Los trabajadores y trabajadoras de las cooperativas municipales de La Plata en las áreas de limpieza y recolección de residuos, entre otras, realizarán un paro y un cese de actividades el próximo jueves 21 de marzo. Será para exigirle al intendente Julio Garro (Cambiemos) que cumpla el aumento del 16% acordado en diciembre del año pasado tras las masivas movilizaciones de los movimientos sociales.
Según denuncian “Cooperativistas Municipales Unidos”, este aumento sólo alcanzó a un grupo –los que están dentro de organizaciones sociales–, quedando excluida la gran mayoría. En este marco, los autoconvocados anunciaron un paro que, según advierten, será “el comienzo de un plan de lucha escalonado”.
«Estamos todos los días limpiando las calles de la ciudad de La Plata y realmente no se nos tiene consideración para nada»
Hoy son alrededor de 4.500 cooperativistas los que prestan servicio para el Municipio, sin aguinaldo, vacaciones ni obra social, cobrando entre 5.000 y 6.000 pesos por treinta horas semanales en tareas de limpieza, barrido, zanjeos, recolección de residuos, entre otras. Este sueldo queda muy por debajo de la canasta básica, que en enero trepó a 26.443 pesos.
En diálogo con Contexto, los cooperativistas detallaron que el paro se hará sentir en las delegaciones, las plazas y el Cementerio, donde prestan servicios, para exigir el correspondiente aumento de sueldo y mejoras laborales, al encontrarse trabajando en condiciones precarias. “Es inhumano cómo estamos trabajando, no tenemos obra social, no tenemos nada”, explicaron.
“Estamos todos los días limpiando las calles de la ciudad de La Plata y realmente no se nos tiene consideración para nada. No tenemos herramientas, no tenemos nada prácticamente y estamos ganando apenas 5.000 pesos”, detallaron.
“Es inhumano cómo estamos trabajando, no tenemos obra social, no tenemos nada”
Garro y una denuncia por 1.153 millones de pesos en cooperativas
La medida de fuerza se da en medio de una denuncia penal a Julio Garro por corrupción, justamente, con cooperativas. Fue la propia concejal radical Florencia Rollié quien fue a la Justicia para que se investigue al intendente por “la presunta comisión de delitos de acción pública, en particular de fraude en perjuicio de la Administración Pública, violación de los deberes de funcionario público y asociación ilícita”.
La denuncia apunta a esclarecer el destino de fondos públicos por un monto de 1.153 millones de pesos que, para la edil, fueron gastados en cooperativas “sin explicación” entre 2016 y 2017 para la prestación de servicios diversos como barrido, zanjeo, recolección de residuos y obras de mantenimiento urbano.
