Ubicado en Altos de San Lorenzo, el Barrio Evita alberga a más de doscientas familias que hace ya tres años llegaron a la zona. La semana pasada, una denuncia municipal seguida de una orden de desalojo puso en riesgo sus hogares. Pero tras la organización vecinal que se materializó en movilizaciones se logró frenar la decisión por 45 días y constituir una mesa de diálogo con intervención de la Defensoría del Pueblo bonaerense.
Ayer, en la sede de este organismo provincial (50 e/ 8 y 9), se realizó la primera reunión de gestión, tal como lo estipula la Ley de Acceso Justo al Hábitat, con la presencia de la familia Aranda –propietarios de las tierras–, la Defensoría, los vecinos y funcionarios municipales de segunda línea, por lo que no se logró avanzar. “La municipalidad trajo dos representantes que no pinchaban ni cortaban, no tenían poder de decisión, así que no trajo a nadie prácticamente”, denunció en diálogo con Contexto Cristian Rodríguez, delegado vecinal.
La ausencia Municipal “fue una clara forma de vaciar la mesa, parece querer dilatar todo para que se dé el desalojo”.
La ausencia municipal “fue una clara forma de vaciar la mesa, parece querer dilatar todo para que se dé el desalojo”, explicó a Contexto Paulo Etchegaray, consejero provincial de Hábitat.
En este marco, los vecinos del barrio se convocaron en las inmediaciones del municipio donde entregaron una nota exigiendo que el Ejecutivo respete la mesa de gestión y envíe funcionarios con las facultades para la toma de decisión. Sin embargo, destacan que Julio Garro tiene otras intenciones con esas tierras. Contexto accedió a ese documento:
«La municipalidad quiere que desalojemos el lugar porque el dueño le entrega en comodato las tierras. Lo que no quiere aceptar es que el dueño entregue catorce hectáreas –de las cincuenta– para urbanizar. El municipio no acepta la urbanización con nosotros, quiere sacar las tierras para urbanizar con otra gente», explicó Rodríguez.
«El municipio no acepta la urbanización con nosotros, quiere sacar las tierras para urbanizar con otra gente»
Si bien ante la ausencia municipal no se pudo avanzar concretamente, los vecinos destacan que “la buena noticia” es que la familia Aranda tiene predisposición para vender las tierras.
“No queremos nada regalado. Queremos llegar a un acuerdo y pagarlo”, agregaron vecinos del lugar, en su mayoría changarines, cooperativistas o trabajadores informales. En este marco, el jueves a las 13:30 hs se realizará la nueva mesa de gestión, en la que esperan que el municipio “mande gente que pueda tomar decisiones”.
