Por Pablo Pellegrino
La Cámara Federal de Mar del Plata, con los votos de los jueces Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Bernardo Bibel, este último integrante de la cámara de Necochea, resolvieron que la causa que investiga la asociación ilícita dedicada a actividades de inteligencia ilegal vinculada a funcionarios judiciales, políticos y periodistas seguirá en Dolores “provisoriamente”.
La decisión es exactamente opuesta a la que esperaban tanto los imputados Marcelo D’Alessio y Carlos Stornelli, como al propio gobierno de Mauricio Macri, que a los pocos días de iniciado el expediente denunció a Ramos Padilla en el Consejo de la Magistratura.
En el fallo, los jueces explicaron que le cabe al juzgado de Dolores la competencia, ya que fue el primero en intervenir y todavía no se ha podido determinar fehacientemente el asiento territorial de la asociación ilícita.
Además, descartaron la posibilidad de desguazar la causa, como había trascendido, y remitir a distintas jurisdicciones los distintos delitos que cometió la banda. “Tenemos en claro que las distintas conductas delictivas que se habrían llevado a cabo por los imputados de formar parte de esa organización criminal son inescindibles de la asociación ilícita conformada precisamente para ello”, dijeron los camaristas, y añadieron que será el juez declarado competente, en este caso, Ramos Padilla, “el que conozca e intervenga en esa investigación quien será llamado por la ley para reunir y acumular el conocimiento de los delitos que la agrupación hubiese cometido”.
“En efecto, debemos enfatizar que la presunta extorsión a las señaladas víctimas en este proceso penal, el supuesto tráfico de influencias, la aducida infracción a la ley 25.520, las diferentes conductas de coacción a que habrían sido sometidas otras tantas de esas víctimas, y demás infracciones penales que surgen de la causa no podrían juzgarse en forma independiente y aislada del delito básico de asociación ilícita”, concluyeron sobre ese tema.
El fallo es un duro revés para el fiscal Carlos Stornelli, declarado en rebeldía a fines de marzo por negarse en cuatro oportunidades a prestar declaración indagatoria. Tanto él como D’Alessio esperaban que la causa fuera remitida a Comodoro Py, donde tendrían chances de encontrar jueces con un perfil más amigable de acuerdo con las imputaciones que tienen.
“Luego de una sesuda evaluación de los elementos colectados en autos, entendemos que ellos no permiten establecer –por el momento– el lugar donde se habrían configurado tales ilícitos, en razón a que la hipótesis inicial de investigación no se encuentra todavía acotada a la totalidad de los ilícitos que aquí se investigan”, explicaron sobre la cuestión territorial.
Cabe recordar que, sobre ese punto, tanto el fiscal Curi del juzgado de Dolores, como las defensas de Stornelli y D’Alessio, señalaban que el pago de la presunta coima que abonó el empresario Pedro Etchebest –el denunciante por el que se inició la causa– se realizó en un hotel de Capital Federal y, por lo tanto, debía ser la Justicia capitalina la que se hiciera cargo del expediente.
Sin embargo, los integrantes de la Cámara de Mar del Plata señalaron que, “al ser investigada esencialmente la existencia de una asociación ilícita que carece de sede cierta, que el domicilio del principal imputado es en la localidad de Caning (provincia de Buenos Aires), que existirían conductas ilícitas cometidas en varias jurisdicciones territoriales –incluso con efectos en el exterior del país–, y que la Agencia Federal de Inteligencia ha negado que D’Alessio no ha prestado servicios en agencia de inteligencia alguna –entre otras circunstancias relevantes–, lo que corresponde por impulso, prevención, concentración y mejor administración de justicia es que sea el magistrado preventor el que continúe a cargo de la investigación”.
Las chances de Stornelli de continuar eludiendo el llamado de Dolores son ahora más escasas y en un marco de enorme soledad para el fiscal de la causa de las fotocopias de los cuadernos. Se espera también que sea citado en poco tiempo el “arrepentido” Leonardo Fariña, que habría sido “guionado” para que involucre a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa denominada “Ruta del dinero K”.
Una nueva denuncia
El futuro de la causa que tramita Ramos Padilla podría incluir más testimonios y declaraciones de funcionarios y periodistas vinculados o víctimas de la red de espionaje ilegal. Uno de los más comprometidos es el columnista de Clarín, Daniel Santoro, de probados vínculos con el falso abogado Marcelo D’Alessio.
En ese marco, la diputada nacional del Frente para la Victoria, Nilda Garré, presentó una denuncia en el juzgado de Dolores contra Santoro y la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto, señalada como “usuaria” de la información producida por la asociación ilícita.
La denuncia de Garré apunta a un artículo publicado en 2015 en Clarín, donde Santoro aseguraba que, “según fuentes bancarias y documentos”, la diputada y Máximo Kirchner compartían cuentas millonarias secretas en paraísos fiscales. La información fue desmentida dos años después por el Departamento de Justicia norteamericano.
“He sido víctima de una operación semejante con la intervención de los aquí investigados, a propósito de una denuncia de la diputada Paula Oliveto basada en la difusión que hiciera el periodista Daniel Santoro en el diario Clarín de una noticia falsa”, dijo Garré en el escrito que difundió el portal El Destape.
