos llaman “populismo”. La estrategia fue diseñada en Estados Unidos y en cada lugar tiene sus propias características (nota de diario Contexto, 20/04/18).
Ese esquema arrasó con el Estado de derecho que, aún con muchos defectos, formaba parte de los regímenes democráticos instaurados en Latinoamérica tras el largo ciclo de dictaduras del siglo pasado. La clave del plan son los simulacros de juicio que le dan un disfraz de legalidad a la destitución, persecución y eventual encarcelamiento de líderes opositores a los intereses norteamericanos y de las derechas locales.
Así ocurre desde que, en 2009, el presidente Manuel Zelaya fue derrocado en Honduras por un fallo de la Corte Suprema de Justicia -primer ensayo de la novedosa estrategia de golpes de Estado “blandos”-. Luego, el presidente Fernando Lugo fue derrocado en 2012 en Paraguay por un golpe parlamentario con aval judicial.
El método está siendo llevado al extremo en Brasil, donde la presidenta Dilma Rousseff fue derrocada en 2016 por el Congreso, luego de un largo asedio perpetrado por jueces y fiscales antidemocráticos y por los cárteles mediáticos encabezados por la cadena Globo. Posteriormente, este año fue encarcelado el expresidente Lula da Silva para impedir que gane las inminentes elecciones presidenciales.
En Ecuador, la variante de la derecha para recuperar el gobierno fue el reclutamiento de un dirigente tránsfuga: Lenín Moreno. Este último ganó la elección como candidato de la Revolución Ciudadana liderada por Rafael Correa, pero de inmediato se dio vuelta y empezó a gobernar a favor de las clases dominantes locales y de los intereses norteamericanos. El paso siguiente fue encarcelar y destituir al vicepresidente Jorge Glas (leal al “correísmo”), y luego la judicatura ordenó meter preso también a Correa. Por ahora, su prisión no se concretó porque el expresidente está radicado en Bélgica -país de origen de su esposa, y donde él estudió siendo joven-, y desde allí desarrolla su acción política que ahora incluye, necesariamente, su defensa jurídica.
Meter presos a los líderes políticos que cuando estuvieron en el gobierno desafiaron a las élites privilegiadas locales y a la geopolítica norteamericana es la variante más drástica y extrema del plan. En Argentina no se llegó a ese punto, pero su ejecución es minuciosa y tiene distintas fases. Ya han sido encarcelados exministros kirchneristas y líderes sociales que militan en ese espacio -Milagro Sala y otras integrantes de la organización Tupac Amaru-. Sobre Cristina Kirchner pesa una orden de detención que no se llevó a los hechos porque antes deberían quitarle sus fueros como senadora de la nación.
Hasta fines de 2017 la derecha local mantenía como “plan A” la reelección de Mauricio Macri como presidente de la nación y de María Eugenia Vidal como gobernadora de Buenos Aires. Esa hipótesis no está descartada totalmente, pero el agravamiento de la catástrofe económica y social, y el consiguiente crecimiento de la protesta popular, obligan al bloque dominante a reevaluar la situación.
Macri sostiene su ambición reeleccionista, pero Vidal está a la expectativa como candidata presidencial “de repuesto” (“muleto”). Otra alternativa sería que ambos compartan una fórmula de presidente y vice. Pero para cualquiera de esas opciones ni él ni ella pueden exhibir algún éxito de gestión o medida de gobierno que resulte atractiva para conquistar votos, y dependen de que la campaña se la hagan las corporaciones judiciales y mediáticas.
Así cobra protagonismo la fracción dominante del Poder Judicial que tiene su sede en los tribunales federales de la calle Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro. Desde allí continúa la persecución a opositores y la vulneración del Estado de derecho iniciada justamente hace dos años y medio, cuando la derecha tomó el control del Estado tras ganar las elecciones de 2015.
Simulacros de juicio
En el segundo semestre de 2018 muy probablemente sean condenados el exvicepresidente de la nación y antes ministro de Economía y Finanzas Públicas, Amado Boudou, y también el exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, entre otros integrantes del gobierno anterior.
El primero de ellos ya estuvo preso pero consiguió que alguien en el Poder Judicial respetara las garantías constitucionales, y por eso está en libertad luego de haber soportado setenta días de encarcelamiento. De Vido no sólo es víctima de jueces y fiscales antidemocráticos, sino que la propia Cámara de Diputados le quitó sus fueros y lo entregó a las fieras para que se lo devoraran. Por ello está en prisión desde el 25 de octubre del año pasado.
