El sistema educativo de la provincia de Buenos Aires viene sufriendo un profundo desgaste en lo que va del año. Cierre de escuelas y cursos, salarios docentes a la baja y escuelas en ruinas han signado el presente ciclo lectivo.
En las últimas semanas, a la crisis en educación se le añadió que escuelas de La Plata y Berisso tuvieron clases interrumpidas por llamados de amenazas de bomba. Ante esto, padres y madres cuestionan que los gobiernos de la gobernadora María Eugenia Vidal y del intendente Julio Garro no aplican acciones concretas para solucionar este problema y que las medidas sólo han apuntado a criminalizar a los estudiantes.
Las familias han organizado mecanismos de reclamo para que las clases vuelvan a la normalidad y por eso ayer se concentró una veintena de padres y madres en la puerta de la Dirección General de Escuelas para pedir una audiencia con su titular, Gabriel Sánchez Zinny, quien no accedió al pedido. Como ya es una costumbre, el que salió a dar la cara fue Sergio Siciliano, el viceministro.
“Desde las vacaciones de invierno, los chicos tuvieron sólo dos días de clase. Todos los demás fueron interrumpidos por amenazas de bomba. Frente a esto, se evacúa la escuela y trasladan a los chicos al Centro Cultural Islas Malvinas, donde son contenidos”. Las palabras son de Martina Urruti, madre de una alumna del Nivel Inicial del Normal Nº 1 donde en los últimos dos meses hubo más de veinticinco llamados de amenaza de bomba.
“Pedimos una investigación en profundidad. Esto excede cualquier picardía de los pibes. El gobierno debería tener una estrategia distinta a la que aplica, de penalizar a los alumnos. Eso no nos parece una solución”, añadió Urruti.
Las comunidades educativas no están de acuerdo con que sea la Justicia sólo la encargada de resolver el tema a través de las investigaciones, y plantean que la DGCyE haga lo propio a través de sus herramientas administrativas. Al momento, el camino ha sido llevar a cabo allanamientos y la detención de jóvenes.
La crisis educativa por el ruinoso estado de las escuelas se volvió más visible tras las muertes de los trabajadores de la educación de Moreno Sandra Calamano y Rubén Rodríguez por la explosión de una instalación de gas, y las amenazas y tortura de desconocidos hacia la docente del mismo distrito Corina De Bonis. La tragedia de Moreno hizo que las escuelas de esta localidad cierren sus puertas, al igual que más de ochocientos establecimientos de distintos puntos de la provincia.
En este marco, las amenazas de bomba y la falta de un plan integral que desde lo pedagógico y lo político busque construir una solución entre la Administración provincial y local, autoridades escolares, docentes, alumnos y familias, deteriora el funcionamiento de las clases.
“A la gobernadora tanto le preocupan los días de paro, y acá hace cuarenta días que los chicos no tienen clase y no le preocupa cómo resolverlo. No hicieron una sola medida para garantizar la educación”, afirmó Urruti.
En línea con el pedido de las familias, los gremios docentes exigen una medida que vaya más allá de cargar contra los jóvenes. “Debe volver la normalidad de las clases en un ambiente seguro y tranquilo, y que la respuesta no sea la criminalización de los jóvenes, porque las escasas respuestas que han habido han sido en esa dirección”, dijo a Contexto Paula Tardón, secretaria gremial de Suteba La Plata.
“Se los responsabiliza, se allanan domicilios, se amonestan en las instituciones. Entonces lo que pasa es que se corre el eje del paradigma de promoción y protección de los derechos de los niños y jóvenes, y además así no resuelven el conflicto”.
Tardón criticó que no haya “una respuesta ministerial, de articulación con otros ministerios, ni una intervención de la Dirección de Psicología con los equipos de orientación escolar, centros de estudiantes y autoridades escolares. Nada de todo esto está sucediendo. Una investigación de estas características requiere una acción articulada”, sostuvo la gremialista.
En el distrito de Berisso, donde gobierna Jorge Nedela (Cambiemos), también ha habido llamados con amenazas de bomba. La semana pasada, en la que hubo sólo dos días de clase por los paros y el día del maestro, hubo veinticuatro llamados, y en lo que va de septiembre fueron 42.
