A pesar de su obstinación por llevar la causa que investiga la asociación ilícita que realizaba tareas de espionaje ilegal a Comodoro Py, el fiscal Juan Pablo Curi realizó un pedido al juez Ramos Padilla para continuar con la instrucción.
Concretamente, son 44 medidas de prueba solicitadas por Curi, quien en su escrito reitera su opinión sobre la competencia de la Justicia Federal porteña, entre las que se destaca la insistencia sobre el rol que jugó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el posible vínculo con los integrantes de la organización delictiva, las comunicaciones del periodista Daniel Santoro con el falso abogado Marcelo D’Alessio, la posibilidad de citar a declarar al tribunal a la conductora televisiva Mirtha Legrand y su nieto Ignacio Viale por la denominada “Operación Jaitt” que se conoció luego de uno de los allanamientos a D’Alessio, entre otras.
Algunas de las medidas, que fueron solicitadas la semana pasada pero se conocieron hoy, fueron aceptadas y ya las puso en marcha Ramos Padilla.
El punto 1 de los requerimientos del fiscal, que ya fue impulsado por el juez, es para que la AFI informe si se entablaron comunicaciones telefónicas o por correo electrónico con el falso abogado y con los otros imputados, Ricardo Bogoliuk, Rolando Barreiro y Aníbal Degastaldi. Según Curi, la medida apunta a dilucidar si la banda que investigan en Dolores era una asociación ilícita destinada a “apretar” personas para recaudar dinero o si se trata de una red de espionaje ilegal con la complicidad de funcionarios públicos. Para el caso de Bogoliuk y Barreiro, que fueron agentes de la AFI, la información requerida por el fiscal es sobre posibles comunicaciones con posterioridad a su salida del organismo.
También hay un requerimiento para que la empresa Movistar informe sobre el titular de un número telefónico que en el celular de D’Alessio aparecía con el nombre de Daniel Santoro, y el listado de llamadas entrantes y salientes desde el 1º de enero de 2016 hasta la fecha.
Otra de las medidas adoptadas por el magistrado de Dolores fue la de aceptar como parte querellante en la causa a Giselle Robles, la exabogada de Leonardo Fariña, quien podría haber sido víctima de la organización. Robles aportó documentación en el juzgado de Ramos Padilla que apunta a que la declaración de su exdefendido como arrepentido en la denominada causa “Ruta del dinero K” había sido guionada por funcionarios del gobierno para que Fariña apunte contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Este lunes también se conoció el proyecto que impulsó el senador nacional Fernando «Pino» Solanas para remover al fiscal Carlos Stornelli y quitarle la inmunidad que le permitió eludir en cuatro oportunidades el llamado a declaración indagatoria en Dolores.
Según trascendió, esta decisión surgió luego de que la Sala II de la Cámara de Casación Federal rechazara la semana pasada el pedido de recusación contra Ramos Padilla que había interpuesto su defensa y que ya había sido rechazado también por la Cámara de Mar del Plata.
El proyecto impulsado por Solanas cuenta con las firmas de diecisiete senadores y le solicita al procurador general de la nación, Eduardo Casal, el inmediato enjuiciamiento de Stornelli y se “disponga su inmediata comparecencia del Fiscal Stornelli, a prestar declaración indagatoria al Juzgado Federal de Dolores”.
