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Ni aborto legal, ni anticonceptivos, ni educación sexual

Mientras la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y miles de mujeres siguen luchando por conquistar el derecho a la interrupción legal del embarazo, el gobierno sigue sin garantizar las otras banderas de la campaña: educación sexual para decidir y anticonceptivos para no abortar.

Según un informe publicado por Chequeado, ACIJ y La Nación Data, durante los dos últimos años disminuyó notablemente la cantidad de anticonceptivos y preservativos entregados por el entonces Ministerio de Salud. Datos preocupantes si se tiene en cuenta que en Argentina el 59% de los embarazos no son intencionales, número que escala a 68% en menores de diecinueve años, según detallan desde el Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia.

Por otro lado, las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) también se han visto en aumento: los casos de sífilis se triplicaron entre 2011 y 2017, se registraron 33 casos de linfogranuloma venéreo (LGV) entre septiembre de 2017 y julio de 2018 –enfermedad no registrada hasta entonces– y Argentina se ha convertido en el país con mayor aumento de casos anuales de VIH del mundo, con 6.500 contagios. La reciente renuncia de Sergio Maulen, titular de la Dirección de Sida, Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis y Tuberculosis, dejó expuesta la crisis que atraviesa el área.

En este preocupante marco, el Ministerio de Salud en 2016 “repartió sólo el 27% de los tratamientos de anticonceptivos hormonales (en su mayoría, pastillas) que se había propuesto, con lo que el organismo estima que cubrió solo al 37% de la población que lo necesita”, una baja respecto a 2015, cuando la cobertura alcanzó al 82%.

Cabe destacar que en 2015 se repartieron 11,1 millones de anticonceptivos, mientras que en 2016 fueron 4,3 millones, y en 2017 hubo 7,8 millones de tratamientos cuando la meta era de 11 millones. El objetivo para este año es que asciendan a 8,3 millones, y en 2019 a 10,9 millones. A pesar de que estos números representan una mejora respecto a 2016, aún quedan lejos del último año de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y, no cumpliéndose las entregas, los diferentes centros de salud no cuentan con suficientes métodos anticonceptivos.

Sebastían Crespo, médico generalista de un centro de salud en San Martín e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir –parte de la Campaña– detalló que “la situación es compleja”. “Es muy similar a todos los centros de salud, no solo de San Martín, sino también de todos los municipios del Conurbano: hay una merma de los anticonceptivos de forma notoria. Ya desde el año pasado era muy importante y este año está totalmente profundizada”, detalló en dialogo con Contexto.

“Lo que más llama la atención es que después del debate en el Congreso, donde se supone que con la educación sexual y con los anticonceptivos había un gran acuerdo, en la práctica se expresa todo lo contrario”, analizó Crespo, quien detalló que en su lugar de trabajo la entrega es insuficiente.

“El método más utilizado de los hormonales es el anticonceptivo inyectable mensual. La mayoría de las mujeres de los sectores populares eligen ese método cuando está disponible porque resulta más cómodo que utilizar las pastillas. Tenemos bajo programa 350 mujeres que vienen todos los meses a buscar el anticonceptivo mensual, y ya el año pasado venían trayendo sólo cincuenta”, sostuvo Crespo.

Hoy directamente no cuentan con métodos anticonceptivos inyectables, ni tampoco con implantes subdérmicos. En este marco, sin la garantía del Estado, esas trescientas mujeres recurren a otro método –sujeto siempre a disponibilidad– o deben comprarlo en una farmacia, de contar con el dinero.

En cuanto a los preservativos, el faltante también es notorio. En 2015, el Ministerio de Salud conducido en ese entonces por Daniel Gollán repartió 52,0 millones, mientras que en 2016 ese número bajó drástricamente a 18,4 millones, cuando la meta era de 93,7 millones, o sea, se entregó sólo el 20% de lo previsto. “En 2017 se esperaba entregar 113 millones, de los cuales se distribuyeron 42,7 millones, un número mucho mayor que el de 2016, pero todavía bajo, si se considera que equivale al 42% de lo previsto”, detalla el informe.

Con tal aumento de las ETS, las recomendaciones de los especialistas son siempre la prevención, siendo el preservativo la forma más eficaz para protegerse. Sin embargo, el faltante es notorio: «en estos dos años y medio se ha repartido el 10% de los preservativos que se repartían hasta 2015», afirmó en declaraciones recientes el exministro de Salud Daniel Gollán.

Educación sexual para decidir

La otra bandera de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito tiene que ver con la educación sexual, una materia adeudada por el macrismo, que disminuyó el presupuesto destinado al programa de Educación Sexual Integral en 12 millones de pesos en apenas dos años.

Más allá del poco presupuesto, hoy la implentación de la ESI es un problema no solo por la falta de capacitación de los docentes, sino también por las trabas puestas muchas veces en las instituciones educativas de carácter religioso, que, amparadas en su “ideario institucional” previsto en el articulo 5 de la normativa sancionada en 2006, dificultan la real aplicación de los contenidos.

En este marco, tanto un proyecto en el Congreso de la Nación como en Provincia –el cual cuenta ya con media sanción en Diputados– buscan eliminar este artículo y establece la ley como de orden público para que los contenidos curriculares sean de carácter obligatorio en todas las escuelas del país, tanto públicas como privadas. A este artículo es al que se oponen organizaciones religiosas bajo la consigna “Con mis hijos no te metas”, alegando que puede traer “adoctrinamiento en ideología de género”.

Si bien el proyecto en Nación tuvo dictamen en Diputados, quedó allí a la espera de ser ubicado en la orden del día. Mientras tanto, en Provincia denuncian que María Eugenia Vidal cajoneó el proyecto en Senadores, frente a un acuerdo con sectores de la Iglesia: estos a cambio serán los encargados de brindar contención social ante la crisis que atraviesa el país.