Por Juan Alonso
La causa que produce insomnio en la Gestapo de Comodoro Py tiene como protagonista a un personaje estrafalario, negado por sus propios mandantes y protegido por la sombra de brazos invisibles. De la suerte del agente “Marcelito” D’Alessio –quien se presentaba como supuesto abogado y espía de la NSA y la DEA estadounidenses– dependen el fiscal federal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio. Porque si avanza la pesquisa del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, las causas de los empresarios y exfuncionarios encuadernados, más la de gas licuado, se caerían bajo el peso de sendas y profundas nulidades. De allí el creciente nerviosismo de la maquinaria judicial y mediática extorsionadora y su trepidante manipulación en canales oficiales y redes sociales.
Hace unas horas, el juez Ramos Padilla procesó a D’Alessio con prisión preventiva por los delitos de asociación y extorsión en perjuicio del empresario Pedro Etchebest y dispuso un embargo por 10 millones de pesos. En el dictamen de más de doscientas carillas, quedó probado el vínculo entre D’Alessio y Stornelli, quienes intercambiaron decenas de mensajes de WhatsApp en tono impune y jocoso, con la utilización de cámaras ocultas, lobby de periodistas del canal América y Daniel Santoro de Clarín, uso de autos de alta gama, camionetas presuntamente de la embajada de Estados Unidos y oropeles de la DEA, más vituallas heredadas de serviciales personajes que revistarían en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). “En los pocos días que he tenido oportunidad de estudiar estas actuaciones –menos de un mes–, he podido comprobar con el grado de exigencia que se impone para esta resolución la actividad de agentes de inteligencia –orgánicos o inorgánicos– que están llevando adelante operaciones ilícitas vinculadas con la actividad del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal”, redactó el juez Ramos Padilla en la página 2 del procesamiento a D’Alessio.
“Si bien es cierto que la participación de agentes de inteligencia en investigaciones judiciales en algunas ocasiones está autorizada por ley, realizando escuchas telefónicas u otras tareas de inteligencia útiles a la investigación, siempre deben ser hechas en el marco de la legalidad y ante el ‘requerimiento específico y fundado realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción’; circunstancia que no ocurrió en los casos que habremos de analizar –sostuvo Ramos Padilla–. Por lo contrario, en los casos que se expondrán, se observa que la actividad de estos ‘servicios’ podría estar siendo utilizada para sembrar pistas falsas, coaccionar testigos o imputados, y ha respondido a intereses más bien políticos que a la búsqueda de la verdad.”
Tan es así, que ayer Etchebest denunció que personas no identificadas robaron su domicilio, y responsabilizó al periodista del Grupo Clarín, Nicolás Wiñazki, por cualquier cosa que pudiese ocurrirle a él y su familia. Así las cosas, el abuso de aprietes mediáticos no habla, digamos, del respeto de las garantías constitucionales y la defensa de los valores republicanos.
El juez Ramos Padilla afirmó que D’Alessio extorsionó a Etchebest y utilizó su conocimiento de Stornelli para logar su objetivo. Hay más de cincuenta páginas donde precisó la reunión en Pinamar que duró unas cuatro horas, todas las charlas por teléfono celular, y el pedido de D’Alessio de 300.000 dólares, que luego Etchebest sostendría con un pago de 14.700 dólares, que “Marcelito” jamás devolvió. Ramos Padilla detalló que el mecanismo extorsivo se basó en legajos de inteligencia para exponer los bienes de las víctimas, sus familias, y los asuntos vulnerables.
En relación con el delito de extorsión a Etchebest, el dictamen de Ramos Padilla comprueba:
- Todos los mensajes entre Stornelli y D’Alessio son reales. D’Alessio le escribió al fiscal “yo me ocupo personalmente de Pedro”. Se refería a Etchebest. Y el mensaje de WhatsApp quedó probado en la causa, por eso la causa se radicó en Dolores.
- En el allanamiento a la casona de D’Alessio se encontró una carpeta en inglés con el título: “Government Watch List Notice”; o sea, “un informe gubernamental de observación”, con datos personales, familiares y económicos de Etchebest y sus hijos. Uno de ellos con ciudadanía estadounidense. En un mensaje, D’Alessio desliza que esa carpeta habría sido obtenida por el fiscal Stornelli.
Por este motivo, el juez advierte: “La situación es compleja, porque efectivamente es posible que a través de las operaciones de los ‘servicios’, se compruebe un delito, pero también puede comprobarse un relato falso. No es posible aceptar y tolerar los métodos que expone D’Alessio para conocer la denominada ‘ruta del dinero K’. No es posible permitir en un Estado de Derecho que se ‘ponga en emergencia’ a un testigo, a un denunciante o al abogado defensor de un imputado, haciéndole saber que de lo contrario va ser involucrado en una causa, realizando cámaras ocultas u operaciones de ‘ablande’. Quien es ‘puesto en emergencia’, ‘atemorizado’ o ‘ablandado’ ya sea porque ha cometido un delito o porque tiene una situación personal embarazosa, porque se utiliza un ardid verosímil o por lo que fuere, es capaz de ratificar cualquier cosa con tal de que aquel acontecimiento que lo aterroriza –y que no necesariamente tiene que ser un delito– deje de ser utilizado en su contra”.
