Por Rocío Cereijo
El 2 de septiembre pasado, el gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto 602/2019 mediante el cual autoriza a la empresa de bandera brasileña Tam Linhas Aéreas S.A. a «explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo con aeronaves de gran porte en las rutas» a las islas Malvinas desde San Pablo. Algunos de estos vuelos harían escala en Córdoba.
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata expresó su preocupación por tratarse de un acuerdo unilateral que «sólo beneficia a los usurpadores». Su abogado, Jerónimo Guerrero Iraola, expresó que el próximo lunes presentarán una declarativa de inconstitucionalidad del decreto, «por entender que contraviene la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que estipula que Argentina reconoce como impostergable e improrrogable el reclamo sobre Malvinas, Islas del Atlántico Sur y espacios marítimos circundantes».
El secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes CECIM La Plata, Ernesto Alonso, explicó a Contexto los motivos por los cuales la política exterior es retrógrada en materia de soberanía. Alonso sostuvo que esta medida surge a partir del acuerdo unilateral del gobierno nacional con el ex ministro de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores británico, Alan Duncan. En relación con este punto, aseguró que el decreto firmado por Mauricio Macri «no plantea ningún aspecto en relación a la lucha por la soberanía».
¿Qué implicancias tiene la autorización de vuelos a las islas Malvinas a la empresa Tam Linhas Aéreas S.A.?
Efectos contraproducentes a los intereses nacionales. Todas las políticas desde la asunción de Macri hicieron un viraje de 180 grados, siguieron un camino completamente contrario a lo que dice la Constitución Nacional. La Disposición Transitoria Primera fija la política exterior y el reclamo inclaudicable sobre los territorios usurpados. Veníamos siguiendo un camino de reclamos internacionales.
Lo de Macri se asemeja y supera a lo que, lamentablemente, se hizo durante la década del noventa. Ahí se concretaron los primeros acuerdos: el acuerdo de Madrid I y II. Ahí comienza la consolidación de la iniciativa británica sobre el Atlántico Sur, básicamente en lo que tiene que ver con la pesca.
A partir de 1985, con la instalación de la fortaleza militar necesitaban un sostenimiento ilegítimo, entonces comenzaron a saquear de manera ilegal los recursos marítimos. Eso se logró con la política de relaciones carnales de Menem. Con Macri se redobla esa apuesta porque les entrega, directamente, los recursos.
Macri se reunió con Theresa May y dijo que habían acordado tratar las cuestiones de soberanía. El Foreign Office [Ministerio de Relaciones Exteriores británico] dijo que de ninguna manera esto había sido así. En una carta que le manda Theresa May le hace un requerimiento para que cumpliera con lo que había dicho sobre hidrocarburos, que se traduce en el acuerdo del 13 de septiembre de 2016, firmado por el vicecanciller Foradori y Alan Duncan.
En ese acuerdo, que el gobierno quiso disfrazar como un comunicado conjunto, Argentina acuerda adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas Malvinas. No hay nada sobre el tratamiento de la soberanía.
¿Quiénes aprobaron este acuerdo?
Este acuerdo nunca pasó por el Congreso Nacional. Cualquier expresión de un ministro plenipotenciario o una hoja de ruta firmada se transforma en acuerdo. Seguramente el Congreso no lo habría aprobado porque viola la Constitución Nacional y la Ley de Hidrocarburos. Se permitió que las empresas trabajen de forma ilegal en la cuenca Malvinas, en la zona de explotación exclusiva que decidieron unilateralmente; les dieron la concesión de la plataforma continental.
El INIDEP, que es el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero, le entrega información científica al gobierno de las islas. A partir de la utilización del buque argentino Angelescu, extraen información para pescar de mejor manera las especies que les interesan.
¿Qué repercusiones hubo en los medios hegemónicos?
