Por Pablo Pellegrino
“Fue una cosa tremenda, como no podía ser de otra manera: en esa reunión, yo me referí a los años en que yo había sido juez y dije que no quería irme de esa manera porque era muy triste para mí. Reflejaba el estado en el que yo estaba cuando, después de veinticinco años de hacer 4.500 juicios orales aproximadamente y no tener problemas nunca, tener que ir a presentar una renuncia de esta manera era una locura, pero fue el resultado de las maniobras de esta gente, que son delincuentes.” Así recuerda el exjuez titular del TOF Nº 1 de La Plata, Carlos Rozanski, los días de octubre de 2016, cuando, luego de la reactivación de viejos expedientes disciplinarios en el Consejo de la Magistratura y una dura campaña mediática en su contra, terminó presentando su renuncia al cargo desde el cual había llevado adelante algunos de los más trascendentes juicios de lesa humanidad.
La semana pasada, luego de solicitar ser aceptado como querellante en la causa que instruye Alejo Ramos Padilla, que investiga una megarred de espionaje ilegal en la que Rozanski denunció al ministro de Justicia, Germán Garavano, por haberlo forzado a renunciar a cambio de no continuar con los procesos en su contra que tramitaba el Consejo de la Magistratura (con mayoría macrista), se conocieron los audios de la reunión en la que habría sido apretado.
La destitución de Rozanski, que no fue tal porque terminó renunciando, está estrechamente vinculada al expediente que se tramita en Dolores. El testimonio de la exabogada de Leonardo Fariña, Giselle Robles, indicó que la declaración del supuesto valijero arrepentido había sido guionada por el gobierno y que habían mantenido reuniones con el ministro Garavano para ello. En una de ellas, según Robles, el ministro había prometido garantizar la libertad de Fariña si este incluía en su testimonio a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que, para blindar su libertad, el gobierno desplazaría a los jueces que entorpecieran la maniobra. Uno de ellos era Rozanski, que en ese momento tramitaba una de las causas en la que estaba procesado con prisión preventiva Fariña.
En las grabaciones que realizó Rozanski de la reunión que mantuvo con Garavano, el exjuez e integrante del Consejo de la Magistratura Luis Cabral, y el abogado y también exintegrante del Consejo Beinusz Szmukler, se puede escuchar a los dos primeros pedir la renuncia del magistrado. Incluso Cabral le reprocha no haber ido a la reunión con la renuncia lista.
“Lo que te puedo en eso garantizar, por un lado, es obviamente el trámite rápido de aceptación de renuncia, sin ningún tipo de hostigamiento de nada, y un mensaje también del gobierno y mío de normalidad”, le dice el ministro al exjuez en uno de los pasajes de la reunión.
Luego de que trascendiera el material, desde el bloque de diputados del FpV-PJ adelantaron que presentarán un pedido de juicio político contra el ministro y señalaron que “Es una vergüenza cómo viene actuando el ministro y cada día se nota más su interferencia en un Poder que se supone independiente”.
La réplica de Garavano
Según informó el sitio Perfil.com, Garavano le envió una carta documento a Rozanski en la que tilda su denuncia como “falaz, maliciosa y temeraria” y lo intima a retractarse públicamente. En el texto, el ministro sostiene que fue el exjuez quien solicitó la reunión y no al revés, y que “jamás en esa reunión” le pidió que renuncie. “Por el contrario, fue usted quien se presentó ante mí para anticiparme que renunciaría y preguntarme por la forma en que le daríamos tratamiento.” También le reprocha denunciar los hechos 3 años después de ocurridos y sostiene que la situación se agrava porque presentó la denuncia en Dolores “ante un juez que ha sido denunciado en Consejo de la Magistratura mediante nota del suscripto”.
Rozanski dialogó con Contexto, pero evitó formular algún tipo de respuesta sobre la carta documento porque todavía no había sido notificado. Sin embargo, sí afirmó que “es contradictorio que diga que yo pedí esa reunión y lo primero que se escucha en los audios es que él dice ‘gracias por venir’”.
El exjuez manifestó que “hay demasiadas pruebas” sobre el apriete y que la carta documento refleja eso. “Garavano integra una banda de delincuentes y me descalifica para defenderse”, afirmó.
