La controversial Resolución 246 sobre el uso de agrotóxicos, impulsada por el ministro de Agroindustria bonaerense Leonardo Sarquís, sigue sumando rechazos de múltiples sectores que han decidido activar todos los recursos al alcance para frenar la medida. La maniobra, divulgada a principio de año para “regular” el uso de herbicidas y fumigadores en las cercanías de los espacios urbanos de los distritos, ha sido calificada como la “resolución del veneno”, en este caso por la asociación civil Mar, que decidió denunciar la peligrosidad de la normativa ante la Justicia.
“Estamos analizando una acción por inconstitucionalidad de la Resolución en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Esta resolución habilita las fumigaciones en lo que se llama ‘zonas de amortiguación’, que en realidad es un eufemismo para referirse al otro lado del alambrado de lo que serían escuelas, viviendas, en poblaciones rurales o dispersas. La actividad, en definitiva, tiene consecuencias tremendamente nocivas para la población”, dijo a Contexto Soledad Arenaza, integrante de la organización y adherida a Abogados por la Soberanía Alimentaria.
Soledad Arenaza (organización mar): «Esta resolución habilita las fumigaciones en lo que se llama ‘zonas de amortiguación’, escuelas, viviendas, en poblaciones rurales o dispersas».
Mar, junto a la entidad Paren de Fumigarnos y a la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires, hicieron una presentación formal en la gobernación de la provincia, dirigida tanto hacia María Eugenia Vidal como a Sarquís.
Desde el sector sostienen que las “buenas prácticas agrícolas” sobre las que se apoya la Resolución representan un contrasentido, ya que desarrollan una serie de sugerencias para una “aplicación apropiada de agrotóxicos” pero no reducen el impacto ambiental básico de los químicos.
“Esta resolución está vulnerando decenas de ordenanzas que una enorme cantidad de municipios han interpuesto durante años. A eso se suma otro elemento muy importante de la resolución, y es que establece que los municipios firmen convenios con la provincia de Buenos Aires para el control de esas ‘buenas prácticas’. Ese condicionamiento, de alguna manera, pone en duda la obligación que ya existe de por sí para los municipios de realizar esos controles”, agregó Arenaza.
Arenaza expresó que hay medidas cautelares, como en el caso de General Pueyrredón, frente a la violación de las ordenanzas de carácter protectorio del medio ambiente. En ese sentido, la nueva Resolución da legitimidad de nivel provincial, la reformulación de criterio respecto del peso de los distritos sobre sus propios controles.
En esta línea, las organizaciones y entidades han remarcado la influencia del “lobby del agronegocio” que cuestiona la autonomía de ordenanzas, e impulsan políticas que avanzan hacia un paradigma de eliminación de los modelos de agroecología. En este punto, no se puede dejar pasar la figura del propio Sarquís, quien supo ser gerente de Monsanto y lideró, además, el negocio de Semillas Seminis Sudamérica entre 2005 y 2007.
Si bien el texto de divulgación se lanzó en un principio sólo con fines informativos, no tardó en ganar las adhesiones de decenas de organismos como el CELS, APDH, Red de Abogadxs de Pueblos Fumigados, delegaciones de la CTA y las cátedras libres de Soberanía Alimentaria de una decena de universidades públicas del país. Hasta ahora, la cantidad de adhesiones se elevan a más de trescientas entidades, organismos y referentes de múltiples aristas que apoyan la denuncia.
“El único límite a la aplicación de agrotóxicos de acuerdo con la Resolución 246 es el horario escolar. Vale decir que, si los niños y niñas ingresan a la escuela a las 7:45 am, la Resolución 246-MAGP-18 autoriza a fumigar los alrededores del establecimiento educativo hasta las 7:44 am”, difundió la Organización a través de un comunicado elaborado a fines del año pasado.
Hasta ahora, la cantidad de adhesiones se elevan a más de trescientas entidades, organismos y referentes de múltiples aristas que apoyan la denuncia.
“Corresponde aclarar que, si bien la Resolución cita como antecedentes a la Constitución Nacional, la provincial, y las leyes ambientales, su contenido es contrario a la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas, al mismo tiempo que tiene consecuencias devastadoras para el ambiente. Los agrotóxicos contaminan la tierra, el aire y el suelo progresivamente”, continúa el comunicado elaborado por Mar.
Cabe destacar que el último fin de semana, el propio presidente de la Sociedad Rural del distrito bonaerense de Rojas, Alberto Del Solar Dorrego, se refirió a la “falta de información y directivas claras” por parte de Nación y Provincia respecto de la delicada discusión frente a los herbicidas.
