A dos años de la desaparición forzada del joven militante de veintiocho años, se realizaron movilizaciones en todo el país para pedir que la Justicia no cierre la causa que investiga su muerte. Bajo las consignas #NoAlCierredelaCausa, #JusticiaPorSantiago y #ElEstadoEsResponsable familiares y amigos de Santiago Maldonado junto a organismos de derechos humanos convocaron a una marcha a Plaza de Mayo.
Horas previas a la manifestación, repudiaron el accionar del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a través de la Dirección de Espacios Públicos no permitió durante varias horas el ingreso del material necesario para construir el escenario. Desde la organización solicitaron desconcentrarse pacíficamente a fin de evitar, como sucedió en otras marchas en pedido de justicia, el disturbio de infiltrados.
Sergio Maldonado y su compañera, Andrea Antico, fueron los únicos oradores del acto de cierre y hablaron de la responsabilidad del gobierno nacional. Respecto de la concurrencia, el hermano de Santiago Maldonado sostuvo que se trató de «un mensaje para el gobierno» y que «el Estado es responsable de su muerte y de la desidia». Además, apuntó contra la Justicia, que intenta cerrar la causa: «El Poder Judicial no puede estar atado al poder político, porque son poderes independientes. Los organismos de derechos humanos tenemos que empezar a trabajar para que los jueces vuelvan a ser imparciales».
Tras recordar el asesinato de Rafael Nahuel, el mismo día en el que velaban a su hermano, y el de otros niños y jóvenes a lo largo de todo el país, afirmó: «El Estado asesina a una persona cada veintiún horas. Cuando decimos que el Estado es responsable nos referimos a las personas que lo integran, los administradores del Estado. La responsabilidad no la tienen solo aquellos que ejecutan y reciben órdenes, sino también los poderes que lo integran». En esta línea, aclaró que «Mauricio Macri es el principal responsable, que con su silencio e indiferencia legitima la violencia que imparte a través de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich».
Respecto de esta funcionaria, aclaró que su culpabilidad tiene que ver con tres motivos: al incumplir en su deber de prevención de represiones violentas, al avalar la impunidad cuando dijo que no iba a «tirar a ningún gendarme por la ventana» y no investigó a la fuerzas de seguridad, sino que, por el contrario, «avaló, justificó y premió el accionar». En esta línea, también repudió que Bullrich negara la presencia de Santiago Maldonado en el Pu Lof de Cushamen, que violaran las pruebas materiales y que desde el gobierno sostuvieran que los familiares llevaban adelante su lucha por intereses políticos.
Sergio Maldonado también habló de las responsabilidades de Pablo Noceti, Claudio Avruj, Daniel Barbieri, Gonzalo Cané, Guido Otranto, Silvina Ávila, Germán Garavano y, finalmente, del juez Lleral. Respecto de este último, detalló que entre las irregularidades de la causa se destaca el hecho de omitir que se haya tratado de una muerte violenta, de no solicitar el peritaje de «los billetes que se encontraban en la ropa de Santiago en perfecto estado», de no «ampliar los puntos de pericia de la autopsia para determinar cómo, cuándo y dónde murió» ni de «contestar por qué el cuerpo presentaba signos de frío conservación».
No al cierre de la causa, basta de impunidad. Verdad y Justicia por Santiago Maldonado. pic.twitter.com/ERWq1DDI6H
— Victoria Montenegro (@MontenegroViki) August 1, 2019
Santiago Maldonado fue desaparecido por Gendarmería Nacional tras una represión a manifestantes ordenada por el Ministerio de Seguridad, en la comunidad mapuche Pu Lof de Cushamen, en las cercanías de Esquel. El 17 de octubre de 2017, a pesar de que los cuerpos no flotan río arriba, el suyo apareció a trescientos metros del lugar en donde fue visto por última vez con vida, en el río Chubut.
El artesano y tatuador estuvo desaparecido 78 días, en los que las versiones del gobierno nacional con la coautoría del Poder Judicial y de los medios hegemónicos de comunicación se manifestaron con frecuencia demonizándolo. En medio de la difusión de enunciados similares a los que expresaron durante la última dictadura para legitimar el genocidio, de conceptos como «delincuente», «terrorista», la persecución contra educadores que debatían el tema en sus clases y el pronunciamiento de discursos que relativizaron el rol de los 130 gendarmes que participaron en la represión, se llevaron adelante multitudinarias marchas para exigir su aparición con vida.
En octubre de 2017, durante un rastrillaje realizado por la Prefectura Naval y ordenado por el Juez Guillermo Gustavo Lleral, se halló un cuerpo sin vida que días más tarde se confirmó era el de Santiago Maldonado. Un año después, el Juzgado Federal N° 2 de Rawson, tras asegurar en el escrito que «se ha podido dar con la verdad que rodeó la desaparición y fallecimiento», se dispuso el sobreseimiento total y definitivo del oficial de Gendarmería Emmanuel Echazú, único imputado por la muerte de Maldonado. La decisión encabezada por Lleral, que determinó que no hubo ningún accionar estatal que debiera ser analizado, fue apelada por la querella y desde febrero de este año la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia analiza si debe reabrirse.
A dos años de la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo sin vida de #SantiagoMaldonado el Estado tiene la obligación de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables: https://t.co/pTIk85Vg15 pic.twitter.com/Afw9xclWkR
— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) August 1, 2019
Pero esa no es la única causa: en otra investigación judicial que tuvo como objetivo indagar las escuchas ilegales a familiares mientras estaba desaparecido, que luego fueron filtradas a medios de comunicación nacionales, la Justicia determinó que no hubo delitos. En la denuncia presentada, también se señala que abogados, la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, referentes mapuches y miembros de la red de apoyo a comunidades originarias en conflicto de la Patagonia también fueron espiados. En relación con este caso, será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la encargada de definir si las intervenciones telefónicas y filmaciones fueron ilegales.
