Por Rocío Cereijo
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó el octavo informe del Registro Nacional de Casos de Tortura, que registró episodios de tormentos durante 2018. El trabajo fue realizado en conjunto con el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) de la Universidad Nacional de Buenos Aires y la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) a partir de las inspecciones, registros, denuncias e intervenciones de las prácticas policiales bonaerenses y federales.
Según el relevamiento de inspecciones y monitoreo del ejercicio de las fuerzas policiales, 1.621 víctimas denunciaron 6.300 hechos de tortura en 2018. Durante la jornada advirtieron que estas cifras son alarmantes y reflejan la consolidación de las políticas punitivistas en los sistemas policiales. «Este registro parte de un principio político: creemos en las voces de las personas detenidas. Y también de otro principio: la necesidad de intervenir y denunciar para contribuir, aunque sean en casos particulares, a revertir esa situación. Ante un Estado que niega la tortura, para nosotros no intervenir no tendría sentido», resaltó el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García, que coordinó la presentación del informe.
1.621 víctimas denunciaron 6.300 hechos de tortura en 2018.
La presentación estuvo a cargo del ex relator sobre tortura de la Organización de las Naciones Unidas, Juan Méndez, quien brindó una conferencia titulada «El desafío de las democracias en la lucha contra la tortura. Visibilizar, registrar y denunciar violaciones de derechos humanos».
Comentaron la exposición Alcira Daroqui, en representación del GESPyDH del Instituto Gino Germani de la UBA; Ariela Álvarez, integrante del Comité provincial de prevención de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y/o degradantes de Chaco; y Francisco Mugnolo, procurador penitenciario.
Mugnolo manifestó que este informe representa «una verdad construida con tal rigurosidad científica, con tal valor cualitativo y cuantitativo que hace imposible su refutación. Cuando empezamos, hace nueve años, nos decían que no había tortura, después, que eran hechos aislados, y finalmente tuvieron que reconocerlo». En esta línea, Daroqui agregó que «el mayor mérito es la publicidad de este informe: hoy nadie puede decir que desconoce este diagnóstico. Este registro ha sido incluso fundamento de sentencia en algunos casos».
En los espacios de encierro de la provincia de Buenos Aires, un total de 469 personas denunciaron haber sido víctimas de 2.428 casos de tortura y malos tratos. Este número significa que hubo mil casos más de torturas denunciadas respecto de los registrados en 2017. Entre los casos denunciados en los últimos períodos, los expositores recordaron las tres masacres ocurridas en los últimos tres años: el 2 de marzo de 2017 en la Comisaría 1ª de Pergamino, el 15 de noviembre de 2018 en la Comisaría 3ª de Esteban Echeverría, y el 21 de mayo de 2019 en San Miguel del Monte, donde murieron cuatro jóvenes como consecuencia de una persecución de agentes de la Policía bonaerense.
En los espacios de encierro de la provincia de Buenos Aires, 469 personas denunciaron haber sido víctimas de 2.428 casos de tortura y malos tratos.
En las unidades penales bonaerenses la mayoría de las víctimas fueron menores de 35 años. El aislamiento y la falta o deficiente atención de la salud son las prácticas más denunciadas. Entre las más frecuentes se destacan los aislamientos, la falta de atención sanitaria y la circularidad generada a partir de los reiterados traslados a otros espacios de encierro, hecho que implica, entre otros puntos, el distanciamiento con los familiares.
También estuvieron presentes en la actividad los miembros de la CPM Susana Méndez, Ana Barletta, María Sondereguer, Víctor Mendibil y Ernesto Alonso, y la directora general Sandra Raggio, en compañía de integrantes de la Red de familiares contra la tortura y otras violencias estatales de la CPM, miembros del Mecanismo nacional de prevención de la tortura, autoridades universitarias y referentes sindicales.