Lamentablemente, en los grandes medios nacionales como Clarín,La Nación e Infobae fue abordado como una nota de color. Esto mejora las condiciones de usurpación. Están mejorando un vuelo estratégico: San Pablo-Malvinas. Parte de un aeropuerto con conexiones internacionales. Una vez por mes pasará por Córdoba.
El segundo sábado de cada mes hay un vuelo que pasa por Río Gallegos. Ese vuelo ahora sale casi 800 dólares, por cuarenta minutos. No puedo imaginar lo que puede salir desde Córdoba. No hay ningún interés por parte de los habitantes de la isla ni de los británicos en tomar contacto con el área continental argentina.
Toda población que vive en un enclave colonial no tiene todos sus derechos garantizados. De los 3.000 habitantes, solo 900 nacieron en la isla, el resto son laburantes que van de todos lados del mundo a ganarse el mango. Están afanando recursos naturales, económicos y alimento que desde la firma de esos acuerdos se estiman en 160.000 millones de dólares. La segunda fase es avanzar sobre la explotación de hidrocarburos y minerales en la cuenca de Malvinas y una tercera fase será la explotación sobre el territorio antártico. Necesitamos parar esto.
¿Por qué cree que es necesario poner un freno urgente a estas medidas?
En Argentina hay gente que se está muriendo de hambre y estos temas parecen lejanos. Pero hacen a la conformación de un proyecto estratégico de nuestro país bicontinental y oceánico donde es necesario aplicar políticas restrictivas. No podemos seguir siendo benevolentes con los tipos que han cagado históricamente, que han violado todas las resoluciones, que en forma unilateral toman decisiones y han militarizado a la región. Las únicas políticas que tienen que avanzar son aquellas que pongan en tensión el costo-beneficio de la usurpación. Tenemos herramientas con las cuales podemos empezar a condicionar ese robo de recursos sistemático.
La política exterior del macrismo se ha puesto al servicio de los intereses británicos. Para este gobierno todo es negocio y lo planteó como si no pasara nada y fuera un simple acuerdo comercial. Pero no plantean ningún aspecto en relación con la lucha por la soberanía en el decreto. Lo enuncian como un simple vuelo a las Malvinas. Llevan a una empresa que no sabemos quiénes son. El gobierno tendría que haber exigido vuelos con bandera argentina.
En relación con los retrocesos judiciales, ¿en qué situación se encuentra la causa por delitos de lesa humanidad abierta contra dieciocho exmilitares que actuaron en las islas Malvinas?
Actualmente, la jueza [Mariel] Borruto tiene pisado el expediente y ha suspendido las indagatorias por motivos irracionales: falta de personal y de espacio físico para hacer el juicio. Aún no hay fechas. En la pata judicial también ha tomado inferencia el lobby militar: el Día del Ejército argentino, su jefe [Claudio Ernesto Pasqualini] hizo unas declaraciones y se suspendió el proceso.
Vamos a tener que observar muy bien cómo actuó el lobby militar en estos cuatro años sobre la cuestión Malvinas. Se trata de una causa de lesa humanidad de graves violaciones a los derechos humanos en dictadura. Las víctimas están sufriendo porque había una expectativa después de 37 años y 12 años desde la iniciación de la causa. Estamos evaluando hacer una presentación ante el Consejo de la Magistratura.
Ante el posible cambio de gobierno, ¿cuáles van a ser las demandas por parte del CECIM?
Irá en dos ejes. Por un lado, que se garantice el proceso de memoria, de verdad y de justicia. Esta causa debe ser tratada con celeridad. Se trata de una megacausa en contexto de la última dictadura militar. Hay ex soldados conscriptos que están esperando un proceso reparatorio por parte de la Justicia desde hace 37 años.
Por otro lado, volver a un camino que se base en la defensa de los derechos de todos los argentinos en territorios usurpados, basados en lo que explícitamente dice la Constitución Nacional. Además, es necesario reconstruir el apoyo que Argentina tiene en el contexto internacional y que se pueda rediscutir este tema en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
