La férrea defensa de Patricia Bullrich de la nueva reglamentación para que los policías tengan más avales para abrir fuego volvió a mostrar un nuevo paso de Macri hacia la derecha, tal como lo había mostrado con el recibimiento a Luis Chocobar o los varios protocolos ensayados para recrudecer la represión. En este caso, la resolución del Ministerio de Seguridad dio lugar a un nuevo marco jurídico para dar vía libre al gatillo fácil.
“La evaluación la hace el policía. Este reglamento es para que el policía pueda defender a la gente”, aseguró la ministra, que volvió a defender a Chocobar y advirtió que existe “una ideologización del gatillo fácil”. Lo cierto es que, lejos de legislar regulaciones para el ejercicio de la policía, el proyecto de Bullrich genera incongruencias con tratados internacionales sobre el uso de armas de fuego y deja, como suele suceder, las interpretaciones en manos del Poder Judicial.
“En la situación actual, los jueces son los que interpretan la normativa y los estándares de uso de la fuerza y deciden en cada caso”, advirtieron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que presentó un extenso manifiesto contra la nueva iniciativa de Macri y Bullrich. “A partir de hoy, situaciones como los controles vehiculares, las persecuciones callejeras o cualquier intento de robo en la vía pública se convierten en escenarios en los que los policías podrían hacer uso del arma de fuego y justificarlo fácilmente”, manifestaron desde el CELS acerca de este régimen que se justifica sobre la figura de “peligro inminente” con una amplia ambigüedad.
Por su parte, la oposición no tardó en dar cuenta de la iniciativa y contraponer sus posicionamientos políticos. “Presentamos un proyecto que, a diferencia del gatillo por la espalda del gobierno, regula el uso de armas de fuego ‘únicamente cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida humana’, acorde a las policías más profesionales del mundo”, manifestó el diputado del Frente para la Victoria Agustín Rossi, quien había definido el nuevo reglamento como un “serio retroceso para la democracia”.
“Esta medida va en sintonía con reafirmar la ‘doctrina Chocobar’, no es más que un capricho de un persona muy peligrosa como Patricia Bullrich”, dijo a Contexto el diputado nacional de Unidad Ciudadana y militante de derechos humanos Horacio Pietragalla. “Creo que esto va de la mano con lo que está sucediendo en Brasil con la experiencia de Jair Bolsonaro. El macrismo está queriendo copiar esa estrategia de mano dura y discurso represor, que pone a las víctimas en el lugar de culpables. Creo que esa es la dirección en la que el gobierno está dando cada vez más pasos y está probando”, agregó.
En tanto, desde la organización villera La Poderosa, que ha denunciado desde el primer momento el aumento de la violencia institucional en los sectores más vulnerables y desprotegidos de la población, dijeron: “La reflexión sobre este tipo de cosas me gustaría que pudiera hacerla Luisito, el primer compañero que nos mataron en La Poderosa, en manos de las fuerzas de seguridad. Cuando no se regula el accionar de las fuerzas, todos somos víctimas”.
Según CORREPI, entre 1983 y 2017 las fuerzas del Estado asesinaron a 5.462 personas. El 47% fueron jóvenes de entre quince y veinticinco años. Y el 3%, menores de catorce. Desde el regreso de la democracia, la mitad de las personas asesinadas por alguna fuerza represiva del Estado no tenía más de veinticinco años: 2.731 jóvenes. De esos, más de 2.567 fueron víctimas de gatillo fácil.