Boudou estuvo a punto de ser condenado el pasado jueves, pero la sentencia prevista para ese día se difirió hasta agosto porque sus abogados defensores recusaron a uno de los jueces (nota de Perfil del pasado martes 10, día en que se postergó la sentencia).
La recusación que planteó Boudou derivó en un impasse momentáneo del proceso, pero probablemente el fallo se emitirá el mes que viene. “Ya se sabe que Comodoro Py, aun en tiempos de crisis de Cambiemos, es en gran parte una sucursal de la Casa Rosada y parece improbable que la coalición política, judicial y sobre todo mediática vaya a permitir sobreseimientos después de haber usado el caso Ciccone como una de las principales puntas de lanza contra el ‘populismo’”, explicaron la semana pasada en Página/12 los periodistas Raúl Kollmann e Irina Hauser, en una más de las muchísimas notas esclarecedoras sobre el tema que publicaron a lo largo de los años (nota del lunes 9, un día antes de la postergación de la sentencia).
En cuanto al simulacro de juicio que tiene como víctima a De Vido, la sentencia se producirá estimativamente en septiembre, según lo anticipa Clarín, el diario organizador del discurso periodístico hegemónico (nota del pasado miércoles 11, día en que el exministro declaró como acusado y por videoconferencia desde la cárcel).
Simultáneamente, la judicatura del régimen tiene amenazada con la cárcel a Cristina, a familiares y allegados suyos -empezando por sus hijos- y a integrantes de su espacio político. Claudio Bonadio, uno de los más alevosos ejecutores de la estrategia antidemocrática para reemplazar la voluntad soberana del pueblo por decisiones inicuas de la corporación judicial, ordenó meter presa a la expresidenta justo cuando ella asumía en diciembre pasado como senadora de la nación, tras haber sido elegida en los comicios de 2017 en representación de la provincia de Buenos Aires.
Los legisladores de Cambiemos se restregaron las manos y quisieron quitarle los fueros para que sea encarcelada de inmediato. Pero los senadores del peronismo antikirchnerista, encabezados por Miguel Pichetto, tuvieron el decoro y el pudor de oponerse. Por eso el desafuero no se concretó y Cristina está libre.
Sin embargo, en cualquier momento los jueces y fiscales del régimen pueden activar y disponer acciones procesales en cualesquiera de las múltiples acusaciones que le han inventado y de los simulacros judiciales en su contra. Los expedientes son al menos seis, según un resumen publicado por el portal Perfil (nota del 6 de marzo pasado)
El último de los inventos de la judicatura ultra-antikirchnerista, que trabaja en sigilosa coordinación con las mafias del espionaje, fue que al fiscal Alberto Nisman lo asesinaron porque había hecho una denuncia contra la entonces presidenta de la nación (nota de La Nación del 1° de junio).
“Gradualismo” de la derecha
La estrategia elaborada en Estados Unidos que utiliza al Poder Judicial como dispositivo para impedir el reagrupamiento de fuerzas populares está en plena ejecución en Argentina, pero no llegó al extremo de Brasil, donde Lula está preso. En nuestro país se aplica un “gradualismo” con opciones intermedias, porque todavía no descartan la posibilidad de repetir al macrividalismo como representación de la derecha en la elección del año próximo, lo cual depende del agravamiento o atenuación de la crisis.
El conjunto de la sociedad civil y de las fuerzas populares de todo tipo muestran continuamente un ejercicio de la resistencia que es cada vez más organizado y unificado, pero ese estado de movilización social no asegura -con los datos disponibles hasta hoy- que de allí surja una alternativa electoral ganadora.
Por eso la tarea de mantener el hostigamiento constante en contra del kirchnerismo está a cargo de la corporación judicial. Y, sincronizado con ello, cada vez que un fiscal o un juez decide cualquier cosa en contra de Cristina o de otros integrantes de su espacio político, las maquinarias comunicacionales encabezadas por la cadena de medios del Grupo Clarín tienen nuevos insumos para seguir intoxicando a la opinión pública.
Falta poco más de un año para las elecciones primarias -deberían ser el 11 de agosto del año venidero, si no pasa nada que altere las normas o plazos actualmente vigentes-, y diecisiete meses para la fecha de inicio del nuevo periodo presidencial, el 10 de diciembre de 2019. Imposible saber hasta dónde se agravará el deterioro político del oficialismo.
Mientras tanto, los jueces y fiscales antidemocráticos que han sido ejecutores de la destrucción del Estado de derecho harán campaña por Macri y/o Vidal, con la expectativa de que el derrumbe de la economía nacional y la masacre social perpetrada por el régimen gobernante alcancen una etapa de alivio y la derecha no tenga que acudir a opciones más drásticas para sostenerse en el poder.
