La filtración de los diálogos entre el fiscal a cargo del caso Lava Jato, Deltan Dallagnol, y el entonces juez federal Sergio Moro (hoy ministro de Justicia) confirman la existencia de un entramado compuesto por miembros del Poder Judicial, grandes cadenas de medios de comunicación, representantes de la derecha política y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Los objetivos de ese entramado: evitar que los líderes populares de la región vuelvan a conducir los destinos de sus países y favorecer los intereses de las grandes corporaciones norteamericanas.
Los diálogos filtrados por el portal The Intercept, dirigido por el periodista Glenn Greenwald (ganador del premio Pulitzer), demuestran que el juez Moro indicaba (de manera ilegal) los pasos que debía seguir el fiscal Dallagnol en el armado de la causa contra el líder del Partido de los Trabajadores (PT).
Según la ley de Brasil, en un proceso judicial, el procurador (el fiscal) debe ser quien dirija la investigación y construya la acusación, el abogado del acusado debe presentar los argumentos de la defensa y el juez debe ser un actor imparcial que escuche a las dos partes por igual sin prejuicios para garantizar la transparencia del proceso.
Moro no sólo no cumplió con su rol en el proceso contra Lula da Silva: dirigió en persona el armado de la causa para atacar al expresidente. A pesar de ello, no pudo demostrar la culpabilidad de Lula. Sin embargo, en su fallo condenatorio, aseguró que no tenía pruebas pero que tenía «la convicción» de que el exmandatario había cometido el delito del que se lo acusaba y que eso era «suficiente» para condenarlo.
El accionar de Moro, en conjunto con el fiscal y con la cobertura mediática del multimedia Rede Globo, quitó de la carrera presidencial a Lula da Silva (quien hasta ese momento era el candidato con mayor intención de voto). De esa manera allanó el camino para que el candidato de ultraderecha, Jair Bolsonaro, se transforme en el nuevo presidente de Brasil. Inmediatamente a que Bolsonaro se transformase en el mandatario del gigante suramericano, Moro fue nombrado ministro de Justicia del nuevo gobierno.
La persecución política mediante la demonización y estigmatización mediática y el ataque arbitrario e ilegal de un sector del Poder Judicial se replica también en Argentina y Ecuador.
Durante la entrevista que el periodista Iván Schargrodsky le hizo a Alberto Fernández en el canal C5N, el precandidato a la presidencia de Argentina aseguró que la situación en Brasil «es de una gravedad inusitada» y remarcó: «No es distinto a lo que hace tiempo decimos que pasa en Argentina».
Fernández sostuvo que el ataque mediático-judicial contra líderes populares «ocurre en Brasil, ocurre en Argentina y ocurre en Ecuador. Es una práctica que ha sido dada desde el norte», y agregó: «Hace muchos años que vengo planteando que el caso Lava Jato también supone un feroz ataque contra el sistema de obra pública de América Latina y que no es casual que el elegido haya sido Odebrecht. Porque esa empresa se había metido, en términos de la economía norteamericana, ‘peligrosamente’ a competir con las constructoras estadounidenses. Cuando ganó la licitación del aeropuerto de Miami, empezó el gran problema».
«Eso no quiere decir que no haya habido problemas de corrupción en la obra pública. Claro que los puede haber habido. Pero se montó y se exageró ese conflicto para condicionar la obra pública en toda América Latina y para terminar con lo que los norteamericanos llamaban el ‘populismo’», remarcó.
Fernández señaló que «lo que está mostrando Brasil es para que ‘prendamos las luces’. No es muy distinto. En Argentina también hay ‘jueces Moro’, hay fiscales que inventaron causas, que inventaron pruebas y que manipularon testigos», y sostuvo que en Argentina «como los fiscales no pueden actuar de oficio, siempre tienen un artículo periodístico de donde agarrarse para iniciar una causa».
Pocos días antes, el papa Francisco había manifestado su «preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos, a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales». «El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales», aseguró el Sumo Pontífice. Y concluyó que «para garantizar la calidad institucional de los Estados es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas».
