A dos años y nueve meses de la muerte de Emilia Uscamayta Curí, familiares y allegados no resignan el pedido de justicia frente a la causa que tiene como principales implicados a varios referentes de la gestión municipal de Julio Garro. La muerte de la joven estudiante de Periodismo de la UNLP tuvo lugar el 1º de enero de 2016 en el marco de una fiesta clandestina en la zona de Melchor Romero, cuya organización y desarrollo fue propiciada por empresarios de la noche platense, en conjunto con la falta de controles por parte de las autoridades locales.
“A mediados del año pasado quise bajar los brazos. ‘Por más que hagamos cien radios abiertas ella no va a volver’, pensé en ese momento. Es muy duro continuar esta lucha, pero tenemos que seguir adelante hasta que esto se resuelva y se haga justicia”, fueron las palabras de Cristian Uscamayta, hermano de Emilia, en diálogo con Contexto minutos antes de dar inicio a la actividad que se desarrolló frente a la Municipalidad de La Plata.
Allí se reunieron compañeros de militancia de Emilia en el movimiento Liberación, representantes de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP donde cursaba sus estudios, y referentes políticos locales, como la concejal Ana Castagneto o la diputada provincial de Unidad Ciudadana, Florencia Saintout. Entre todos realizaron una radio abierta donde cada uno manifestó su reflexión propia frente al caso, y los familiares leyeron un documento elaborado sobre el estado actual.
“Hay una parte de la causa que, aun hasta el día de hoy, goza de una gran impunidad y tiene que ver con el rol que cumplieron los funcionarios municipales que permitieron que esa fiesta clandestina pero pública se pudiera realizar. Está paralizada y eso tiene que ver con una connotación de época: la Justicia está siendo amenazada por parte de los funcionarios de Cambiemos”, dijo a Contexto el abogado de la familia Uscamayta, Adrián Rodríguez.
Todas las evidencias por el desarrollo de la fiesta apuntan al exsecretario de Seguridad, Daniel Piqué (único funcionario imputado), como así también al titular de Control Urbano, Roberto Di Grazia, y el subcomisario jefe de la Policía Local, Sebastián Martínez Pass. Además, según el testimonio del exdelegado municipal de Romero, Adrián Zamudio, el subsecretario de Gobierno de Julio Garro, Juan Manuel Martínez Garmendia, habría “recibido una coima de 20 mil pesos“ en torno al caso Emilia.
En este sentido, Cristian Uscamayta expresó: “Tras la asignación de la fiscal Ana Medina en el caso, se pudo cambiar la carátula a homicidio simple, pero aún hay entramados por investigar. A eso hay que sumar que nosotros no somos una familia de clase media alta, reconocida. Tenemos que visibilizar estas cosas nosotros mismos, por nuestros propios medios. Han sido años duros, pero vamos a seguir adelante”.
Entre los presentes en la actividad se ubicaron compañeros y compañeras de Emilia y representantes del Centro de Estudiantes de Periodismo, conducido por la agrupación Rodolfo Walsh. También acompañaron representantes de la agencia Télam, en lucha tras la oleada de despidos en su corresponsalía de La Plata.
En tanto, la presidenta del bloque de diputados provinciales de Unidad Ciudadana, Florencia Saintout, manifestó que “la familia Uscamayta está pidiendo justicia y Garro jamás ha escuchado”. La legisladora expresó: “Garmendia sigue siendo funcionario, lo mismo con Martínez Pass. A ellos no les importa lo que pase con nuestros hijos e hijas, con los jóvenes. El gobierno de Garro comenzó reprimiendo mujeres con balas de goma y con el fallecimiento de Emilia. En estos dos años y nueve meses, seguimos sin respuesta”.
