En horas de la mañana del miércoles, el juez Marco Aurelio Mello, miembro del Supremo Tribunal Federal (STF), en consonancia con lo que dicta la Constitución de Brasil, dictaminó la liberación de los detenidos que no tengan condena firme para que sigan el proceso judicial en libertad, hasta que haya un fallo definitorio. Esta medida favorecía al expresidente Luiz Inácio “Lula” da Silva, que tiene aún dos instancias de apelación. Se esperaba la liberación del líder del Partido de los Trabajadores (PT), pero una vez más las presiones de la derecha hicieron que primero la jueza Carolina Lebbos se negara a acatar la resolución y luego el presidente del STF, José Antonio Dias Toffoli, anulara la medida de Mello.
Lula, el presidente que sacó a cuarenta millones de brasileños de la pobreza, que elevó a Brasil colocándolo como la sexta economía del mundo, que impulsó y aplicó políticas para la recuperación de los derechos de millones de ciudadanos y que trabajó por la construcción de la Patria Grande, sufrió una nueva injusticia. Condenado sin pruebas y arrestado cuando la Constitución indica que debería seguir su proceso judicial en libertad, continuará en las mazmorras del neoliberalismo. Los nuevos carceleros de la derecha ahora usan toga y, como el juez Sergio Moro, son entrenados por el Departamento de Estado de Estados Unidos y premiados con cargos de ministros.
En diálogo con Contexto, Oscar Laborde, diputado argentino del Parlasur, señaló que “este miércoles se vivió un nuevo capítulo de restricción de la democracia. La destitución de Dilma Rousseff ya había sido muy grave, la detención injusta de Lula, el impedimento para que sea candidato, la orden de libertad que dio un juez de segunda instancia a mediados de este año y que fue negada y trabada por Sergio Moro, que es un juez inferior al que había dado la orden, y ahora la decisión de un juez del Supremo Tribunal que nuevamente es bloqueada primero y negada después. Todos hechos que dejan en evidencia cómo en Brasil se está violentando la democracia”.
Condenado sin pruebas y arrestado cuando la Constitución indica que debería seguir su proceso judicial en libertad, Lula continuará en las mazmorras del neoliberalismo.
“Los sectores del poder que tienen una influencia muy grande en la Justicia buscan vengarse de Lula y dar una lección para que ningún muchacho de los sectores pobres de Brasil, ningún obrero metalúrgico, sueñe con hacer política y llegar a ser presidente, ni piense en terminar con las injusticias que vive ese país”, sostuvo.
Laborde aseguró que, “al saberse la designación del juez que comenzó toda esta injusticia, Sergio Moro, como ministro del futuro gobierno de Bolsonaro, todos los sectores más reaccionarios del Poder Judicial se encuentran envalentonados”.
Laborde: «Los sectores del poder que tienen una influencia muy grande en la Justicia buscan vengarse de Lula y dar una lección para que ningún muchacho de los sectores pobres de Brasil, ningún obrero metalúrgico, sueñe con hacer política y llegar a ser presidente, ni piense en terminar con las injusticias que vive ese país».
El parlamentario explicó que “hay tres casos en la región que muestran que la derecha utiliza al Poder Judicial para impedir que los líderes populares vuelvan a conducir los destinos de los países: Fernando Lugo en Paraguay, Manuel Zelaya en Honduras y Lula da Silva en Brasil. Este año hubieran ganado sus elecciones y hoy serían presidentes si no fuera porque fueron proscriptos arbitrariamente. A eso hay que sumarle el caso de Rafael Correa, que, si no estuviera en Bélgica, hoy estaría preso como Lula; el caso del vicepresidente de Ecuador Jorge Glas, también encarcelado arbitrariamente; y en Argentina Cristina Fernández de Kirchner no está presa porque tiene fueros por ser senadora, pero recordemos que hubo un juez que dictó su prisión preventiva”.
“Todo ello muestra el grave momento que vive la región y hasta ahora el movimiento popular ha dado muestras de no tener respuestas para esta situación”, concluyó Laborde.
