La crisis financiera que empezó con el ataque especulativo contra el peso en abril de este año, y que dejó al descubierto el descalabro de todas las variables económicas, se superpuso con el deterioro de la fortaleza política del gobierno, que cobró mayor notoriedad a partir del rotundo rechazo social a la ley de rebaja de las jubilaciones sancionada en diciembre.
Ante el primero de los fenómenos –el de la economía–, Macri se vio perdido porque nunca pensó que “los mercados”, cuyos intereses él representa, fueran a desestabilizarlo como lo hicieron con la disparada del dólar. La reacción presidencial fue acudir el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el cual firmó un pacto sin mayores problemas debido a que la ideología de esa institución –que en los hechos es una policía económica mundial cuya función es vigilar, resguardar y hacer reproducir la lógica del capitalismo trasnacionalizado– es idéntica a la del gobierno argentino.
Pactados los principales lineamientos del plan económico, a cambio de 50.000 millones de dólares que el gobierno recibirá en cuotas y que las actuales y futuras generaciones de argentinos y argentinas pagaremos durante largas décadas, el Fondo se hizo cargo del manejo de la economía nacional. Que es lo mismo que decir que a partir de ahora comanda la masacre social en contra del conjunto del pueblo argentino, debido a que Macri y los ejecutivos de grandes empresas que integran su gabinete no supieron administrar las variables económicas y el sistema financiero entró en una zona de inestabilidad que afectó políticamente al gobierno.
A Macri, en tanto, le quedaron a cargo dos tareas muy difíciles: seguir ganando elecciones y doblegar la resistencia social a semejante plan de devastación del país. Esto último exige optimizar el funcionamiento del aparato represivo con el cual el gobierno agrede frecuentemente a las personas que protestan en las calles o en territorios de la comunidad mapuche, y que en dos casos –los que tuvieron como víctimas a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel– ha perpetrado asesinatos políticos.
Una semana pavorosa
La política socioeconómica del gobierno que lleva al país hacia la ruina, y que empezó a agravarse tras el pacto con el FMI, incluyó decisiones pavorosas en apenas unas pocas jornadas de la semana recién terminada. Varias fueron anunciadas un mismo día, el viernes, previendo que la proximidad del fin de semana desarmaría las primeras reacciones y de ese modo conseguirían poner un pie en la realidad.
Veamos un repaso de algunas de las recientes medidas, la mayoría dispuestas por funcionarios públicos nacionales y otras por firmas privadas o mixtas que resuelven su estrategia empresaria según el contexto económico generado por el gobierno.
* Por un decreto de Macri, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) eliminará el pago de adicionales por “zona desfavorable” en las asignaciones familiares para niñas, niños y adolescentes de la Patagonia y de algunas regiones del norte. Así, unos 100.000 chicos y chicas pasarán a cobrar aproximadamente la mitad de lo que percibían hasta ahora. Algunas versiones señalan que la cantidad de afectados será mucho mayor.
* Despidieron a más de 250 trabajadores (las cifras publicadas difieren en el número exacto), muchos de ellos de altísima calificación, que trabajaban en la empresa Nucleoeléctrica Argentina, encargada de la construcción y operación de plantas nucleares en Atucha, provincia de Buenos Aires.
* El transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA, que comprende la Capital Federal y las ciudades y localidades del conurbano) sufrirá otro aumento en los tres meses venideros. Repartidos entre agosto, septiembre y octubre, el boleto de trenes y colectivos subirá en total el 30%.
* Para el pago del impuesto a las Ganancias, la AFIP eliminó la posibilidad de que una madre y un padre, al mismo tiempo, apliquen la deducción por hijo mejor o por un hijo “incapacitado para el trabajo”. A partir de este año, sólo uno de ellos podrá hacerlo, o bien podrán deducirlo los dos pero al 50% cada uno. Ello significa que la madre o el padre sufrirán un aumento en el impuesto desde un mínimo de 2.830 pesos y un máximo 11.000, según su categoría en Ganancias.
* El gobierno decidió financiar el déficit fiscal que se agrava continuamente por su propia gestión dando un manotazo a la plata de los jubilados. A través del Ministerio de Haciendo que conduce Nicolás Dujovne, emitió Letras del Tesoro por 16.000 millones de dólares que fueron suscritas integralmente por la ANSES. Eso significa que el ahogo financiero del fisco es cubierto con dinero que debe utilizarse para el pago de jubilaciones y pensiones. Mientras tanto, el Banco Central sigue rifando los dólares de las reservas.
* Existe incertidumbre por las marchas y contramarchas en los contratos del Estado con la empresa Invap (Investigaciones Aplicadas), situada en la zona de Bariloche, que es una compañía con mayoría de capital estatal donde son accionistas Nación y la provincia de Río Negro. El diario ultraoficialista Clarín publicó el martes 24 que el gobierno iba a cancelar contratos por mil millones de dólares. Pero el jueves 26, tras una negociación entre ambos gobiernos, se informó que la medida quedaba sin efecto.
No pudieron con la resistencia
Volver a tener una mayoría de votos dentro de un año –si no hay algún cambio sustancial o imprevisto que altere todo el escenario político, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) deberán realizarse el 11 de agosto de 2019– es una tarea extremadamente difícil para la dirigencia de Cambiemos, que desde su gestión gubernamental sólo “tira pálidas” a la sociedad y tiende a conservar únicamente el apoyo del electorado de derecha con mayor intensidad ideológica, al cual diversos estudios cuantifican en alrededor del 30%. Eso es mucho, pero insuficiente para ganar una elección.
