Bajo la consigna “Migrar es un derecho”, organizaciones sociales se concentraron en 7 y 50 para rechazar el DNU 70/2017 firmado por el propio presidente Mauricio Macri, el cual modifica la Ley Nacional de Migraciones, restringiendo así el derecho a migrar.
Con el argumento de detener un supuesto delito, el decreto establece que la Dirección Nacional de Migraciones podrá cancelar la residencia de cualquier inmigrante y disponer de su expulsión cuando haya sido condenado en la Argentina o en el exterior –aunque dicha condena no se encuentre firme– por delitos graves, como tráfico de armas, drogas o personas, pero también por otros delitos que impliquen pena privativa de la libertad en expectativa, como la venta ambulante o faltas de tránsito.
Esta normativa significó un importante retroceso para los migrantes, no sólo por las deportaciones, sino también por las dificultades que se presentan día a día ante una medida antimigratoria impulsada por el propio Ejecutivo nacional. “A raíz de las nuevas medidas del gobierno, están sufriendo situaciones de criminalización, dificultades para hacer la documentación, al acceso a la educación, a la salud. Hoy en día hay niños que no están pudiendo anotarse en la escuela por no tener un documento. Esto antes no pasaba”, explicó a Contexto Vanesa Herrero, de la Consejería Migrante.
La mMinistra de Seguridad Patricia Bullrich buscó justificar este decreto xenófobo y sus consecuentes expulsiones afirmando que el 20% de los detenidos del país son extranjeros. Sin embargo, estos números resultan falsos. Las propias estadísticas oficiales apuntan que hay sólo un 4% de programación migrante en condiciones de detención, en su mayoría por delitos menores.
Bajo estos falsos argumentos, Bullrich ha avanzado con las deportaciones, incluso de forma retroactiva. Uno de los casos más resonantes fue el de Vanessa Gómez Cuevas. La mujer, peruana de 33 años, cumplió una condena de cuatro años por venta de drogas, en 2014 recuperó su libertad y logró reinsertarse en la sociedad tras haber estudiado Tecnicatura en enfermería, profesión que le permitía mantener a sus tres hijos. Sin embargo, los primeros días de febrero la Policía bonaerense la fue a buscar a su domicilio y la llevó a la comisaría con la excusa de que tenía que firmar unos papeles. Ella fue con su hijo de dos años en brazos y cuando llegó al destacamento los dos fueron encerrados y posteriormente subidos a un avión rumbo a Perú.
“Muchos llegaban, no tenían problemas, trabajaban acá, no estaban vinculados al delito. Sin embargo, con este DNU, así hayan llegado diez o quince años atrás, se lo aplican. Esa persona es un adulto que ya tiene hijos argentinos, por lo que genera doble ilegalidad: por un lado aplica retroactivo, lo cual es ilegal –según los convenios internacionales, ninguna ley es retroactiva a la fecha en que se sancionó–, y la otra es que rompe la unidad familiar y vulnera los derechos del niño”, explicó a Contexto Diego Bermeo, abogado de la Consejería Migrante e integrante de la Coordinadora Migrante.
“Hay toda una campaña que se inicia hace mucho tiempo que trabaja sobre un sentido común reaccionario que ve al extranjero como un enemigo”, analizó Bermeo. “Lo que hace el DNU es reafirmar esto: nosotros somos distintos a otros. Las leyes migratorias deben incluir, deben integrar al otro, deben ayudar. El DNU hace todo lo contrario, genera criminalización y violencia simbólica”, agregó.
