Por Pablo Pellegrino
Este martes al mediodía comienza, finalmente, el primer juicio oral y público contra Cristina Fernández de Kirchner por la causa conocida como “Vialidad”, que investiga el presunto direccionamiento y pago de sobreprecios en obras viales de Santa Cruz para beneficiar al empresario Lázaro Báez y obtener retornos.
Luego del papelón de la semana pasada protagonizado tanto por el gobierno como por la Corte Suprema, el TOF II de Capital Federal rechazó el lunes un pedido de recusación que había sido presentado por la defensa del empresario santacruceño y confirmó la realización de la primera audiencia que tendrá como principal foco de atención a la flamante candidata a vicepresidenta para las elecciones de este año.
El juicio promete ser extenso: 159 testigos serán citados, entre ellos, el hombre del momento, Alberto Fernández, y los otros cuatro jefes de Gabinete que participaron de sus dos mandatos: Sergio Massa, Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina y Aníbal Fernández. Los cinco propuestos por la defensa de Cristina.
También participará otro de los hombres del momento: el arrepentido Leandro Fariña, sospechado de haber sido guionado por el gobierno para incriminar a CFK en actos de corrupción e imputado en la investigación por la red de espionaje ilegal que instruye el juez Alejo Ramos Padilla.
El comienzo de juicio, sin embargo, podría ser objetado por alguna de las defensas por los trámites pendientes de resolución que hay en la Corte Suprema. Son ocho las apelaciones al máximo tribunal que formaron parte del escándalo que derivó en la emisión de un comunicado por parte del máximo tribunal para aclarar que el juicio no se suspendía.
Entre otros testimonios que están previstos para el juicio se encuentran los del extitular de Vialidad nacional que inició la causa, Javier Iguacel; empresarios como el extitular de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, y el primo del presidente Macri, Ángelo Calcaterra; la diputada nacional de la Coalición Cívica Paula Oliveto; la parlamentaria del Mercosur de esa misma fuerza política, Mariana Zuvic; la exdiputada nacional Margarita Stolbizer, entre otros.
Los procesamientos alcanzan, además de a la expresidenta, al exministro de Planificación, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López; el exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; el primo del expresidente Néstor Kirchner y exfuncionario de Planificación, Carlos Kirchner; el extitular de Vialidad nacional, Nelson Periotti, y seis funcionarios más de Santa Cruz.
La rara costumbre de pedir pruebas
Uno de los máximos cuestionamientos que recaen sobre esta causa es el pésimo desempeño de la instrucción, que estuvo a cargo del juez Ercolini y los fiscales Ignacio Mahiques (hermano del representante del gobierno en el Consejo de la Magistratura y designado como fiscal especial) y Gerardo Pollicita. En efecto, el principal sustento de la causa es una auditoría sobre cinco de las 51 obras cuestionadas.
El delito que se le achaca a la exmandataría volvió a ser el preferido de Comodoro Py: asociación ilícita. Según la instrucción, existió una estructura montada por Néstor y Cristina Kirchner a partir de 2003 tendiente a saquear el Estado. Sobre este punto vale recordar la ironía que utilizó la semana pasada el exsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, durante una charla en el edificio Sergio Karakachoff que brindó junto a la diputada provincial Florencia Saintout: “La simple multiplicidad de asociaciones ilícitas por las que se acusa a Cristina dan cuenta o que era muy mala armando asociaciones ilícitas, porque cada una se dedicaba a un delito distinto, o que en realidad es falso”.
La auditoría sobre las obras es un tema central, ya que investigar sólo cinco de ellas podría prestarse a una lectura sesgada e incompleta sobre los presuntos delitos y ese es el eje principal de la evaluación que hará la Corte Suprema para evitar que la causa pueda ser declarada nula.
La causa se originó inmediatamente después de la asunción de Cambiemos y del entonces titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel. La primera medida que tomó como funcionario de ese organismo fue una auditoría sobre las obras viales de la provincia de Santa Cruz. Para desgracia del funcionario, los ingenieros que fueron enviados para analizar decenas de obras en dos semanas concluyeron que no hubo sobreprecios ni incumplimientos por parte de la empresa. No obstante, Iguacel continuó con su denuncia y el fiscal Eduardo Taiano comenzó la investigación en abril de 2016, pero sólo duró hasta agosto: fue desplazado de la causa que finalmente instruyeron Pollicita y Mahiques.
Taiano, entre otras medidas, había ordenado constatar efectivamente la existencia de irregularidades en las licitaciones de obras viales en Santa Cruz, peritajes contables y un punto clave: individualizar a las principales empresas que habían hecho obras viales entre 2003 y 2015, verificar si habían sido beneficiadas irregularmente y hacer una comparación entre esas obras y las que hizo Báez para constatar si existieron sobreprecios. La línea de Mahiques y Pollicita fue otra.
“Cabe señalar que en su declaración el contador auditor Bianchi (uno de los enviados por Iguacel a Santa Cruz) relató que la Dirección Nacional de Vialidad no cuenta con ‘una clasificación de obras que guarden o no guarden relación con precios de mercados; no tenemos esa clasificación, dado que las mismas surgen de los procesos licitatorios en el ámbito que corresponda’; ¿cómo pudo entonces Iguacel describir que se habrían detectado marcados sobreprecios en las obras asignadas a Báez?”, había cuestionado el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, en 2017, oportunidad en la que pidió la nulidad del proceso.
