Por Rocío Cereijo
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció hacinamiento, sobrepoblación y torturas en la Comisaría 1ª de Florencio Varela. Se trata de una nueva dependencia policial con casi una decena de resoluciones judiciales incumplidas de inhabilitación para alojar personas.
«El Estado provincial debe revertir la política criminal e implementar políticas urgentes para evitar nuevas masacres, como las ocurridas en la comisaría 1ª de Pergamino, donde murieron 7 personas, y en la comisaría 3ª de Esteban Echeverría donde murieron 10 personas», expresaron desde el organismo que preside el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
CPM: «El Estado provincial debe revertir la política criminal e implementar políticas urgentes para evitar nuevas masacres, como las ocurridas en Pergamino y Esteban Echeverría».
Tras una inspección, los integrantes de la CPM constataron graves condiciones de detención y reclamaron el traslado de todos los detenidos y la efectiva clausura de la comisaría. Además, enviaron un informe preliminar para notificar la situación al Comité Nacional de Prevención de la Tortura y denunciaron que el comisario Alejandro Viscelli y el titular de la Jefatura Departamental, Ramón Rodríguez, quisieron impedir el trabajo de monitoreo y de entrevistas con las personas que se encontraban alojadas.
El jueves de la semana pasada, algunos detenidos realizaron una protesta para pedir mejores condiciones de alojamiento y el traslado a otras dependencias, y denunciaron también amenazas y maltrato policial. En ese momento había 42 detenidos, a pesar de que la dependencia policial está clausurada judicialmente para este fin. Durante la manifestación iniciaron un pequeño fuego con un pedazo de colchón que rápidamente fue extinguido por los bomberos locales. Luego de ese conflicto, el comisario de la seccional solicitó el ingreso del grupo antimotines, que golpeó y trasladó a los siete detenidos que iniciaron la protesta. Las 35 personas restantes alojadas en la dependencia también fueron víctimas de amenazas y golpes.
Según informaron desde la CPM, en el registro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense hay ocho resoluciones judiciales en las que se decide el traslado de las personas privadas de la libertad de esa seccional. En la última, de junio del año pasado, el Tribunal Criminal Nº 2 de Quilmes había ordenado, en el marco de un habeas corpus, la clausura de la comisaría. «Antes de las clausuras, la policía había establecido un cupo para 18 personas, aunque en el lugar no había camastros y la gente dormía en el piso», expresaron.
En diálogo con Contexto, el secretario de la Comisión, Roberto Cipriano García, detalló la situación de esta comisaría y los retrocesos en materia de derechos humanos registrados durante la gestión de María Eugenia Vidal.
Tras el monitoreo presentaron un habeas corpus al Juzgado de Garantías de turno y solicitaron el resguardo físico de las personas detenidas en la comisaría, su inmediato traslado a comisarías habilitadas para alojar personas y la clausura efectiva de la dependencia policial. Asimismo, presentaron una denuncia penal para que se investiguen los golpes y amenazas ejercidos sobre las personas detenidas por la policía, y el accionar de las autoridades policiales que buscaron impedir el monitoreo.
¿El riesgo para las personas detenidas en la Comisaría 1ª de Florencio Varela es similar al que denunciaron antes de las masacres de Pergamino o Esteban Echeverría?
Sí, es similar porque la situación de hacinamiento y sobrepoblación es muy parecida. Un lugar que también tenía alrededor de ocho clausuras judiciales y ya no podía alojar personas. Había un lugar que, para cuando estaba habilitado, tenía una habilitación para 18 personas y había 42, más del doble. La situación es grave porque tampoco tenían una red de prevención de incendios ni matafuegos en funcionamiento. Es un cuadro que se reitera en la mayoría de las situaciones de las comisarías del conurbano.
¿Tuvieron alguna respuesta del gobierno de María Eugenia Vidal ante la denuncia que presentaron desde la Comisión?
No, ninguna. Habitualmente no responden. Pese a todos los planteos, inclusive ante las medidas cautelares presentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la indiferencia es total. Podrían no dar respuesta y revertir la situación, pero tampoco lo hacen. No toman medidas que reviertan las situaciones dentro de las comisarías.
¿Qué torturas pudieron constatar dentro de la comisaría?
Por un lado, golpearon a quienes hicieron la protesta, que eran siete detenidos, y luego al resto. Pero, por otro lado, hay que sumarle todas las situaciones de hacinamiento y de detención en las que estaban. Son como cuevas: no tienen acceso al patio, al aire libre, y no hay luz natural. Además, ni camastros había; solo colchones tirados en el piso donde se tienen que turnar para dormir. No tienen acceso a ninguna actividad recreativa, están aislados todo el día. El aislamiento extremo es otra de las situaciones que se señalan como tortura.
¿Son muchas las comisarías bonaerenses en la misma situación?
Sí, en general todas las comisarías del conurbano. Son, más o menos, doscientas comisarías en situación similar. Más que nada porque no son lugares preparados para alojar personas y todas están saturadas por el crecimiento de la prisionalización y no se han revertido las situaciones materiales o edilicias. En realidad, las comisarías deberían ser un lugar de alojamiento transitorio, no deberían estar más de 48 horas las personas detenidas y luego ser trasladadas al servicio penitenciario. El problema es que quedan en las comisarías varios meses. Inclusive, en algunos casos llegan al año.
Durante la presentación del informe anual de la CPM dijo que estábamos ante la peor gestión en materia de violación a los derechos humanos desde el retorno a la democracia. ¿Qué ejemplos dan cuenta de esto?
Centralmente, el crecimiento exponencial de la población encarcelada. Ingresaron, durante esta gestión, 15 mil personas. Es un récord absoluto. En casi cuatro años, 15 mil personas hicieron que hoy tengamos más de 50 mil personas detenidas en la provincia. Esta gestión asumió con menos de 25 mil. Ese es el impacto más grande que genera situaciones de colapso en los diferentes lugares: sobrepoblación, hacinamiento, violencia. En muchos casos, para gobernar a tantas personas detenidas utilizan el hacinamiento como la forma de organización de la vida cotidiana de estos lugares. Hay cada vez más tiempo de aislamiento. Los pabellones comunes empiezan a tener dieciocho o veinte horas de aislamiento cotidiano para manejar el flujo de detenidos en la cárcel. Es una situación sumamente gravosa para las personas.
