Al cumplirse seis meses de la «Masacre de Echeverría», la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) recusó al fiscal por las demoras e irregularidades en la investigación judicial. «La fiscalía nunca avanzó en las responsabilidades políticas que hicieron posible la masacre de Esteban Echeverría», expresaron, y agregaron que desde el primer momento «buscó cargar la culpa de los hechos sobre las víctimas, desestimó el testimonio de los sobrevivientes e, incluso, pidió que se investigue a uno de ellos por falso testimonio».
El 15 de noviembre del año pasado se produjo un incendio en un calabozo de la Comisaría Tercera de Esteban Echeverría. Ante el hacinamiento, la cantidad de mantas y colchones no ignífugos y la falta de agua, dos personas que se encontraban detenidas allí fallecieron en el acto y otras ocho los días siguientes. Desde la CPM difundieron un informe sobre el estado de los espacios de encierro bonaerenses y remarcaron que en ningún momento ingresó la policía con matafuegos para intentar sofocar el fuego o abrir las celdas. Además, recordaron que la comisaría no tenía red de prevención de incendio y los dos matafuegos que había en la dependencia tenían la carga vencida.
Cabe destacarse que el expediente judicial por la muerte de las diez personas se tramitó en la Fiscalía Nº 4 de Lomas de Zamora y que, «a pesar de ser una fiscalía especializada en violencia institucional, el fiscal no aplicó ninguno de los protocolos ni reglas internacionales que deben atenderse en este tipo de casos», según detallaron desde el organismo público autónomo y autárquico que patrocina a nueve familiares de las víctimas. La comisaría donde se produjo el incendio tenía siete clausuras, una por resolución ministerial y seis por orden judicial, además de superpoblación –la institución policial estaba destinada a alojar un máximo de diez detenidos, pero el día del incendio había veintiséis–.
La CPM denunció la criminalización de las víctimas Jeremías Rodríguez, Elías Soto, Walter Barrios, Carlos Ariel Corvera, Jorge Ramírez, Miguel Ángel Sánchez, Juan Carlos Fernández, Juan Lavarda, Eduardo Ocampo y Fernando Martín Argüello y la casi nula investigación de las acciones u omisiones de los funcionarios responsables. En este sentido, afirmaron que la parcialidad está manifiesta desde la instrucción de la causa, dado que intentaron imputar por falso testimonio a uno de los sobrevivientes que, a su vez, es parte del proceso como particular damnificado.
«Cuando prestó declaración testimonial dio detalles sobre lo ocurrido esa noche y sobre la actuación policial cotidiana sustentada en la violencia, los malos tratos y la indiferencia a los reclamos reiterados. El fiscal, lejos de valorar su testimonio, adoptó una vez más una actitud criminalizadora de las víctimas y pidió que se lo investigue por falso testimonio», difundieron en la presentación.
En el informe difundido la semana pasada denunciaron que el gobierno de María Eugenia Vidal mantiene la ilegalidad en las comisarías de la provincia de Buenos Aires. En esta línea, expresaron que lograr la justicia para estas diez víctimas fatales es «indispensable, también, para que el Estado no siga perpetrando una política de seguridad asentada en la vulneración sistemática de derechos humanos y haga realidad el principio de no repetición».
