Por Stella Calloni
Las elecciones de Brasil no son comunes. Se realizaron bajo un gobierno de facto surgido de un golpe de Estado judicial, mediático y parlamentario contra la entonces presidenta Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores (PT), destituida en agosto de 2016, juzgada sin causa y sin pruebas, en un armado ilegal, perverso y criminal, con la mano de Estados Unidos detrás.
Entre mayo y agosto de 2016 se debatió el proceso de destitución en una verdadera operación de guerra sucia que sobrepasó todos los límites de la ilegalidad, y en ese período la reemplazó su vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), quien gobernó interinamente y en forma ilegal cambió el gabinete y dispuso medidas que afectaron profundamente a los trabajadores, a la sociedad y a la soberanía de Brasil.
Cuando el Congreso integrado mayoritariamente por parlamentarios denunciados por corrupción destituyeron a la presidenta Rousseff, el Senado decidió la continuidad de Temer hasta completar el período presidencial, a pesar de que este ha sido acusado con pruebas concretas de gravísimos hechos de corrupción.
En poco más de dos años, el gobierno de facto dejó a su país en una severa crisis económica, política y social, sometido e involucrado en acciones conjuntas con Estados Unidos en todas las áreas, incluyendo la militar.
Marco Antonio Teixeira, politólogo de la Fundación Getúlio Vargas, explicó a BBC Mundo que la relación de Temer con el Congreso estaba basada en el “ofrecimiento de bienes a cambio de apoyo”, lo que ha sido muy común en la política brasileña.
Dirigentes sindicales de Brasil han denunciado que el presidente de facto favoreció a los sectores poderosos en todas sus medidas y afectó a los trabajadores y a millones de brasileños que habían salido de la pobreza en tiempos en que gobernó Lula, cuando más de 35 millones de pobres eternos excluidos del sistema fueron favorecidos por la política del líder del PT, que recuperó derechos perdidos en un país con dramáticas desigualdades, donde aún se utiliza la esclavitud.
Asimismo, Temer priorizó proyectos de los parlamentarios golpistas que lo favorecían políticamente y sin duda destinados a incrementar las ganancias de los grandes grupos económicos, empresarios y terratenientes y a los medios de comunicación cómplices en la guerra mediática destinada a desconcientizar a la población, no sólo con la desinformación, sino con las inescrupulosas mentiras y los entretenimientos diseñados para el sometimiento de grandes sectores de la población en favor de los intereses del poder hegemónico, que decidió apropiarse colonialmente de América Latina y sus grandes recursos naturales y reservas.
La sumisión de Temer a Estados Unidos a nivel militar afecta seriamente la soberanía de Brasil, la gran potencia latinoamericana, hasta el punto de negociar la entrega de la Base Espacial de Alcántara, única en la región, y en estos momentos ha tomado compromisos con Washington que han llevado a la colaboración del Ejército de Brasil en los planes de una invasión estadounidense contra Venezuela, como lo evidencia la presencia del Ejército en el estado de Roraima, fronterizo con ese país, entre otros preparativos.
En este marco de situación, el pueblo brasileño, víctima de las medidas impuestas totalitariamente por Temer, que lo sometió a un retroceso brutal en lo socioeconómico despojándolo de todos sus derechos, expresó su voluntad de votar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien siempre estuvo primero en todas las encuestas, por lo cual se decidió sacarlo del medio utilizando la Justicia convertida en un organismo de persecución política, mediante otro juicio totalmente armado en el esquema judicial de la guerra contrainsurgente –que se aplica en nuestros países–, condenando sin pruebas y a todas luces ilegalmente a Lula, impidiéndole la participación en el proceso electoral, lo que provocó un severo rechazo a nivel mundial.
Lula es mantenido como rehén, en una acción de extrema violencia, bajo las decisiones ilegales del juez Sergio Moro, el mismo que persiguió a Rousseff, ligado estrechamente a Washington, al Departamento de Estado y a los organismos de seguridad e inteligencia de ese país.
De hecho, estas elecciones estuvieron plagadas de irregularidades y se dieron en el marco de una Guerra de Baja Intensidad y Cuarta Generación encabezada en lo mediático por el monopolio de O Globo, partícipe y beneficiario directo de la dictadura militar instalada en Brasil en 1964, que perduró hasta 1985, convirtiendo a ese país en un enclave de irradiación para instalar las dictaduras de la Seguridad Nacional sembradas en el Cono Sur en los años setenta. A pesar de esto, la figura de Haddad, el candidato del PT, se ha impuesto con fuerza.
Ante esta situación, resultan banales algunos análisis sobre las elecciones, ya que se ha violentado anticipadamente la voluntad popular, que se inclinaba sin duda alguna por Lula, quien además había ganado respeto y prestigio en el exterior y había sido uno de los presidentes más importantes en la conformación de los nuevos modelos de integración, imprescindibles para lograr la unidad de toda América Latina y el Caribe.
El trío de mandatarios conformados por Hugo Chávez Frías en Venezuela, Lula da Silva en Brasil y Néstor Kirchner en Argentina fue clave en el rescate del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) para transformarlo en un verdadero modelo político-social-cultural de integración junto a Uruguay y Paraguay. Después ingresaría Venezuela, y Bolivia era un asociado que postulaba su ingreso. Desde allí se avanzaría hacia la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), hasta llegar a la Comunidad de Naciones Latinoamericanas y Caribeñas (CELAC) en 2011, conformada por 33 países, constituyéndose en un importante bloque en la diversidad, marcando hitos históricos.
Sin duda alguna esto desafiaba el proyecto geoestratégico de recolonización de América Latina, como preanuncian los propios documentos estadounidense diseñados para su relación con nuestra región en el siglo XXI.
