Por Pablo Pellegrino
“El canciller es un hombre de carrera en la Cancillería, de manera que los términos que utiliza en el tema Malvinas no pueden ser casuales ni inocentes porque la Cancillería ha hecho del uso de los términos un tema de fondo por las consecuencias que tienen”, dijo la diputada nacional del Frente para la Victoria (FpV), Nilda Garré, sobre los motivos que llevaron a su bloque a impulsar el pedido de juicio político contra el canciller Jorge Faurie.
Faurie se presentó el lunes en la comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara Baja en la que diputados de la oposición le reprocharon la utilización del término “pueblo” al referirse a los habitantes de las islas Malvinas en declaraciones a los medios de comunicación durante su reciente visita al Reino Unido. En su respuesta, el canciller atribuyó la responsabilidad a un problema en la traducción del término “population”, aunque posteriormente volvió a utilizar esa categoría.
El excombatiente y secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata, Ernesto Alonso, dijo a Contexto que la utilización de esa palabra forma parte de la estrategia británica para que se le ceda autodeterminación a los isleños que ocupan ese territorio argentino.
La exministra de Defensa durante la presidencia de Néstor Kirchner y de Seguridad durante los mandatos de Cristina Fernández, Nilda Garré, repasó la gestión del histórico reclamo de Argentina en tiempos de Mauricio Macri, el acercamiento y los beneficios que el gobierno argentino está dispuesto a otorgar al Reino Unido en pos de mejorar la relación bilateral y el nuevo escenario geopolítico regional en términos de defensa, sobre el que cuestionó el desplazamiento del bloque sudamericano y el alineamiento con Estados Unidos.
¿Cuál es la importancia que tiene el término que usó el canciller y por qué amerita el juicio político?
Hablar de pueblo, que los isleños son un pueblo, les da determinados derechos: les daría derecho a la autodeterminación, a definir su destino. Y no son un pueblo, son una comunidad trasplantada por una potencia colonial después de la usurpación de unas tierras que nos pertenecen.
Las cosas están claras, traductores en cancillería sobran y las palabras que hay que usar en el tema Malvinas están bien identificadas en todos los idiomas del mundo por el Ministerio de Relaciones Exteriores porque es un tema reiteradamente tratado en los organismos internacionales en los que, hasta ahora, Argentina manifestaba su reclamo. Es claramente un intento por empezar a modificar lo que siempre hemos sostenido nosotros, que es una población trasplantada y que no es el pueblo de las islas Malvinas.
¿Cómo analiza la nueva etapa de relaciones con el Reino Unido del gobierno que se abre con la firma del famoso acuerdo de septiembre de 2016?
Desde que se firmó en 2016 el acuerdo Foradori-Duncan entre el vicecanciller argentino y su par británico, que el ministro de Relaciones Exteriores dice que no es un acuerdo sino una hoja de ruta o una declaración, está generando consecuencias, deberes para la Argentina. Nuestro país en ese acuerdo, que no fue enviado al Congreso de la Nación –lo que lo convierte en nulo porque no fue ratificado por el Parlamento– se compromete a “remover los obstáculos” para el desarrollo de los isleños en materia de comercio, transporte, explotación hidrocarburífera y pesquera. Es decir, nosotros estamos tomando obligaciones en torno a todos esos temas para facilitarle a los isleños su desarrollo. Hay todo tipo de generosidades, mientras que del lado británico no hay ningún compromiso, son todos compromisos que asumimos nosotros para ayudar a los isleños o, directamente, al Reino Unido, que se sigue negando a dialogar con nuestro país.
«del lado británico no hay ningún compromiso, son todos compromisos que asumimos nosotros para ayudar a los isleños o al Reino Unido, que se sigue negando a dialogar con nuestro país»
Usted mencionó en la reunión de comisión el abandono de las acciones regionales en términos de Defensa y la implementación de una acción hemisférica. ¿Cómo es ese proceso?
