El pedido se enmarca en la causa por el supuesto encubrimiento a los sospechosos iraníes por el atentado a la AMIA a través del Acuerdo de Entendimiento firmado en 2013 por el gobierno argentino y la República Islámica de Irán. Lo curioso es que la causa ya fue elevada a juicio oral y difícilmente el candidato a presidente pueda aportar información valiosa al expediente.
En febrero de 2015, el actual candidato a presidente de la nación por el Frente de Todos, Alberto Fernández, participó de una entrevista en el programa El juego limpio, conducido por el periodista Nelson Castro, en la que criticó la firma del acuerdo entre Argentina e Irán cuyo objetivo era lograr acceder a la declaración de los ciudadanos iraníes sospechados de participar en el atentado a la AMIA.
El acuerdo fue dado de baja por la Justicia argentina y nunca llegó a aprobarse en el Parlamento iraní. Sin embargo, el fiscal de la Unidad Fiscal Especial AMIA, Alberto Nisman, denunció a Cristina Fernández de Kirchner, al excanciller Héctor Timerman y a otros exfuncionarios de urdir una maniobra de encubrimiento cuyo fin era levantar las alertas rojas de Interpol que pesaban sobre los iraníes.
Actualmente, la causa fue elevada a juicio oral por el juez Claudio Bonadio y está en manos del Tribunal Oral Federal Nº 8 que prepara el juicio. Sin embargo, el pedido de uno de los querellantes de la causa, el abogado Tomás Farini Duggan, dio un giro con tintes electoralistas.
Alberto Fernández no había recibido cuestionamiento alguno en el terreno judicial hasta que en mayo de este año se confirmó que encabezaría la fórmula presidencial junto a CFK y comenzó a sonar con más fuerza en el ámbito judicial. El pedido de Duggan fue la citación de Fernández como testigo en el marco de esa causa por sus dichos durante la entrevista de 2015. Curiosamente, el «testimonio» del candidato opositor no tuvo relevancia durante los más de tres años que duró la instrucción.
Las críticas de Alberto Fernández al acuerdo con Irán son conocidas. Incluso ayer, en el programa Debo decir, de Luis Novaresio, ratificó su cuestionamiento a la medida que calificó como «un error enorme».
La solicitud del abogado querellante llegó el 21 de mayo pasado, el mismo día en que la diputada del Parlasur por la Coalición Cívica Mariana Zuvic también acusó a Fernández de ser el «organizador» de una asociación ilícita junto al expresidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, para retrasar el inicio del juicio por la «causa Vialidad».
En ese momento, la Corte pidió el material para evaluar las pruebas reunidas en un caso signado por la polémica: se acusa a Cristina y a exfuncionarios nacionales y de la provincia de Santa Cruz de direccionar obras viales en favor de esa jurisdicción y con Lázaro Báez como beneficiario de unas 51 obras, de las cuales el Tribunal ordenó peritar sólo cinco.
Luego de conocerse la decisión de Bonadio de convocar para el 10 de julio a Fernández, Graciana Peñafort, abogada del excanciller argentino Héctor Timerman, ironizó en Twitter: «Amo fuerte que Bonadio llame a declarar a Alberto Fernández y no llame a declarar a Ronald Noble, ex secretario general de Interpol, que ha pedido declarar expresamente. Cosas que pasan cuando a un juez la verdad le interesa tres carajos».
En esa línea, cabe recordar que el mismo abogado que pidió la declaración del precandidato presidencial por sus críticas al acuerdo había tenido un cruce con Noble luego de cuestionar la posible «parcialidad» del funcionario de la fuerza internacional.
Desde que se hizo pública la denuncia de Nisman, Noble desmintió que haya existido un pedido para dar de baja las alertas rojas de Interpol, pero su testimonio nunca fue aceptado por Bonadio.
