La CTA Autónoma y ATE realizaron este martes paro y movilización nacional por apertura de paritarias, aumento de salarios, reincorporación de despedidos y emergencia alimentaria. El telón de fondo del reclamo fue el rechazo a la política económica del gobierno.
El acto central fue en la Plaza de Mayo. Allí confluyeron los gremios ATE, la Federación Judicial Argentina, los docentes universitarios de la Conadu Histórica y los médicos de Fesprosa. En el caso de los trabajadores de la Administración Pública, abarcó a municipales, provinciales y nacionales. También estuvieron los gremios bonaerenses ATE, AJB (judiciales), CICOP (médicos), con sus demandas particulares a la gobernadora María Eugenia Vidal.
«Estamos reclamando que se reabran las paritarias, pero también esta movilización defiende el derecho de los jubilados a percibir un haber mayor a la canasta básica», afirmó durante el acto Hugo «Cachorro» Godoy. «El gobierno puso al Estado al servicio de las trasnacionales, de la fuga de capitales y de la especulación financiera», añadió.
Por su parte, Ricardo Peidro, secretario general de la CTA Autónoma, criticó la destrucción del empleo durante el macrismo y apuntó que «lo que pasa en los trabajadores del Estado se replica en los privados».
Los docentes de la Conadu Histórica, una de las confederaciones de universitarios, hicieron paros en las universidades públicas de distintos puntos del país. Pidieron un «inmediato pago» del bono de 5.000 pesos, adelantamiento a agosto de la cuota del 8% de incremento salarial pautada para el mes de septiembre, refuerzo de emergencia para las obras sociales universitarias y aumento presupuestario para el conjunto de las universidades nacionales y el Sistema Científico y Tecnológico.
En la movilización participaron organizaciones sociales, sector que pide la declaración de la emergencia alimentaria, mecanismo que permite reasignar partidas presupuestarias y agilizar las compras para comedores. El gobierno descartó hacerlo por decreto y los bloques peronistas que hoy integran el Frente de Todos llevarán este jueves al Congreso un proyecto consensuado para dictar la emergencia hasta fines de 2022.