De todos modos, sus recursos para sostenerse en el poder son infinitos. Tratándose de un oficialismo que es ante todo la expresión política de los poderes de facto locales y extranjeros, todos ellos harán –hacen– campaña por el actual elenco gobernante. Puede ser con una candidatura de Mauricio Macri a la reelección o su reemplazo por María Eugenia Vidal si el actual mandatario estuviera muy debilitado al concluir el próximo verano, que es cuando deben tomarse las grandes decisiones con vistas al proceso electoral. También pueden hacerlo con una fórmula presidencial compartida entre ambos.
En cualquiera de las opciones, la derecha partidaria-institucional de Cambiemos actuará en conjunto con la derecha corporativa que integran, entre otros, la fracción dominante del Poder Judicial, los grandes conglomerados mediáticos encabezados por la cadena Clarín, las corporaciones empresarias del país y del exterior, todos ellos junto con los factores de poder extranjeros, como los gobiernos de Estados Unidos, Israel y los principales países europeos, así como los otros gobiernos conservadores de América Latina.
Sin embargo, aunque todos los poderes de facto forman parte del régimen gobernante, enfrente está la sociedad civil argentina que una y otra vez, con una capacidad de movilización intensa y una tendencia a confluir y articularse entre sus múltiples organizaciones y liderazgos, es el único factor que la derecha no ha podido controlar desde que recuperó el control del Estado a fines de 2015.
No lo logró a pesar de haber metido presa a Milagro Sala y otras integrantes de la Tupac Amaru apenas asumió. No consiguió hacerlo a pesar de haber provocado la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado hace un año en una comunidad mapuche de Chubut, ni de haber asesinado por la espalda al chico Rafael “Rafita” Nahuel en noviembre en otra comunidad mapuche, esta vez en Río Negro (en Villa Mascardi, zona de Bariloche).
Tampoco pudo impedir el activismo de la sociedad traducido en múltiples formas de resistencia popular con la prisión de exfuncionarios kirchneristas, ni con la amenaza permanente de cárcel para Cristina Kirchner y decenas de integrantes de su sector político, sometidos -ella y los/as demás– a simulacros de proceso judicial destinados a desgastarlos ante la opinión pública y, en caso de ser necesario, privarlos ilegalmente de su libertad.
No lo consiguió siquiera habiendo censurado y eliminado todas las expresiones del periodismo crítico de los medios de comunicación públicos y también de la casi totalidad de los medios privados de influencia nacional (donde unos pocos se mantienen, siempre perjudicados con el reparto de publicidad oficial y en condiciones de persecución y amenazas de cierre, como el canal C5N y el diario Página/12).
De igual modo, el régimen gobernante no pudo doblegar la protesta social ni aun habiendo descargado una violencia criminal contra las multitudes que se movilizaron en la zona del Congreso en diciembre pasado para repudiar la ley de rebaja de las jubilaciones.
Esa vez, personal armado del Estado –gendarmes, policías de la Federal y de la Ciudad, etcétera– atacaron a personas que se manifestaban o que pasaban casualmente por el lugar; a decenas de ellos los tuvieron secuestrados en comisarías y les inventaron acusaciones penales; a algunos le dispararon balas de goma a la altura de la cabeza y les hicieron perder un ojo; a ciudadanos/as comunes e incluso a legisladores/as les tiraron gas pimienta en los ojos. Tampoco así lograron impedir la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos, expresada en acciones de oposición y resistencia popular a la masacre social.
Optimizar la represión
Frente a esa realidad, el macrividalismo no se resigna. Nadie en su lugar lo haría, ya que el poder es algo que se defiende con uñas y dientes. Por ello trata de optimizar el funcionamiento del aparato represivo, y así entran en acción los militares. Macri ordenó que las Fuerzas Armadas dejen de actuar en función de la defensa nacional y ahora se ocupen también de la “seguridad interior”.
La decisión presidencial, como lo han recordado autorizados enunciadores públicos en los últimos días, es violatoria de al menos tres leyes impulsadas por distintos gobiernos surgidos del voto ciudadano desde 1983 en adelante: Ley de Defensa Nacional (Raúl Alfonsín, 1988), de Seguridad Interior (Carlos Menem, 1993) y de Inteligencia Nacional (Fernando de la Rúa, 2001).
Macri sigue apelando a la misma violencia jurídica que ejecutó desde los primeros días de su gestión con la derogación mediante decretos presidenciales de leyes de la nación, algo que antes sólo hacían las dictaduras. Puede hacerlo porque lo avala una corporación judicial antidemocrática que integra el mismo régimen político y el mismo bloque de poder.
Según estimaciones de especialistas, lo que hará el Poder Ejecutivo Nacional será reordenar el despliegue territorial del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para liberar de ciertas tareas a Gendarmería y Prefectura Naval, de modo que estas dos últimas fuerzas intervengan en la represión de la protesta social.
Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional comanda la política económica que tiene como resultado ineludible una masacre social con desocupación, quiebra de empresas pequeñas y medianas, cierre de comercios e industrias, invasión de productos importados, salarios con menos poder de compra, jubilaciones y asignaciones familiares más bajas, y agravamiento de la miseria en las capas más empobrecidas del pueblo.
