Por Rocío Cereijo
En enero de 2017, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 70/2017, el gobierno nacional modificó la Ley N° 25.871 de Política Migratoria Argentina. En este DNU se señala que se «podrá cancelar la residencia» y la «posterior expulsión» de aquellos migrantes que tengan «antecedentes penales, condenas y/o requerimientos judiciales o de fuerzas de seguridad». El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó al Estado a adoptar «medidas inmediatas para derogar en la instancia pertinente el Decreto Nº 70/2017 y en tanto este proceso concluye, suspender su aplicación».
Desde la ONU señalaron que el decreto es contrario a los mandatos de la Convención Internacional, que fue ratificada por el Estado argentino en 2007. Sobre este punto, recordaron la existencia del fallo de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo Federal que declaró la inconstitucionalidad y nulidad del decreto, que aún se encuentra en estudio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios de la ONU instó al Estado a adoptar medidas inmediatas para derogar «en la instancia pertinente» el Decreto Nº 70/2017 y suspender su aplicación.
El pronunciamiento se da en el marco del regreso al país de Vanessa Gómez Cueva, una enfermera nacida en Perú expulsada y separada de sus hijos argentinos en febrero de este año, tras haber cumplido una condena de cuatro años de prisión. El director nacional de Migraciones, Horacio García, anunció la decisión del Estado argentino de levantar la prohibición de reingreso que le impedía volver al país y reunirse con sus hijos de seis y catorce años.
Este mecanismo de la ONU, integrado por más de una docena de especialistas de todas las regiones del mundo, también exigió que el Estado revise todos los casos de expulsiones que se hayan realizado desde la sanción del DNU y los que aún están pendientes de resolución. En este sentido, expresaron la necesidad de llevar adelante «las medidas necesarias para que, en todos los procedimientos administrativos y judiciales, se garantice el respeto de las garantías procesales a las personas migrantes en pie de igualdad con los nacionales del Estado».
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La integrante del Comité y relatora para la Argentina, María Landázuri, sostuvo que existen al menos 125 casos de expulsión que afectan el derecho a la unidad familiar informados por la Defensoría General de la Nación. Entre ellos se encuentra el de Liz Moreta, una dominicana que cumplió su condena hace más de una década, tiene tres hijos nacidos en Argentina y, sin embargo, el gobierno pretende impedirle la permanencia en el territorio.
Similar fue el caso de Jhonny Quiroz, un boliviano que vivía desde el año 2000 en Argentina, que contaba con la ciudadanía con residencia permanente y fue expulsado del país. Quiroz no recibió la notificación por haberse mudado y tras ser detenido durante una marcha de la CGT en abril fue deportado.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresaron que «los niños, niñas y adolescentes deben ser tenidos en cuenta durante los procedimientos que afectan a sus padres. Deben tener acceso a una defensa especializada e independiente». Respecto de las leyes y regulaciones a nivel federal y municipal que fueron sancionadas después del DNU, el Comité consideró que son contrarias a la Convención y restringen los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias, en particular el derecho a la salud, como en los casos de Jujuy y Misiones.
Además, expresó su preocupación por las situaciones de violencia y acoso de la policía, de las que son víctimas vendedores ambulantes de Senegal y Haití, el colectivo LGBTIQ y trabajadores de la industria textil. Sobre este punto, recomendó reconocer el trabajo autónomo como un criterio para acceder a la residencia y solicitó que el Estado adopte medidas para reducir las tasas migratorias y los plazos de los trámites de regularización.
Finalmente, advirtió a los funcionarios del gobierno por los discursos de las autoridades y medios de comunicación que asocian a las personas migrantes con la delincuencia y la inseguridad. En este sentido, alentó a que el Estado adopte medidas para eliminar los estereotipos discriminatorios sobre las y los migrantes.
