Tras el fatal derrumbe en una obra en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza que dejó el saldo de un muerto y trece heridos, todas las miradas están puestas en cuáles fueron las condiciones que desencadenaron el hecho y si pudieron haber sido evitadas. Tal como el gremio de construcción UOCRA apuntó contra el gobierno por la falta de controles, desde otros sectores también señalaron la falta de atención sobre las condiciones en que se llevaba adelante la obra.
Mientras tanto, las miradas están puestas en el Ministerio de Trabajo bonaerense, conducido por Marcelo Villegas, a quien acusan de vaciar áreas claves de control de obras. «Villegas suspendió en octubre del año pasado los operativos de inspección en el sector de la construcción, dispositivos que permitían el relevamiento de las condiciones laborales y de seguridad e higiene en las obras más grandes del territorio, con una asignación de recursos e inspectores acorde a las tareas», denunciaron desde el gremio estatal ATE.
Fue el propio delegado del sector de Inspección del Ministerio de Trabajo de la provincia, Sergio Lescano, quien apuntó contra la negligencia del gobierno en el caso puntual de Ezeiza. «Hay una inspección que detectó problemas, pero no se suspendió la obra. Se le puso una infracción, no una suspensión de tareas. Las obras grandes deberían tener un programa especial sobre riesgos, y en este caso eso no se cumplió», sostuvo, en diálogo con El Destape.
«Hay una desarticulación y vaciamiento del área de Inspecciones en la provincia. Desde la falta de recursos a falta de personal. El Ministerio no ha cumplido con remplazar las bajas de trabajadores que se han jubilado o renuncian. Hoy hay menos de un inspector de Trabajo en toda la provincia de Buenos Aires en relación a cada uno de los 134 distritos. No se puede inspeccionar una obra o una empresa o un organismo público como corresponde en estas condiciones», dijo a Contexto el secretario general adjunto del sindicato estatal, Carlos Díaz.
Según estimaron desde el sector, en junio de este año el Coordinador Regional, Roberto Sánchez, encomendó a «un solo inspector la verificación de una denuncia sobre el predio de 48 mil metros cuadrados, con 700 trabajadores y más de 60 empresas contratistas que operaban en Ezeiza al momento de la tragedia». Acorde a lo señalado, la tarea hubiera requerido la presencia de «al menos 5 inspectores y un cronograma de visitas que les permitieran dar cuenta del universo referido».
En ese mismo punto coincidió el referente del sindicato de la construcción UOCRA, Ricardo Camaño, quien señaló: «La obra tenía denuncias por incumplimientos en medidas de seguridad. La UOCRA no tiene poder de policía laboral. Me dicen de la seccional Monte Grande que se había presentado la denuncia ante la delegación de trabajo del Municipio».
En tanto, la Asociación de Trabajadores del Estado emitió un comunicado donde señalan los múltiples reclamos que el gobierno desoyó en materia de inspección por parte de organismos gubernamentales. «Desde el mes de agosto ATE llevó adelante un plan de lucha para denunciar que los inspectores realizan sus labores sin los elementos de protección personal, con sus vehículos personales, sin herramientas y sin el cobro de los adicionales por función, situación que define el marco de precarización y abandono por parte del Estado», resaltaron en un comunicado.
