Tras la represión de principios de septiembre, las setecientas familias del barrio Nuevo Abasto en el oeste del Gran La Plata desalojadas por fuerzas policiales mantienen un acampe sobre la avenida 520, sin techo y sin agua potable. Entre ellos, ancianos y niños sufren las inclemencias climáticas en un estado de total precariedad.
El barrio se encuentra en la zona enmarcada entre las calles 526 a 529 y de 213 a 217. Son alrededor de novecientos lotes que habían sido expropiados por la provincia en 2015 a través de la Ley Nº 14.716, que declara de “utilidad pública y sujeto a expropiación” aquellos terrenos para adjudicarlos a estas familias de alta vulnerabilidad social que los abonarían en cuotas mensuales en un plazo no mayor a veinticinco años.
Gastón Castagneto (concejal, UC): “Las familias piden condiciones de vida dignas. Se encuentran en un estado de irregularidad muy grande, con un Estado que fomenta la división entre las personas».
A principios de septiembre y sin que mediara el diálogo, la Municipalidad decidió arrasar con las viviendas de las familias que se habían asentado allí desde hacía dos años con casas de madera y de cemento. Por “conflictos escriturales”, la gestión de Julio Garro impulsó el desalojo, que finalmente fue ordenado por el juez Guillermo Atencio. A su vez, la gestió local de Cambiemos inició causas penales contra las familias, por lo que el conflicto se recrudeció.
Ante esta situación, ayer concejales platenses de distintos bloques de la oposición, entre ellos Gastón Castagneto, Victoria Tolosa Paz y Norberto Gómez (Unidad Ciudadana), y Gastón Crespo (GEN), tuvieron una reunión con las familias afectadas para buscar una solución y que el Municipio revea su postura. De la reunión participaron también representantes de organizaciones sociales que apoyan a los vecinos, integrantes del Consejo de Tierra y Hábitat Local y de la Mesa por los Derechos Humanos – La Plata.
“Las familias piden condiciones de vida dignas. Se encuentran en un estado de irregularidad muy grande con un Estado que fomenta la división entre las personas, en lugar de los acuerdos y de hacer un trabajo en conjunto. Le pedimos al Ejecutivo que el Estado de derecho le llegue a todas las familias de igual manera”, dijo a Contexto Gastón Castagneto.
Por su parte, Tolosa Paz también apuntó contra el gobierno local: “Nos reunimos con los vecinos de Nuevo Abasto. El Estado no ofrece soluciones a sus problemas habitacionales. Por lo contrario, judicializa los reclamos, criminalizándolos”.
Viviana Pereyra (Consejo de Tierra y Hábitat Local): “Buscamos que se retiren las causas penales y se cense a las familias para que les den una respuesta que hasta el momento no llegó”.
Desde el Consejo de Tierra y Hábitat Local, compuesto por organizaciones del sector y sociales, la UNLP y otros espacios de la sociedad civil, Viviana Pereyra afirmó: “Buscamos que se retiren las causas penales y se cense a las familias para que les den una respuesta que hasta el momento no llegó”. “Las familias viven una doble vulnerabilidad por pobreza y por la criminalización que hace el Estado”, continuó en diálogo con este medio. Y concluyó: “Vamos a presentar un proyecto para que el Estado cense a las familias y traiga una respuesta”.
