La policía de Salta reprimió a la comunidad diaguita Kallchaki La Aguada, quienes denunciaron que no hubo orden judicial y que los desalojos responden a los intereses económicos de la bodega Puna, que se arroga la propiedad de sus tierras ancestrales para extender sus viñedos.
Los efectivos del departamento de Cachi arremetieron con forcejeos y golpes de bastón contra los integrantes de la comunidad que se resistieron a la desocupación de los lugares que habitan. Hubo siete detenidos que fueron liberados por la tarde.
La comunidad denunció que la empresa bodeguera Puna, propiedad de la familia Montero, usurpa los territorios que les pertenecen y piden que se aplique la Ley nacional N° 26.160 vigente desde 2006 que declara en su artículo 1º la “emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”. Además, en el 2º artículo suspende “por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1º”.
Esa ley también ordena la realización de un relevamiento territorial por parte del Estado que se hizo en la zona, indicaron los diaguitas.
El conflicto se desató hace dos años, cuando la familia Montero compró parte de las tierras donde vive la comunidad en las afueras de Cachi, en los valles Calchaquíes, para proyectar sus negocios.
#Difundir | Este es el momento en q se llevaron detenido a Ulises Yanes, delegado de la UPND y comunicador d la radio indígena FM Diaguita Ambrosio Casimiro. Inmediata liberación a los 7 detenidos y respeto al territorio de la COMUNIDAD DIAGUITA KALLCHAKI LA AGUADA #Cachi #Salta pic.twitter.com/52lS8fwn32
— Maira Lopez (@MairaLopez08) February 5, 2019
“De ahí en más la bodega primero cortó el suministro de agua que baja del Nevado de Cachi y avanzó sobre los demás recursos naturales indispensables, hasta directamente cortar el camino”, señaló a Contexto David Torres, representante del Pueblo Lule de Salta en el Consejo de Participación Indígena, que representa a las comunidades de todo el país.
Frente a este cuadro de situación, la comunidad se estableció en las tierras ocupadas por máquinas de la bodega y la policía irrumpió en el lugar. En un comunicado, denunciaron que la empresa con “millonarios recursos del Estado” acaparó la zona de riego, la obra de agua en red quitando las fuentes de trabajo, y luego avanzó sobre la zona de riego, donde se ubican las viviendas, corrales y sitios sagrados.
Torres remarcó que los territorios “son una zona de viñedos de altura que está siendo extranjerizada, de hecho Salta es la provincia con mayor cantidad de tierras extranjerizadas”. Y añadió que eso se lleva adelante por la connivencia entre las empresas y los gobiernos de Juan Manuel Urtubey y del intendente Gustavo Sáenz, exmassista que viró hacia el macrismo y que podría ser su candidato a gobernador en las próximas elecciones.
