La familia de Santiago Maldonado publicó un comunicado donde expresó que «el fallo dado a conocer el viernes 6 de septiembre de 2019 es contradictorio y por lo tanto arbitrario». El pronunciamiento surge a partir de la reapertura de la causa dictada por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que integran los jueces Hebe Corchuelo de Huberman, Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez.
En este sentido, cuestionaron que en el escrito se admite que «no se realizaron las medidas de prueba necesarias y reconoce que la autopista debe ampliarse, en especial en cuanto a la data de la muerte de Santiago», y se preguntaron: «Si no se sabe cuándo, no sabe cómo. ¿Entonces por qué este tribunal descarta la desaparición forzada seguida de muerte?».
«Si no se sabe cuándo, no sabe cómo. ¿Entonces por qué este tribunal descarta la desaparición forzada seguida de muerte?»
El viernes pasado los magistrados dejaron sin efecto el sobreseimiento de Emmanuel Echazú y expresaron que resulta contradictorio rechazar las medidas probatorias pedidas por la querella con la excusa de «no demorar la respuesta judicial», ya que lo que debe prevalecer es el «derecho a la verdad». La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, interpretó que este pronunciamiento solo permite investigar el posible delito de abandono de persona y sostuvo que «está más dirigido a los compañeros de Santiago Maldonado, que no hicieron nada», que a la Gendarmería Nacional.
Con esta decisión, el gendarme Echazú, ascendido por la ministra en enero de 2018, vuelve a ser el único imputado por la muerte del joven veinticinqueño. En el escrito se sostiene que no se hicieron pericias básicas para determinar qué sucedió desde el 1º de agosto al 17 de octubre de 2017. Cabe destacar que los pedidos realizados por la querella para que se reconstruyeran los hechos, que se ampliaran los puntos de pericia en la data de muerte, que se investigara la presencia de polen en las prendas, que se realizara el informe de diatomeas y la peritación del bastón y los billetes fueron presentados reiteradamente al juez Lleral, quien los denegó.
Con el objeto de «verificar o descartar la existencia de alguna otra hipótesis delictiva», la Cámara Federal solicitó ampliar la investigación. El pedido surge ante «una muerte traumática con ribetes que podrían ser tildados de dudosos, por haber acontecido en un contexto de intervención estatal en cuyo desarrollo se hizo uso de las herramientas dotadas a los agentes estatales para la prevención y represión de los delitos». Asimismo, la familia explicó que los jueces reconocieron «que existe una contradicción en la autopsia, que no dice ni cómo ni cuándo ni dónde murió».
continuarán con su lucha para que se inicie la investigación por desaparición forzada seguida de muerte «a cargo de un grupo de expertos independientes».
La familia del joven que estuvo 78 días desaparecido en 2017 cuestionó la idea difundida por el gobierno de Cambiemos: «En este fallo no se menciona ni se escribe en ninguna parte abandono de persona, por consiguiente esa versión instalada desde el mismo momento en que se conocía el fallo por todos los medio de comunicación y el Poder Ejecutivo, a través de la ministra de seguridad Patricia Bullrich, es falsa». En cuanto a la afirmación de la ministra de que el fallo habla de la comunidad mapuche, dijeron que «es incorrecto» y que «jurídicamente la responsabilidad solo es del que tiene obligación, y en este caso la obligación era de Gendarmería Nacional y por ende del Ministerio de Seguridad».
Finalmente, expresaron que continuarán con su lucha para que se inicie la investigación por desaparición forzada seguida de muerte «a cargo de un grupo de expertos independientes». La querella representante de la familia Maldonado dijo que esperaba la reapertura del caso «en medio de las elecciones y de la reunión de Sergio Maldonado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», llevada a cabo el viernes, donde el hermano de Santiago reiteró el pedido de reapertura de la causa con esa carátula.
