El diputado nacional del Frente para la Victoria Andrés “Cuervo” Larroque denunció este lunes tareas de espionaje por parte de Gendarmería u otras fuerzas de seguridad y presentó un escrito ante el juez Claudio Bonadio, que instruye la denominada “causa de los cuadernos”, para que explique si la investigación y las pinchaduras de teléfonos fueron ordenadas por su juzgado en el marco de esa causa en la que hace poco declaró.
“Recibimos información respecto de que Gendarmería y/u otras fuerzas de seguridad estarían realizando tareas de seguimiento sobre mi persona e interviniendo de forma ilegal mi teléfono celular”, comunicó el legislador a través de sus redes sociales.
En el escrito presentado ante el magistrado también solicita que, en caso de que las escuchas no hayan sido ordenadas por Bonadio, “se lleven a cabo las medidas pertinentes para averiguar tal circunstancia y la autoridad que la ha dispuesto, y, en su caso, se ordene su cese inmediato a fin de proteger mis derechos constitucionales”.
Sobre este punto, Larroque dijo que, “de ser así, sería muy grave pero no ilógico en la Argentina que vivimos”.
En una entrevista que brindó al periodista Roberto Navarro en El Destape Radio, el diputado nacional explicó que “como son causas muy débiles en materia probatoria y conceptual, van tratando de generar algún tipo de elemento de prueba a través de mecanismos laterales a la legalidad”, e ironizó: “Tampoco van a encontrar nada porque no tengo nada que ocultar, no tendría problemas en que Bonadio se venga a vivir a mi casa, sería un poco incómodo pero podríamos analizarlo”.
Bonadio actualmente instruye la denominada “causa de los cuadernos” que analiza las anotaciones que hizo el chofer Centeno sobre el presunto cobro de coimas por parte de exfuncionarios del gobierno anterior y que cuenta actualmente con varios detenidos. En esta causa Larroque aparece mencionado en un pendrive secuestrado durante un allanamiento a la casa de Martín Larraburú, exsecretario de Juan Manuel Abal Medina, con información sobre fondos para financiar campañas electorales.
La declaración del diputado en esa causa se produjo el mismo día en que otros dirigentes de la organización La Cámpora se presentaron ante el magistrado. En un escrito de nueve páginas, Larroque negó haber recibido dinero negro o coimas y sostuvo: “Desconozco por qué hecho se me cita o por el que se me encuentra ‘sospechoso’ o cuáles son los ‘elementos suficientes’ para generar una sospecha en una causa de evidente contenido sólo de carácter político”.
También calificó la causa como “una fabulosa cortina de humo” para “distraer la atención de la sociedad respecto a la catástrofe que han generado las políticas de este gobierno de ocupación al servicio del capital transnacional y, centralmente, desgastar al límite de la proscripción a la fuerza política que hoy expresa una esperanza inequívoca frente al caos imperante”.
Un fallo para Macri y Cía.
El viernes pasado, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal declaró la nulidad de todo lo actuado por el juez Norberto Oyarbide en la causa por las escuchas ilegales en la Ciudad de Buenos Aires por la que Mauricio Macri había sido procesado junto con el flamante jefe de la Policía Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios, el exespía Ciro James, entre otros.
El año que viene debía realizarse el juicio oral contra Palacios y otros sospechados por montar un esquema de espionaje ilegal sobre ciudadanos porteños, familiares de víctimas del atentado terrorista contra la AMIA y dirigentes políticos opositores a Macri.
Según el fallo de los jueces Carlos Mahiques, Liliana Catucci y Eduardo Riggi, todo el proceso estuvo “viciado” por tratarse de un delito de acción privada que debía ser impulsada por uno de los damnificados y no por representantes del Poder Judicial “de oficio”. En esta causa también había participado el fallecido fiscal Alberto Nisman.
Cabe recordar que, a poco de haber asumido la presidencia, Mauricio Macri fue sobreseído en la causa por el juez Sebastián Casanello y sólo se sostuvo el procesamiento de Palacios y los otros imputados que debían afrontar el año que viene el juicio oral que el reciente fallo de la Cámara suspende.
