En el marco del declive de la actividad del sector nuclear, diputados nacionales del FpV-PJ presentaron un proyecto de resolución en repudio de las suspensiones de cien trabajadores de la empresa contratista Tecna, vinculados al desarrollo nuclear de reactores CAREM (Central Argentina de Elementos Modulados) en Lima, partido de Zárate. A su vez, expresaron su repudio por la «interrupción» y «desmantelamiento» por parte del gobierno nacional de las operaciones relacionadas a esta central y al Plan Nuclear reanudado como política de Estado desde 2006.
El proyecto le pide al Poder Ejecutivo que «se retomen las obras del Plan Nuclear, el proyecto CAREM y las centrales Atucha III y IV» y «garantizar el pago de salarios de los 100 trabajadores suspendidos». La iniciativa fue de la diputada Fernanda Vallejos y también lleva las firmas de sus compañeros de bloque Roberto Salvarezza, Daniel Filmus, Daniela Castro, Verónica Mercado, Darío Martínez, Sergio Leavy y Alicia Soraire.
«Presentamos un proyecto repudiando las suspensiones y despidos de trabajadorxs del sector nuclear, así como la interrupción de los desarrollos vinculados al CAREM y el plan nuclear», afirmó Vallejos, quien exigió al presidente Mauricio Macri «la continuidad de estas obras y desarrollos estratégicos».
Vallejos: «Presentamos un proyecto repudiando las suspensiones y despidos de trabajadorxs del sector nuclear, así como la interrupción de los desarrollos vinculados al CAREM y el plan nuclear».
La suspensión de los treinta trabajadores fue el 31 de mayo, justamente el Día de la Energía Nuclear. Podrían convertirse en despidos incluyendo a treinta empleados jerárquicos de dirección de obra. Responden a la empresa contratista Tecna, que representa en el país a la firma española encargada de la construcción del Balance de Planta, las instalaciones y equipos necesarios para la generación de energía eléctrica.
Con contratos laborales a valores de 2016, previos a la devaluación –con el dólar a 18 pesos– y la espiral inflacionaria, estas empresas tomaron la decisión de implementar las suspensiones con el fin de renegociar los contratos.
Los diputados apuntan que el conflicto «tiene su origen en el desmantelamiento progresivo del Plan Nuclear de 2006», representado en la Ley 26.566 que fortalecía la actividad nuclear. A principios de 2017, el gobierno de Mauricio Macri postergó la construcción de las centrales Atucha III y IV, que durante el final del mandato de Cristina Kirchner se habían planeado hacer a partir de convenios firmados con la República Popular China y la Federación Rusa. Estas postergaciones impactaron en cientos de trabajadores de la zona de Zárate, donde en 2017 se declaró la emergencia laboral ante la ola de cesantías que, según los gremios del sector, llegaron a cinco mil.
Ahora el ajuste nuclear alcanzó a los trabajadores del proyecto CAREM. Los legisladores señalan que la adjudicación de este proyecto «pasó de la empresa estatal Nucleoeléctrica SA (NASA) a once (11) contratistas privados incluidas entre ellas a la firma Caputo SA, empresa del confeso amigo del presidente, Nicolás Caputo». Y añaden que «sumado al desmantelamiento de NASA, INVAP, la CNEA, la ARN y la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), se patentiza un proceso privatista y de freno de la actividad nuclear en la Argentina, que trae como corolario esta dramática decisión de suspender a los trabajadores».
la adjudicación de este proyecto «pasó de la empresa estatal Nucleoeléctrica SA (NASA) a once (11) contratistas privados incluidas entre ellas a la firma Caputo SA, empresa del confeso amigo del presidente, Nicolás Caputo».
El área del Estado encargada de negociar con las empresas para evitar los despidos es la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que desde que asumió Cambiemos perdió su autarquía y actualmente depende de la Subsecretaría de Energía Nuclear, un organismo de quinto orden. «Si la CNEA no reactualiza los valores, se ve afectada la contratista principal que es Tecna, la subcontratista Adecco, y el hilo más débil son los trabajadores», afirmó Julio González, titular de la Uocra Zárate, en declaraciones a los medios.
«El desarrollo nuclear es un símbolo y un emblema para quienes defienden la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Es absolutamente esencial, siguiendo estos lineamientos, repudiar las suspensiones y la política de destrucción de la energía nuclear, así como exigir al Poder Ejecutivo que retome la senda del desarrollo estratégico originalmente adoptado en la materia», sostuvieron los diputados.
Además de su reducción ministerial, la CNEA tuvo un fuerte recorte presupuestario. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), «el presupuesto destinado a CNEA medido en dólares se redujo de US$ 363 millones en 2015 a US$ 161 millones cuatro años después».
También advierten de «la pérdida de relevancia presupuestaria del sector nuclear». «El presupuesto destinado a CNEA en 2019 representa sólo el 0,16% del Presupuesto General de Gastos cuando en 2015 representaba el 0,24%», lo que significa que «en los últimos cuatro años se redujo a un tercio la participación del presupuesto de la CNEA en el gasto total del Estado».
