De la mano de la diputada de Unidad Ciudadana Mónica Macha, el Frente Diana Sacayán presentará hoy el proyecto de ley para instituir el cupo laboral del 1% de la planta de la Administración pública nacional para personas travestis, transexuales, transgéneros y masculinidades trans, un sector de la población habitualmente relegado del mercado laboral.
Teniendo en cuenta las pocas posibilidades laborales y la relegación a la prostitución casi como único medio de supervivencia, el cupo se convirtió en una de las principales demanda de las organizaciones LGBTI. El proyecto de ley tiene como antecedente directo la Ley Nº 14.783, impulsada por la activista travesti Diana Sacayán junto con la diputada Karina Nazabal, y aprobada en 2015 en la provincia de Buenos Aires en busca de dar respuestas al contexto de alta vulnerabilidad de la población travesti y trans.
La diputada nacional Mónica Macha dijo a Contexto que este proyecto tiene “mucha importancia porque implica una legislación que habilita a una política pública para generar instancias de inclusión y la posibilidad real de contar con un trabajo formal que pueda quitar al colectivo travesti y trans de la prostitución como única opción”.
La diputada remarcó el alto grado de exclusión que padece la comunidad trans y travesti, que “ha implicado tanto lazos familiares, educación, como la posibilidad de un trabajo formal y en buenas condiciones”. En este marco, destacó la importancia de “construir, aun en un contexto muy hostil, otras posibilidades para el colectivo travesti y trans”.
Macha fue quien ingresó el proyecto, pero ya cuenta con el apoyo de cuarenta legisladores firmantes de seis fuerzas políticas: Frente para la Victoria (FpV), Cambiemos, Evolución Radical, Peronismo para la Victoria, Protectora y Unión Cívica Radical, y se siguen sumando adhesiones.
Para Alba Rueda, referente de Mujeres Trans Argentina (parte del Frente Diana Sacayán), “los legisladores deben tener en cuenta la expectativa de vida de una mujer trans y travesti en Argentina. Creemos que esto es materia de derechos humanos y tiene que ser un compromiso por parte del Estado que piense en acciones afirmativas, sobre todo cuando el Estado cumplió un rol histórico que fue criminalizar a los cuerpos travestis”.
Alba Rueda: «Creemos que esto es materia de derechos humanos y tiene que ser un compromiso por parte del Estado que piense en acciones afirmativas, sobre todo cuando el Estado cumplió un rol histórico que fue criminalizar a los cuerpos travestis”.
Cabe destacar que según la Primera Encuesta sobre Población Trans 2012: Travestis, Transexuales, Transgéneros, realizada por el INADI y el INDEC, el promedio de vida de las personas trans es muy bajo: entre 35,5 y 41 años. La encuesta hizo partícipe a 209 personas; 73 de ellas (35%) expusieron que abandonaron la escuela porque las discriminaban; el 20% declaró no realizar ninguna actividad por la que obtenga dinero; el 80% restante dijo que se prostituía o tenía trabajos informales. La Policía apareció como la institución considerada como causante de graves hechos de discriminación y violencia: en un 83% para las mujeres trans y en un 40% para los hombres trans.
En este marco, Rueda aseguró que “no hay otra sociedad que necesite esta ley de cupo laboral trans más que nosotras». En ese sentido, la activista destacó que la casi nula contratación a personas trans y travestis “no es por falta de capacidad, sino por falta de oportunidades, y el Estado justamente tiene que reparar la criminalización que llevó adelante”.
“Vivimos privadas y excluidas de derechos fundamentales. El trabajo es uno de ellos”, sostuvo Rueda, y agregó que este proyecto “se asienta en una perspectiva de derechos humanos, económicos, sociales y culturales”.
La Ley Diana Sacayán en la provincia de Vidal
Las organizaciones trans y travestis ven en esta presentación en el Congreso de la Nación una oportunidad para que se avance también sobre la ley provincial. Si bien fue aprobada en 2015, la normativa no se cumple como debería, al no haberse avanzado con la totalidad de la reglamentación, potestad del Ejecutivo de María Eugenia Vidal.
Para Rueda, el Ejecutivo de Vidal “se niega a llevar adelante este plan de incorporación”, por lo que resulta “muy difícil porque no generó política pública ni tampoco cambia nuestras realidades: espera este travesticidio social que significa que las condiciones de vida travesti sigan avanzando hasta que nos muramos”.
“Vidal no implementa, pero está sancionada con la autoría de Karina Nazábal y con el fuerte impulso de Diana Sacayán. Es parte de su legado”, destacó Macha, quien consideró que apostando a construir en un difícil contexto “estamos sosteniendo ese legado”.
