Por Florencia Abelleira
Hace una semana, luego de un mes de convocatoria y, sobre todo, de discusión y visibilización en los medios, en las redes sociales, en los trabajos, en las charlas cotidianas, mujeres y hombres se movilizaron en setenta ciudades del país, creando una protesta histórica en reclamo de derechos hacia las mujeres. “Ni una menos” gritó un basta de femicidios que hizo eco en la sociedad. La primera repercusión fue una lamentable paradoja: esa misma tarde del miércoles 3 de junio, en la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá, un hombre de 53 años mató a su hijastra e hirió a su esposa y luego se suicidó. Como respuesta a la tragedia, se sucedieron una serie de consecuencias y reclamos que, sin duda, no pasarán desapercibidos.
Después de la masiva movilización, la primera respuesta institucional fue de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su vicepresidenta, Elena Highton de Nolasco, convocó a las autoridades de los Superiores Tribunales y Cortes provinciales y a las Cámaras Federales correspondientes a colaborar en la confección del Registro de Femicidios de la Justicia argentina. Para ello, la Corte creó un sistema online donde se irán cargando los datos que, según dijeron, estarán listos para fin de año.
Las críticas más fuertes apuntaron a la Justicia, catalogada de machista e ineficiente. Al respecto, una de las referentes en llevar a cabo políticas públicas para las mujeres, Eva Giberti, coordinadora del Programa “Las Víctimas contra las Violencias”, opinó: “Lo primero que hay que hacer es que los funcionarios y legisladores cumplan con su deber, pero básicamente la creación de cuadros para capacitar a los jueces, a profesionales que trabajan con víctimas, y al mismo tiempo crear los organismos y las instituciones para que las víctimas puedan ser patrocinadas, puedan ser refugiadas. Es el famoso plan nacional que forma parte de la Ley 26.485, que es una ley modelo, reconocida en toda América Latina como una ley de vanguardia, pero como todavía falta reglamentarle tres puntos los jueces aprovechan para no aplicarla como deberían”.
De un promedio de 1.500 llamados diarios que recibía la Línea 144 –línea telefónica nacional que está destinada a brindar información, orientación, asesoramiento y contención para las mujeres en situación de violencia de todo el país, los 365 días del año, las 24 horas–, aumentaron a 13.700. Mariana Gras, titular del Consejo Nacional de las Mujeres, consideró que se debió a la marcha y la conciencia social que generó. Gras detalló que «el 30% de los llamados son de personas que viven situaciones de violencia; el 40% son familiares y amigos que buscan asesoramiento, y otro 30% son llamados de personas que quieren constatar que la línea funcione».
De un promedio de 1.500 llamados diarios que recibía la línea 144 –Línea telefónica Nacional destinada a brindar información, orientación, asesoramiento y contención para las mujeres en situación de violencia–, aumentaron a 13.700.
Muchos se preguntarán si es una buena o una mala noticia. Quizás no sea positivo que 4.200 mujeres por día llamen para denunciar que son víctimas de violencia de género. Pero seguramente es mejor que haya víctimas que hablen, que el hecho de que la sumisión las someta.
Algo similar ocurrió con la Línea 137 del Programa a cargo de Giberti. Mientras sucedía la movilización, el teléfono sonó el doble de veces que un día normal.
Asimismo, a pesar de que como nunca antes se han implementado en la Argentina leyes, políticas públicas, programas de asistencia, entre otras medidas, el principal reclamo que resonó en todos lados fue la instrumentación en su totalidad de la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que, si bien fue reglamentada en el año 2010, aún queda que varias provincias la apliquen de manera efectiva. Otras exigencias del “Ni una menos” fueron: la apertura y el funcionamiento pleno de Oficinas de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia en todas las provincias; la creación de más hogares o refugios de emergencia y hogares de día para las víctimas que logran huir de los contextos de violencia y no tienen dónde ir; que se garantice la Educación Sexual Integral en todos los niveles; y el patrocinio jurídico gratuito para todas las víctimas.
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