Mientras prepara el terreno para la inminente campaña electoral, María Eugenia Vidal avanza en sigilo con el remate del patrimonial de la provincia de Buenos Aires, y el primer paso parece estar enfocado en los puertos bonaerenses. Es que la gobernadora decretó ayer la creación del Consorcio de Gestión del puerto de San Nicolás, maniobra que ya ejecutó en el puerto de Dock Sud.
Así, quedó concretado el Decreto 96/2019 que da paso a la entrada de entidades no estatales para el manejo y explotación del puerto de la zona norte de Buenos Aires. La medida busca que la provincia se desentienda de las actividades comerciales de esas zonas y se remita a ser un mero “arrendatario” del territorio.
Tizado: “Estamos en busca de inversiones privadas para aumentar la competitividad del puerto. El hecho de tener Consorcio va a permitir autonomía para ‘autoadministrarse’”.
“Estamos en busca de inversiones privadas para aumentar la competitividad del puerto. El hecho de tener Consorcio va a permitir autonomía para ‘autoadministrarse’”, ya había adelantado el ministro de Producción bonaerense, Javier Tizado, a mediados del año pasado sobre los planes que Vidal proyectaba sobre el puerto de San Nicolás. Cabe recordar que los puertos bonaerenses se manejan bajo la órbita de la cartera conducida por dicho Ministerio.
Mientras tanto, el sector gremial se ha mostrado preocupado por el futuro ante el desembarco de firmas privadas que compartirán la potestad del puerto. El artículo 4 del Decreto expresa que “se transferirá al Consorcio el personal que opera en la Delegación Portuaria San Nicolás, y el personal de la Dirección Provincial de Actividades Portuarias que se individualizará en el Acta de Transferencia a suscribir con el ente”.
“La creación del consorcio no resultará una solución a los problemas mencionados. La actividad portuaria debe ser conducida, direccionada y ejecutada por el Estado, principal garantía del óptimo desenvolvimiento de la actividad”
“La creación del consorcio no resultará una solución a los problemas mencionados. La actividad portuaria debe ser conducida, direccionada y ejecutada por el Estado, principal garantía del óptimo desenvolvimiento de la actividad”, habían manifestado desde el Sindicato Único de Trabajadores de Administración Portuaria (SUTAP) y la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (APDFA).
Por su parte, el sector de Unidad Ciudadana-FpV-PJ señaló que lo ocurrido en los puertos bonaerenses es comparable con la década de los noventa. Respecto de las autoridades, “parecen empeñadas únicamente en promover una virtual privatización de todo el complejo portuario. Porque esta es la naturaleza de la promoción del consorcio como modelo de gestión”. Como sucedió ya en Dock Sud y ahora en San Nicolás, se sospecha que el próximo punto sea Coronel Rosales.
Cabe destacar que a principios de 2018 salió a la luz la maniobra que llevó adelante la firma Techint para hacerse del Puerto de Frutos municipal de Campana, predio que la industria multinacional “canjeó” por las instalaciones del club local Villa Dálmine, junto a otras tierras que la empresa se autoadjudicó. Por la medida, referentes locales apuntaron a la gobernadora María Eugenia Vidal, a quien definen como “fundadora del Grupo Sophia, financiado por el Grupo Techint” y la maniobra como parte de acuerdos del sector empresarial que rodea al gobierno nacional.