Casi sin advertencia de los medios, el gobierno de Mauricio Macri avanza en la modificación del pliego de licitación para dejar la administración del Puerto de Buenos Aires –hoy repartida en tres sectores distintos– en manos de una firma extranjera. Con el acompañamiento de diputados de la oposición, los trabajadores buscan llevar la discusión al Congreso de la Nación.
El proyecto del oficialismo busca dejar, por un lapso de cincuenta años, el 70% del Puerto más importante del país a cargo de PSA, firma radicada en Singapur, lugar donde, de manera sugerente, fue designado como cónsul Nicolás Caputo.
Según han denunciado los trabajadores del sector, la intención del gobierno apunta a conectar el control del puerto en manos de la empresa y allanar el camino a la megaobra inmobiliaria que involucra al empresario y primo del propio Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra. Esta maniobra involucra además al titular del puerto, el interventor Gonzalo Mórtola. Aunque en un principio la licitación se preveía para resolverse a fin de año, desde Cambiemos han aumentado la presión para dejar las cosas «en orden» antes de los resultados electorales.
«El proyecto inmobiliario denominado ‘Puerto Madero 2’ involucra a nombres como Calcaterra, Caputo y Mórtola, el mismo fue aprobado sin pasar por las Cámaras correspondientes y pone en peligro el puesto de trabajo de 3.000 familias», manifestaron desde el Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles del Puerto de Buenos Aires (SGYMGMRA).
«Con esta maniobra no solo vemos el riesgo de que 3 mil compañeros trabajadores queden en la calle, sino que se pone en riesgo la calidad federal misma que tiene de manera particular el Puerto de Buenos Aires. En el mundo, este tipo de licitaciones son por muchos menos años. Acá las quieren llevar a cincuenta años. La licitación que se está terminando hoy es del año 94, duró veinticinco años y dejó un puerto obsoleto. ¿Cómo podemos saber nosotros lo que va a pasar de acá a cincuenta años con el área portuaria, marítima?», dijo a Contexto el delegado de Guincheros y Maquinistas, Daniel Maciel.
Por estos motivos, la semana pasada la oposición legislativa ha pedido interpelar al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al propio Mórtola para que brinden respuestas sobre cuál es el objetivo de esta operación. Figuras como Rodolfo Tailhade, José Luis Gioja y Pino Solanas escucharon el pedido de los trabajadores y ahora avanzan para que el gobierno brinde respuestas.
«El megaemprendimiento del gobierno busca correr el puerto al norte, ganándole al río, sacándole tierra al paseo del bajo –que ya está terminado–. Hay que pensar que esa zona equivale a 10 mil dólares por metro cuadrado. Es un claro proyecto inmobiliario que especula con el único puerto federal, de donde sale la riqueza del país que luego se discute en coparticipación. Cuando empiecen a levantar edificios ahí, de coparticipación y de federal no va a tener nada», agregó Maciel.
Entre los principales puntos de argumento del pedido de información se destaca que «el Poder Ejecutivo ha iniciado un procedimiento licitatorio que puede culminar con la reconfiguración total –y la entrega por 50 años a una empresa extrajera– del puerto por donde ocurre el 70% del comercio exterior del país».
En ese sentido, el documento remarca que el pedido de modificación de pliego de licitación se ha hecho «de manera unilateral, sin control del Congreso, de los ciudadanos ni de los trabajadores portuarios. A lo que debe agregarse que no ha promovido siquiera una medida para evaluar el impacto ambiental de un proyecto que inevitablemente lo tendrá, ya que supone rellenar y construir una nueva terminal portuaria sobre 120.000 metros cuadrados del Río de la Plata».
