En medio del avance de los indicadores de pobreza, que afectan con mayor énfasis a los jóvenes, la Suprema Corte de Justicia bonaerense instó a los gobiernos de María Eugenia Vidal y Julio Garro a “que se arbitren las medidas tendientes a dar inmediata solución a la problemática” frente al “agravamiento de la situación de riesgo y/o vulneración de derechos por la que atraviesan los niños, niñas y adolescentes”.
“Es obligación del Estado adoptar las medidas de protección adecuadas y eficaces, a fin de restituir los derechos vulnerados a niños, niñas y adolescentes cuya misión es proteger”, sostiene el fallo firmado por el presidente de la SCJB, Eduardo Néstor de Lázzari. “En dicho marco deben disponerse las acciones positivas necesarias, con la celeridad que estos casos ameritan, todo lo cual hace a la debida diligencia y a la responsabilidad del Estado”, agrega el magistrado.
El fallo se basa en una presentación realizada por los titulares de los Juzgados de Familia del Departamento Judicial de La Plata, los jueces Graciela Inés Barcos, José Luis Bombelli, Hugo Adrián Rondina, Silvia Andrea Medilaharzo, María del Rosario Rocca, Karina Andrea Bigliardi y Mauro Javier Cerdá.
En esa presentación, advierten de las distintas condiciones que imposibilitan el adecuado funcionamiento del sistema de Promoción y Protección de los Derechos del Niño en La Plata, Berisso y Ensenada. En particular, señalan “la inestabilidad e insuficiencia del personal dependiente de los Servicios Locales, el ínfimo despliegue y mínima efectividad de las estrategias de restitución de derechos, los conflictos gremiales que paralizan la tarea de algunos de los Servicios Locales, el repliegue de las dependencias municipales del área hacia la sede central y el incumplimiento sistemático de los plazos legales de la intervención asignada a los órganos administrativos”.
En La Plata, los trabajadores de la Dirección de Niñez y Adolescencia del municipio emitieron un comunicado donde se pronunciaron a raíz del fallo de la SCSB. En ese texto denunciaron el “vaciamiento” del sistema de promoción y protección de los derechos de los niños y remarcaron que “el punto de inflexión” en este sentido fue el despido a principio de año de seis trabajadores de la sede de Altos de San Lorenzo, que quedó desmantelada.
En la capital bonaerense hay diez sedes de Servicio Local que dependen de la Dirección de Niñez y Adolescencia, donde trabajan equipos interdisciplinarios que reciben casos de violencia familiar y de género, entre otras problemáticas. Los trabajadores reclaman desde hace dos años mejoras en sus condiciones laborales, ya que en su mayoría se encuentran precarizados con contratos renovables cada tres meses. Con los despidos en Altos de San Lorenzo, el servicio entró en crisis.
“Cada Servicio Local redujo su atención. Estamos en estado de asamblea permanente. Después de los despidos, volvimos a los servicios pero no trabajamos como antes, sólo atendemos los casos urgentes”, explicó en diálogo con Contexto una de las trabajadoras que se desempeña en la sede de Los Hornos y que prefirió preservar su nombre.
“Sin recursos materiales y humanos, tales como móviles, mobiliario, capacitaciones, falta de personal, crisis del sistema de salud en la atención de salud mental de niños y adolescentes, falta de vacantes en el sistema educativo, hogares en condiciones paupérrimas, y vestigios del sistema de patronato, por mencionar sólo algunos, se torna una ficción legal pretender la implementación de estrategias efectivas a los fines de restituir los derechos de los niños por los que debemos velar”, describieron los trabajadores en el comunciado.
Mediante la entrega de una nota y un pedido de reunión, exigieron a los gobiernos de Vidal y Garro “fortalecer a través de sus funcionarios” el funcionamiento de las áreas de Niñez “con políticas públicas concretas y sustentables”.
Por el ajuste, los más perjudicados son los niños
Los niños, niñas y adolescentes representan el rango etario más perjudicado por el hambre y la pobreza, lo que genera mayor vulnerabilidad social en este sector. Según el último informe del INDEC sobre los índices de pobreza e indigencia, referido al segundo semestre de 2018, el 32% de las personas del país son pobres, pero el dato más alarmante fue que esa condición asciende al 46,8% de los chicos de menos de catorce años.
Más acá en el tiempo, los últimos datos de la canasta básica total (CBT), que incluye alimentos y servicios necesarios para no ser considerado pobre, arrojan que en marzo aumentó 4,3% en comparación con febrero por el impacto de la inflación, que fue más alta en los alimentos. La CBT aumentó 1.181,51 pesos con respecto a los 27.570,43 pesos que valía en febrero. En el acumulado del tercer mes del año, tuvo un aumento de 12,8%, superior al 11,8% de inflación acumulada en el mismo período.
