El Tribunal Regional Federal N° 2 (TRF 2), con sede en Río de Janeiro, dictaminó que el exmandatario golpista de Brasil, Michel Temer, debe volver a la cárcel. Temer había sido detenido en marzo durante cuatro días y luego liberado por un pedido de habeas corpus.
El arresto se produce en el marco de la causa Lava Jato. El Tribunal determinó que la decisión de que vuelva a la cárcel debe ser de “efecto inmediato”.
A diferencia de lo sucedido con el expresidente Luiz Inácio «Lula» da Silva, que fue detenido, condenado y proscripto sin pruebas en sus contra, contra Temer las pruebas parecerían abundar.
En mayo de 2016, el entonces vicepresidente tomaba control de la presidencia. El golpe parlamentario contra Dilma Rousseff se hacía realidad. Rousseff lo definió como “el jefe de los conspiradores”.
Poco tiempo después se conocería un cable de WikiLeaks, que habría sido emitido en 2005, fue enviado desde Sao Paulo al Comando Sur (con sede en Miami) y señala: “El diputado Federal Michel Temer, presidente nacional del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), cree que la desilusión pública con el presidente Lula y el Partido de los Trabajadores (PT) proporciona una oportunidad para que el PMDB presente su propio candidato a las elecciones presidenciales de 2006”.
Otra parte del cable revelado por WikiLeaks asegura: “Al ser preguntado sobre el programa del partido, Temer indicó que el PMDB apoya políticas que favorecen el crecimiento económico. [El partido] no tiene ninguna objeción al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) [y] preferiría ver al Mercosur fortalecerse con el fin de negociar con el ALCA como bloque, pero la tendencia parece ser la contraria”.
Temer se puso al servicio de Estados Unidos, de Rede Globo y de todos los poderes fácticos de Brasil. Aplicó un modelo neoliberal que el nuevo presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, ha decidido profundizar.
Golpista, hombre de la CIA y fiel servidor del poder, Temer ahora parece encontrarse solo. Debe enfrentar causas por corrupción para las que parece haber sobradas pruebas, pero la politización del Poder Judicial brasilero hace que todo futuro sea incierto y que la palabra “justicia” haya perdido sentido.
