Por Pablo Pellegrino
El gobierno buscará avanzar sobre la reforma laboral en estos primeros meses del año y, según trascendió, no descarta hacerlo a través de un decreto. El portal minutouno.com accedió a un documento oficial con los puntos más destacados que busca convertir en ley el gobierno con el objetivo de reducir el denominado “costo laboral” y la litigiosidad, con un perfil menos agresivo que el viejo proyecto de reforma original, que se cayó luego de la escandalosa represión de diciembre de 2017 en el marco de la discusión de la reforma jubilatoria en el Congreso.
Ante el rechazo generalizado de los principales referentes del movimiento obrero organizado, el gobierno dejó correr el agua y volverá a la carga este año con un proyecto de ley que lleva el sugerente título de “Ley de fortalecimiento de los derechos de los trabajadores informales”.
La propuesta contempla, entre otras cosas, impulsar la formalización de los trabajadores no registrados otorgando beneficios y condonaciones de deudas y multas para los empresarios, eximirlos de sanciones penales tributarias o administrativas, derogar las indemnizaciones agravadas por informalidad y crear un fondo de cese laboral.
“Es un nombre curioso, porque el proyecto tal y como estaba planteado en los viejos proyectos de reforma implica una nueva privación de derechos para los trabajadores no registrados”, dijo a Contexto el integrante del Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad de San Martín (CETyD), Matías Maito.
Maito: “Es un nombre curioso. implica una nueva privación de derechos para los trabajadores no registrados”.
Según el especialista, el proyecto tiene un doble efecto sobre el mundo del trabajo: por un lado, priva de sus derechos a los trabajadores no registrados, y por otro beneficia a las empresas y podría incluso implicar un aliento a la informalidad.
La contratación fraudulenta de un trabajador obliga al empleador, según la ley actual, a pagar una indemnización agravada por informalidad, ya que el trabajador cuenta con un salario menor al de un empleado registrado, no tiene vacaciones pagas, aguinaldo ni aportes a la seguridad social.
“El proyecto del gobierno implica una segunda privación de derechos para los trabajadores no registrados, porque esa indemnización que cobran con el marco normativo actual, de aprobarse este blanqueo, se convertiría en una multa con un monto inferior a esa indemnización y, en lugar de ir a parar al bolsillo del trabajador, iría directamente a las arcas de la seguridad social”, explicó Maito.
Por otro lado, agregó que el trabajo no registrado tiene la particular característica de que son empleos de corta duración. “Puede pasar que un empleador se acoge a este blanqueo para formalizar a un trabajador bajo ese marco normativo y de esa manera evita las sanciones de la normativa actual, pero como esos empleos son de poca duración, puede suceder que en el corto plazo ese empleo se termina e inmediatamente el empleador puede contratar a un nuevo trabajador y volver a hacerlo de manera irregular”, sostuvo el especialista del CETyD, y consideró que el impacto que puede tener esa medida sobre la informalidad “es muy limitado”.
“Estos proyectos de reducción de costos laborales o baja de aportes patronales no tienen un impacto positivo, lo único que generan es una mejora en la rentabilidad de las empresas»
“Estos proyectos de reducción de costos laborales o baja de aportes patronales no tienen un impacto positivo, lo único que generan es una mejora en la rentabilidad de las empresas y un perjuicio en la recaudación del Estado”, afirmó.
“La situación del empleo el año pasado fue tremenda, y para este año las perspectivas no son muy favorables: el Fondo Monetario Internacional, en su último informe para nuestro país, prevé que la desocupación este año va a pasar los dos dígitos, va a llegar casi al 11% y no va a volver a estar por debajo de los dos dígitos por los próximos cinco años”, concluyó Maito.
¿Quién sino?
La comitiva del Fondo Monetario Internacional, que desde hace unos días visita el país para analizar el avance del programa pactado con el gobierno de Macri, se reunió con la cúpula de la CGT y su representante, Roberto Cardarelli, negó que la reforma laboral haya sido reclamada por el organismo de crédito internacional.
“Nosotros no pedimos ninguna reforma laboral”, dijo Cardarelli a los representantes cegetistas, y consideró que “cualquier reforma estructural que se quiera llevar adelante, sea de la naturaleza que sea, es más viable en un marco de crecimiento económico”.
Horas después de ese encuentro, la Multisectorial 21F, integrada por gremios críticos a la conducción de la CGT, celebró el primer aniversario de la multitudinaria manifestación que hicieron en la 9 de Julio el año pasado.
[AHORA] En Ferro, con el movimiento obrero que está de pie para recuperar la dignidad y derechos. Plenario de la Multisectorial #21F que crece de la periferia al centro y ya se encuentra conformada por más de 1.500 organizaciones sindicales, sociales y políticas de todos el país pic.twitter.com/i6OwIwCA8i
— Walter Correa (@waltercorreaok) February 21, 2019
El histórico dirigente sindical, Hugo Moyano, cuestionó durante el acto la reunión de la central obrera con el Fondo, y advirtió: “Ahora, como les falló en primera instancia, están insistiendo con la reforma laboral para hacerlo por sindicato, por empresa o por lo que les salga”. “Tenemos que poner todo el esfuerzo para evitar que les quiten derechos a los trabajadores”, remarcó.
Moyano: «como les falló en primera instancia, están insistiendo con la reforma laboral para hacerlo por sindicato, por empresa o por lo que les salga”.
Moyano, que más temprano participó del encuentro del Peronismo Bonaerense en La Matanza, destacó también que “todos los sectores sociales, políticos, que hemos abrazado la causa de defender a los humildes, a los trabajadores, están llevando adelante una unidad muy importante que seguramente va a terminar con esta pesadilla que desde hace dos años y tres meses vienen sufriendo los argentinos”.