Hay una acción coordinada en la región. Si bien Argentina no rompe el tratado de Unasur, se retira de las reuniones simultáneamente junto con países donde ha triunfado la derecha y el organismo claramente se debilita, y también lo que era todo el ámbito de la defensa sudamericana, que era fundamental. Eso se cambia por otros acuerdos que se hacen calladamente, diciendo que no son acuerdos, no enviándolos al Congreso. Se firman acuerdos por los cuales la defensa ya no es regional sino hemisférica, es decir, Estados Unidos, integrante del continente y en su carácter de mayor potencia militar y económica, es el garante de nuestros problemas de defensa. Y estamos hablando de un país que cuando tuvimos una guerra apoyó a nuestro enemigo.
¿Qué tipo de acuerdos se celebraron calladamente?
Hemos firmado una cantidad de acuerdos en materia de seguridad y defensa con Estados Unidos que son realmente preocupantes porque están involucrando a las Fuerzas Armadas Argentinas y sacándoles sus funciones específicas: ayer [por el martes] firmaron un dictamen, lamentablemente nosotros firmamos en minoría, para actividades que no son propias de las Fuerzas Armadas, como la piratería, el narcotráfico o el crimen organizado, que es un tema policial no militar. Hemos firmado un tratado con el Estado de Georgia que es en realidad una firma con la Secretaría de Estado, es una firma con el Pentágono y, puntualmente en nuestra región, con el Comando Sur. Todo el tiempo se están firmando cosas que ratifican y fortalecen un alineamiento automático con la política de Estados Unidos.
«Todo el tiempo se están firmando cosas que ratifican y fortalecen un alineamiento automático con la política de Estados Unidos»
¿Cuál es su opinión respecto de la manifiesta intención del gobierno de involucrar a las Fuerzas Armadas en la seguridad interna?
Están violando la ley. Lo han hecho con decretos y tímidamente porque no se animan a tratar estos temas en el Parlamento. Es un tema que se ha debatido de manera intensa en el año 1988 con la Ley de Defensa, en el 92 y en el 2000 también, y las tres veces se mantuvo por más de treinta años. Se había establecido, después de nuestra penosa experiencia de las Fuerzas Armadas actuando en temas de seguridad interior durante las décadas del sesenta y setenta, que las Fuerzas Armadas se iban a ocupar de la defensa del país, es decir, de la agresión que pudiéramos tener de otro Estado. A eso ya le bajaron el tono y dijeron “ataque externo”, lo cual implicaría que, por ejemplo, un ataque del terrorismo podría ser una hipótesis en la que intervengan las Fuerzas Armadas.
Usted integra también la comisión especial sobre la desaparición del submarino ARA San Juan y hay un tema recurrente que es la reparación de media vida durante el gobierno anterior. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Se puede vincular esta tragedia con la reparación?
Para mí es un orgullo haber asumido la reparación de media vida del submarino. No era fácil tomar esa decisión, algunos aconsejaban que se lo hiciera reparar en otro lado o que directamente se compre uno nuevo. Nosotros entendimos que habíamos empezado a recuperar la industria naval de la defensa, con los astilleros Tandanor y Almirante Storni podíamos hacerlo después del abandono que habíamos encontrado allí. Cuando llegamos nosotros a la gestión, yo llegué en 2005, estaban invadidos por los yuyos directamente, se había vendido toda la maquinaria que había ahí por kilo, como chatarra, y maquinaria súper sofisticada. Cuando tuvimos que afrontar la reparación del submarino se hizo con el asesoramiento de la empresa alemana que lo había construido, con todo tipo de controles, con personal nuestro capacitado. Es decir, el submarino pasó todas las pruebas y para mí es un orgullo que hayamos tomado esa decisión. Esta lamentable situación que ha ocurrido no tiene nada que ver con la reparación porque se hizo de la mejor forma posible, con todos los controles y haciendo todas las inversiones necesarias.