Es imposible no recordar la invasión de decenas de Fundaciones y miles de Organización No Gubernamentales (ONG) dependientes de las fundaciones madres de Estados Unidos que comenzó a mediados de los años ochenta, y los millonarios envíos de dólares con la finalidad de quebrar toda posibilidad de resistencia en nuestros países, mientras iban infiltrando las estructuras judiciales a nivel continental, cooptando jueces, abogados, al empresariado joven, a productores y miembros de partidos políticos para crear coaliciones bajo su control, intentando ganar a sindicalistas, profesionales, organizaciones juveniles y de todo tipo con falsas promesas democráticas y libertarias y también mediante la corrupción.
Estas fundaciones cumplieron sus tareas de inteligencia y manipulación para abrir el camino a los nuevos golpes del siglo XXI. Los gobiernos neoliberales de los años noventa cumplieron también sus cometidos de embaucar a grandes sectores sociales y populares en la región para confundir y desculturizar.
Sin embargo, el neoliberalismo a ultranza fue derrotado en el continente con el surgimiento de nuevos movimientos sociales y políticos en toda la región. Fueron hechos históricos de resistencias de los que surgieron, vía electoral, los gobiernos progresistas, unos más avanzados que otros, que lograron los mejores años para los pueblos de la región, después de un siglo XX en el que se sufrió un verdadero genocidio producto de la feroz dependencia de nuestros países, salvo Cuba, liberada en 1959.
Por otra parte, la dispersión del Comando Sur desde fines de los años noventa, trasladado desde su sede en la ocupada Zona del Canal de Panamá a Florida, Estados Unidos, significó un nuevo proyecto de militarización de toda América Latina, como fue y es la dispersión de bases militares y establecimientos estadounidenses en nuestros países, lo que es parte de su plan geoestratégico de recolonización, ahora en pleno apogeo.
Detrás de cada una de las elecciones regionales está la sombra brutal del poder imperial, y es evidente en Brasil, donde además de haber dirigido operaciones contrainsurgentes de baja intensidad para desestabilizar a los gobiernos de Lula y Dilma hasta llegar al golpe de agosto de 2016, colocaron sus asesores en todos y cada uno de los ministerios que manejan los hilos de la Justicia, los medios de comunicación, fuerzas de seguridad, incluyendo los parlamentos, entre otros, durante el gobierno de facto.
Difícilmente querrían perder lo ganado con estos golpes de Estado “blandos” o poselectorales, como puede ser considerado el gobierno de Mauricio Macri en Argentina al traicionar todos los programas prometidos y someterse a los planes de Washington para controlar la región, destruyendo el Estado nacional, llevando el país a una crisis sin salida. También arrasando con la soberanía nacional al subordinar la nación, entregando el control de la economía al FMI y convalidando la política intervencionista de Estados Unidos en toda la región, además de concederle la instalación de bases militares en lugares estratégicos. Muy similar a lo actuado por Temer en Brasil.
Este es el marco general de las elecciones presidenciales de este domingo 7 de octubre convocadas por el gobierno golpista de Temer, y el pueblo deberá elegir bajo diversas amenazas entre seis aspirantes, dos de los cuales son los que tienen posibilidades de triunfar: el ultraderechista Jair Bolsonaro del Partido Social Liberal (PSL), cuyo discurso es lo más cercano al de un fascista ultraprimitivo, y Fernando Haddad, elegido como candidato del PT ante la imposibilidad de Lula, detenido para impedir su candidatura.
Detrás del programa de Haddad, exalcalde de São Paulo y exministro de Educación durante los gobiernos de Lula y Dilma entre 2003 y 2015, y que realizó una extraordinaria campaña en sólo días, están los grandes logros alcanzados por ambos expresidentes, reconocidos a nivel mundial por haber sacado de la pobreza a unos 35 o 40 millones de habitantes, logrando mediante la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) estabilizar a la gran potencia de la región.
Son incuestionables los logros de los gobiernos del PT, pero también el programa de recuperación y ampliación de todo lo perdido en estos dos últimos años presentado en el proyecto de Haddad, que contrasta radicalmente con la oferta dictatorial de Jair Bolsonaro.
Las declaraciones de Bolsonaro han impactado por la extrema violencia que expresa su discurso racista, homofóbico, machista, especialmente brutal en relación con la población afrobrasileña. Su exaltación de la tortura sería castigada legalmente en cualquier país del mundo, ya que viola los derechos humanos y son sólo comparables a los discursos de los más perversos dictadores, como el general Augusto Pinochet en Chile.
El teólogo Leonardo Boff advierte sobre el desprecio de Bolsonaro por la democracia, y menciona “su nostalgia por la dictadura militar instaurada en el país en 1964” al elogiar públicamente “al coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra (ya fallecido) responsable de torturar a Rousseff durante la dictadura”.
Tan grave es esto como su advertencia de que no va a reconocer una derrota, mencionando a los militares y dejando entrever que podrían actuar si gana Haddad, lo cual es una muy grave amenaza y una forma de aterrorizar a una población sometida a un verdadero bombardeo mediático.
Por sobre todo este relato está la realidad, que es imposible desconocer e ignorar: Estados Unidos es el verdadero y poderoso invitado de piedra en esta elección que nada menos transcurre en el país más grande de América Latina, en la sexta o séptima potencia del mundo, donde su posición avanzó como nunca antes mediante un presidente como Temer, antiguo confidente del Comando Sur, como fue demostrado por documentos y cables de WikiLeaks. Es imposible desconocer el peligro de la injerencia de Estados Unidos en un país como Brasil, clave para sus nuevos planes de recolonizar y controlar el continente.