Uno de estos “ardides” fue el presunto pedido del fiscal Stornelli a D’Alessio para realizar una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira. Stornelli buscaba filmar a Ubeira en un diálogo con el arrepentido Leonardo Fariña y el abogado Rodrigo González en el marco de una propuesta ilegal. D’Alessio se comprometió a hacer la tarea. Pero la cámara oculta jamás se concretó. El escándalo de “Marcelito” llegó primero. Aunque D’Alessio anotó lo que hablaron con Stornelli en el balneario CR de Pinamar, que coincide con los audios previos al encuentro personal. La nota dice “abogado, Thomas, Yacyretá, Elaskar, Báez, Leo, Rodrigo, abogado, ardid”. Esto lo habría escrito D’Alessio y está probado que sucedió mientras hablaba con Stornelli en Pinamar.
Ubeira es el abogado de Oscar Thomas, extitular de Yacyretá, y de Federico Elaskar, el financista acusado en la causa por supuesto lavado de dinero en la causa en que Lázaro Báez es el acusado y Fariña el arrepentido. Rodrigo es el abogado Rodrigo González, a quien planeaban presionar.
–Dame una mano –escribió el fiscal Stornelli.
–Obvio, yo al abogado ese lo empomo. Llego y lo hago –contestó D’Alessio.
Pero las operaciones no culminaron. El 2 de febrero pasado, el Santoro que no es artista, el periodista de Clarín Daniel Santoro, publicó una nota en la que publicitó “denuncias por lavado de dinero en PDVSA Argentina”. La volanta decía: “En complicidad con funcionarios K”. ¿Cómo se gestó esa operación mediático judicial? Así: amenazaron a Gonzalo Brusa Duvat con una causa penal en el fuero penal económico, con el agravante de que D’Alessio le prometió que harían desaparecer el expediente si aceptaba declarar como arrepentido ante el fiscal Stornelli.
Una vez que lo ablandaron con la amenaza de la causa penal, D’Alessio y el periodista Santoro, que no es artista, hicieron el montaje de la entrevista. El juez Ramos Padilla advirtió que el rol de Santoro y otros periodistas debería ser analizado en profundidad y se preguntó cómo fue posible que un falso abogado fuese el nexo y el artífice de operaciones con acceso directo al despacho de Stornelli, porque D’Alessio filmó al arrepentido colaborador de PDVSA en su despacho.
De esta forma nadie ha logrado explicar aún cómo entró a la fiscalía de Stornelli el agente “Marcelito”, sin ser abogado ni poseer matrícula en el distrito judicial de CABA. Para mal de males, los empleados del fiscal le entregaron una copia de la declaración, que D’Alessio envió al periodista Eduardo Feinman.
Antes existió una serie de chats entre Stornelli y D’Alessio donde acordaron dónde iba a entrar Brusa Duvat. Hasta le pusieron un chaleco y D’Alessio gestionó un sitio especial a Stornelli para estacionar en los tribunales federales.
En la página 63 del procesamiento del juez Ramos Padilla, el imputado D’Alessio se defiende. ¿O se hunde en el hondo bajo fondo? Veamos: “Dado que se filtró en el diario Infobae el habeas corpus que presenté, lo cual es una locura porque lo hice porque me estaban persiguiendo. Lo que yo declaré en el habeas corpus vinculado con quien me encargó la investigación, es un alto directivo de la AFI, por eso no puedo ir a una cárcel federal, por eso requiero estar en Prefectura. Él recibía copia de todo lo que tenía que ver con el tema Etchebest, yo tenía que reportarle todo. No voy a prestar declaración indagatoria por el momento hasta tanto mi abogado tome conocimiento de la causa y se efectúe la pericia de la prueba de cargo aportada por el denunciante. Dada la égida y poder que tiene la persona que me encargó el trabajo, pregunto ¿qué hago? Me van a matar. Hago un habeas corpus para que me defiendan y lo publican en todos los medios nacionales. Me van a matar. No es un tema de paranoia. Lo publicaron en tapa de un diario”.
En esa larguísima intervención, D’Alessio mencionó a dos comisarios bonaerenses, que según él, ahora trabajan en la AFI. Se trata de Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, quienes fueron detenidos y serán indagados por estas horas. Este último, el presunto nexo de “Marcelito” con la AFI y el amigo del fiscal Nisman, a quien le pidió un arma antes de ser hallado muerto de un disparo en la cabeza dentro de su departamento de Puerto Madero en 2015.
En la profusión de audios y mensajes entre D’Alessio y Stornelli, “Marcelito” se ufanó de haber consultado a un tal “Jaime” por la antena de telefonía celular donde estaría ubicado el teléfono del abogado Ubeira. No hay una persona más temida que Antonio Horacio “Jaime” Stiuso en el lodo de la inteligencia local y regional. Si el agente en desgracia “Marcelito” se refirió a él ya suma serios y dramáticos problemas. Porque hizo lo propio con Guillermo Yanco, esposo de Patricia Bullrich, y Mario Montoto, exmontonero devenido en empresario de seguridad, además de presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí.
El agente “Marcelito” se debate en la nada. Pasó del estrellato a la incertidumbre constante. Está preso en sí mismo en un lujar ajeno. Así funciona la máquina del descarte. Ya nadie contesta sus llamados. Es el preludio del final, que tendrá tremebundas revelaciones de sus diálogos con libertadoras cívicas, agentes especializados, lobbistas judiciales, prensa canalla, jueces, fiscales, y espejismos del olvido.