“Garavano integra una banda de delincuentes y me descalifica para defenderse”
“Si las denuncias que había en el Consejo fueran ciertas, que fueron parte de toda esta historia, a mí no me pueden aceptar la renuncia. ¿Cómo a un juez que tiene esos cuestionamientos le vas a aceptar la renuncia y le vas a dictar el texto que tiene que poner?”, sostuvo, y desmintió también haber denunciado la situación tres años después: “Esa maniobra, entre otros lugares, se pergeñó dentro del Consejo y yo denuncié penalmente a sus integrantes”, recordó.
En otro pasaje del audio de la reunión que se conoció la semana pasada, el consejero Cabral advierte que “en el Consejo no saben esto. Quien lleva la causa, que es la doctora Donato, ignora tanto que esté yo hoy aquí como que él vaya a presentar la renuncia”.
Sobre ese punto, el extitular del TOF Nº 1 de La Plata dijo que “lo que hizo Cabral es ilegal y está denunciado por eso, pero además hay un detalle: ese expediente contra mí era tan trucho que lo llevaba adelante el pleno del Consejo, no era solo la consejera Donato. A tal punto, que surge en la reunión, y está en el audio, que Szmukler dice que en los cuatro años que él estuvo en el Consejo jamás un proceso fue llevado adelante por el pleno”.
También se refirió al planteo que hizo el ministro en la carta documento donde expresa que la denuncia se agrava por haberla presentado en el juzgado de Ramos Padilla, a quien Garavano denunció en el Consejo de la Magistratura en un intento por sacar la causa del juzgado de Dolores. “No habla bien de él que diga eso, porque significa que se está cubriendo.”
“Salir a decir ahora que el ministro de Justicia acostumbra a asesorar a los jueces sobre cómo escribir la renuncia es una broma o una burla”, fue su conclusión sobre la respuesta de Garavano.
El podio en el que nadie quiere estar
“Desplazar a los jueces que podían molestar era una prioridad del Estado a partir de diciembre de 2015”, afirmó Rozanski, y destacó que “hay que tener en cuenta que la facilidad que tiene este gobierno para falsear la realidad y para hablar de esta manera es muy grave, porque tiene, a su vez, medios de comunicación que lo repiten todo el día”. Es ese sentido, recordó parte de la campaña mediática que se montó en su contra y otros jueces.
“hay que tener en cuenta que la facilidad que tiene este gobierno para falsear la realidad y para hablar de esta manera es muy grave, porque tiene, a su vez, medios de comunicación que lo repiten todo el día”
El 24 de julio de 2016, la periodista Romina Manguel mostró en el programa Periodismo Para Todos la lista de los tres jueces que el gobierno “ya decidió que no continuarán en el cargo”. El “podio en el que nadie quiere estar” estaba conformado por el excamarista Eduardo Freiler, el juez Daniel Rafecas y Rozanski, en ese orden de prioridad, según la periodista.
“Una de las locuras que dijo es más que interesante: dijo que yo le alquilé un teatro a un familiar para hacer los juicios; en primer lugar, no tengo ningún familiar que tenga un teatro, en segundo lugar nunca alquilé nada, y en tercer lugar, quien está autorizado para hacerlo y lo hizo fue la Corte Suprema de Justicia”, recordó.
La semana pasada, cuando presentó la denuncia en Dolores, el exmagistrado también apuntó contra el periodista Hugo Alconada Mon, que tiene un parentesco con la secretaria que lo denunció por maltrato laboral. “La mujer que junto con Piumato lleva adelante este plan, que no fue el único, es nada menos que la hija del juez que hizo el primer voto para liberar a Fariña y es la cuñada de Hugo Alconada Mon, que es el periodista que tuitea sobre la resolución que liberó a Fariña cuatro horas antes de que se notifique a las partes”, recordó.
También se refirió a otro de los cuestionamientos que recibió por su trabajo en el tribunal platense, que es haber descuidado muchas causas y sólo abocarse a las de lesa humanidad por “afinidad ideológica”. “Eso es una manipulación de algo que es real, explícito y que yo lo he dicho públicamente”, dijo Rozanski. Y concluyó: “Siempre en el derecho penal se debería, y se debe, privilegiar aquellas cosas más graves: no podés privilegiar un hurto sobre un genocidio. Eso fue lo que se hizo en esos años y fue exactamente lo que se tenía que hacer, a tal punto que fue todo avalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
