Por Florencia Abelleira
Mientras el sector sojero y los grandes agroproductores paralizaron la semana pasada unas 10 millones de toneladas de granos, hay cantidad de hectáreas que están siendo restauradas porque el agua y el fuego arrasaron con sus plantaciones. Los productores de esos campos no quisieron adherirse al paro. Tampoco quisieron, los productores familiares, que luego de dos años de debates y discusiones se lograra sancionar en diciembre del año pasado la Ley de Agricultura Familiar y que ahora está pronta a concluir con sus reglamentaciones. «A partir de la sanción de la Ley 27.118 que es la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina, culminamos con largas décadas de invisibilidad del sector mayoritario del mundo agrario en Argentina», explicó Ramiro Fresnada, Director de Apoyo a las Organizaciones de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación.
Este sector comprende 30 millones de hectáreas totales, el 65% del total de productores y constituye el 53% del empleo rural. Pero la tierra no es suficiente. Son muchos los trabajadores de este sector para ocupar sólo el 13% de los suelos utilizables del país. Por eso, una de las reformas estructurales que acapara la ley es el acceso a la tierra. Si bien las legislaciones sobre el suelo le compete a los gobiernos provinciales como consecuencia de la división de poderes, es un problema central la seguridad jurídica sobre suelos en los que han venido viviendo, produciendo y cuidando pequeños productores por décadas y que tienen derecho adquirido tal cual dice el Código Civil. «Uno de los mayores beneficios de la ley es que se declara la tierra como bien social y esto va en contra del lucro, de que nosotros, los pequeños productores tengamos que alquilarles a los que tienen dinero para poder producir», declaró Miguel Ángel Fernández, presidente de la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF).
La FONAF fue la entidad que propuso dos años atrás que se llevaran adelante foros de debate a lo largo del país para discutir una ley que amparara a los agricultores familiares. Fue un proceso similar al de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual pero en menor escala y sin eco en los medios. «Estamos seguros de que la ley es la herramienta para el cambio de la ruralidad en la Argentina. Este gobierno generó herramientas de todo tipo y ahora esta norma es un derecho adquirido que no se puede eliminar», opinó Fernández.
Además, ésta normativa responsabiliza a gran parte del Estado para que se haga cargo del crecimiento de este sector. Se creará el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar que estará coordinado por la Jefatura de Gabinete y ésta deberá, a su vez, regular distintas acciones y políticas de financiamiento con distintos ministerios como el de Infraestructura, Desarrollo Social o con el mismo órgano de aplicación que es el Ministerio de Agricultura. También el Registro Nacional de Agricultura Familiar se plantea como vertebrador para la aplicación de las distintas líneas de acción y para conocer quiénes son los agricultores familiares. «Con esta ley vamos a poder construir un proyecto agropecuario sustentable en términos económicos pero también en términos sociales y en términos ambientales», indicó Fresneda.
Por la emancipación
Fortalecer la agricultura familiar es encaminar al país hacia la soberanía alimentaria. Ésta es un concepto que viene de los movimientos campesinos que plantea qué capacidad tiene un pueblo para producir y consumir alimentos con qué tecnología producir, qué alimentos producir y de qué manera. «Defender la agricultura familiar va a ir en línea con que no sea, para hacerlo más grafico, que el Mc Donald’s no siga creciendo, sino que puedan producir y consumirse alimentos que hagan los productores familiares y que los consuman las familias en función de sus gustos. Que no sea un consumo dirigido, sino que haya un contacto entre aquellos que producen y aquellos que consumen», explicó Sergio Dumrauf, referente de la Corriente Agraria Nacional y Popular (CANPO), y agregó que «todo fortalecimiento de este sector productivo apunta a que sea más visible, más consciente, más político el acto de consumir los alimentos que comemos todos los días».
Concretamente, la Ley establece que se van a construir acciones y programas que van a intentar incrementar la productividad y van a fortalecer el empleo. «Entendemos que se va a elevar el ingreso de los agricultores familiares a partir de generar un programa nacional de comercialización que acerque al pequeño productor con el consumidor», aclaró Fresneda. «Muchas veces a un productor se le pagan cifras ínfimas por la producción primaria y después, en las góndolas del supermercado, el consumidor termina pagando hasta cifras de 400 0 500% superior al valor que se le paga al productor, por ello, necesitamos establecer programas de comercialización que de algún modo impacten de manera directa en la soberanía alimentaria», concluyó.
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¿Qué dice la ley?
- Acceso a la tierra
La norma considera a la tierra como bien social y crea un banco de tierras para el desarrollo de emprendimientos productivos que promuevan el arraigo rural, de manera articulada con provincias y municipios. «Se habla de la regularización dominial que significa que los productores que no tienen la escritura o regularizada la posesión de la tierra, lo puedan hacer. Establece que se suspendan por tres años los desalojos que es práctica común sobretodo en el norte del país», explicó Sergio Dumrauf, referente de CANPO.
- Semillas nativas
Se creará el Centro de Producción de Semillas Nativas que generará semillas que sirvan a la agricultura familiar. «En general hoy las semillas las producen semilleros transnacionales que generan semillas que son apropiadas para los grandes productores y falta la generación de semillas que sean especificas o tengan las características que le sirvan a los agricultores familiares», aclaró Dumrauf.
- Investigación
Se revaloriza la generación de líneas de investigación en conjunto con universidades nacionales, con el INTA, con el CONICET y con el INTI que atiendan a los problemas de los agricultores familiares que muchas veces son distintos a los de la agricultura empresarial. Dumrauf indicó: «Un productor familiar generalmente tiene producciones diversificadas y en menor escala y no es lo mismo que un gran productor que hace una sola variedad, por ejemplo soja, y siembra miles de hectáreas. Por eso la necesidad de líneas de investigación pertinentes y apropiadas para este tipo de productor».
- Desarrollo inclusivo
La Ley prevé la promoción de las ferias locales, zonales y nacionales de la agricultura familiar para apoyar el contacto directo entre productores y consumidores. Además impulsará el hecho de «potenciar la compra por parte del Estado que hoy en Argentina es muy bajo pero en otros países como el caso de Brasil es muy importante. El Estado le comprará al sector a partir de los hospitales, de las escuelas, de los comedores, de las cárceles», expuso Dumrauf.
- Financiamiento
Se prevé el financiamiento de capital de trabajo o de inversiones directamente del Banco Nación para la agricultura familiar con tasas preferenciales a las que se tiene hoy la cartera común del Banco Nación. La ley va a tener un financiamiento para este año de mil quinientos millones de pesos que va a salir de los distintos ministerios.
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