Luego de que Eduardo De Lazzari manifestara su preocupación por el posible «contagio» de las prácticas de Comodoro Py en la Justicia bonaerense, el gobierno de María Eugenia Vidal activó rápidamente una contraofensiva contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia acompañada de una fuerte campaña en los medios de comunicación.
En ese marco, el procurador general de la provincia, Julio Conte Grand, se presentó en la Justicia para que se investiguen los dichos del magistrado. La denuncia sigue la misma línea que la respuesta de la propia Vidal, quien luego de conocerse la opinión de De Lazzari sostuvo que «si el presidente de la Corte sabe que hay persecución y causas armadas, lo tiene que denunciar. Cuando uno tiene estos niveles de responsabilidad, tiene que ser consecuente con lo que dice en la acción judicial».
«Estoy hablando de causas armadas artificialmente, de abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde actúan influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público terminan por generar un panorama que es absolutamente preocupante», habían sido los duros cuestionamientos durante su exposición en un encuentro de la Red de Jueces Penales bonaerenses en la ciudad de Campana.
En la línea que describe el magistrado, rápidamente se referencia el caso del exfiscal de Mercedes, Juan Pablo Bidone, apartado de la Justicia tras develarse su colaboración con la banda de espionaje ilegal que investiga el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla.
En el marco del mismo expediente judicial que tiene como protagonistas, entre otros, al falso abogado Marcelo D’Alessio y al rebelde fiscal Stornelli, en marzo de este año se desató un nuevo escándalo en la Justicia bonaerense por la denuncia que realizó el suspendido juez Luis Carzoglio. El magistrado de Avellaneda, encargado de tramitar la causa contra la familia Moyano, sostuvo que en octubre del año pasado dos agentes de la Agencia Federal de Inteligencia se presentaron en su despacho pidiéndole que firme la detención de Pablo Moyano, hijo del líder de Camioneros. La información de esa visita fue ratificada por el propio titular de la AFI, Gustavo Arribas, en el Congreso de la Nación, aunque le restó importancia.
Las manifestaciones de De Lazzari tuvieron apoyo de distintos sectores que se solidarizaron con el magistrado y compartieron su mirada. El presidente de la Asociación de Magistrados de La Plata, Víctor Violini, fue uno de los más contundentes: «No queremos que la Justicia de la provincia de Buenos Aires se convierta en Comodoro Py», sostuvo.
El fiscal federal Federico Delgado también manifestó su solidaridad con el funcionario de la Suprema Corte, y sostuvo que «todos conocemos lo que denuncia el presidente de la Corte bonaerense, no nos podemos hacer los desentendidos». «Hay abusos de la prisión preventiva. La Justicia es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. No tengo dudas de que en los últimos años la presión sobre la Justicia aumentó. Yo lo pagué con el cuerpo: Bonadio me inventó una causa para cumplir con Arribas», dijo el fiscal en declaraciones a Futurock.
También el precandidato presidencial, Alberto Fernández, respaldó los dichos de De Lazzari y apuntó contra la gobernadora. «Vidal le pide al juez Lazzari que pruebe lo que ya está probado», dijo el candidato del Frente de Todos consultado por Radio Cooperativa.