Tiempo atrás, la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner aseguró que «la utilización del Poder Judicial como un instrumento de persecución y proscripción de dirigentes populares es un modelo regional». En su intervención en el Senado argentino, remarcó: «Lo que está pasando hoy, y ningún senador o senadora se puede dar por no enterado, la utilización del Poder Judicial como un instrumento de persecución y proscripción de dirigentes populares, les aclaro, más allá de la categoría de ‘juez enemigo’ de Claudio Bonadio, que es sólo un instrumento, un títere en definitiva. Esto es un modelo regional que podemos ver en Brasil claramente».
Cristina Fernández de Kirchner concluyó que «esta instrumentación del Poder Judicial que se da aquí en Argentina, que se da en Brasil, que se da en Ecuador, es una estrategia regional, no tengo ninguna duda, y creo que quienes estamos sentados en estas bancas, con mayores o menores diferencias, también lo sabemos».
En una reciente entrevista con Contexto, Gabriela Rivadeneira, una de las principales referentes políticas de Ecuador, señaló: «Existe una estrategia regional de persecución a los líderes progresistas de Argentina, Brasil y Ecuador. Esta estrategia la advertimos hace tres años desde Ecuador bajo la denominación de ‘Restauración Conservadora’, que en nuestro país se concretó desde el cambio de mando en mayo de 2017».
«El ‘lawfare’ o judicialización de la política en el Ecuador violenta los más elementales derechos y garantías de las personas, como la del debido proceso legal, y a nivel institucional se ha manifestado con la ruptura del orden constitucional y un fuerte debilitamiento del Estado de derecho. Además, como ya ocurre en Brasil, en nuestro país también se ha manifestado mediante la proscripción de la participación política de nuestra organización: la Revolución Ciudadana», sostuvo.
Rivadeneira concluyó: «Esta estrategia regional para eliminar de la escena política a los líderes progresistas se realiza con la complicidad necesaria del aparato judicial y los medios de comunicación. Ambos se necesitan para poder desarrollar este nuevo mecanismo de golpes blandos que se han experimentado en nuestra región para influenciar en la política, ya que no pueden hacerlo mediante las urnas. Es decir, son los poderes hegemónicos y fácticos los que están detrás de estos mecanismos para denigrar y desprestigiar los proyectos progresistas que mostraron ser efectivos al momento de mejorar la calidad de vida de los pueblos y han tocado los intereses de los grupos de poder como nunca antes en nuestro continente, bajando las brechas de desigualdad que han golpeado siempre a los más pobres del continente».
Cinco pasos para el ataque mediático-judicial
- La demonización mediática: a través de un bombardeo incesante de los medios hegemónicos se busca crear en el «sentido común», en el imaginario colectivo, la idea de culpabilidad, y se toman como principal eje supuestos hechos de corrupción.
- La retroalimentación mediático-judicial: jueces y fiscales de dudosa trayectoria inician causas que se basan en las denuncias mediáticas, y los medios toman la investigación del fiscal como prueba de que las denuncias tienen fundamento.
- Ante la ausencia de pruebas, la aparición de supuestos «arrepentidos»: personajes de cuarta línea en las estructuras de los exgobiernos o empresarios comprometidos legalmente que tras la extorsión judicial acuerdan un beneficio en su situación y se transforman en la principal (y única) herramienta para sostener las denuncias.
- El Poder Judicial por un lado, la justicia por otro: jueces de reconocida cercanía con los medios hegemónicos de comunicación, con el poder económico concentrado y con el Departamento de Estado de Estados Unidos (como Sergio Moro en Brasil y Claudio Bonadio en Argentina) avanzan sobre causas que no tienen fundamentos legales y que son señaladas como «mamarrachos jurídicos» por especialistas en derecho.
- El procesamiento y la condena: con la condena mediática dictada antes del inicio del proceso, los jueces avanzan con el procesamiento y la condena judicial que busca cerrar el círculo de la arremetida. El objetivo: la proscripción y el encarcelamiento de los líderes que pueden encabezar el retorno de los procesos populares. El caso más avanzado es el de Brasil, donde Lula se encuentra arbitrariamente preso y proscrito. En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner fue recientemente procesada, y en Ecuador Rafael Correa fue llamado a juicio.
