Por Stella Calloni
En el esquema de las persecuciones políticas de estos tiempos utilizando a la Justicia, como lo hizo la última y cruenta dictadura militar, los hermanos Carlos y Alejandro Iaccarino, víctimas y sobrevivientes del terrorismo de Estado, no solo siguen siendo amenazados, sino que por orden del Ministerio de Seguridad de la Nación, y mediante una maniobra judicial, se intenta impedir que vendan lo único que les queda para sobrevivir, unas seis hectáreas de terreno en Santiago del Estero.
El juez del Tribunal Federal Nº 3 Humberto Blanco fue quien decidió levantar intempestivamente la medida de no innovar. Alejandro y Carlos Iaccarino vivieron y continúan viviendo lo que ellos llaman «un verdadero calvario» a partir del 4 de noviembre de 1976, cuando fueron secuestrados en dos operativos simultáneos con su hermano Rodolfo y sus padres Rodolfo Genaro Valentín Iaccarino y Dora Emma Venturino, inaugurando la saga de secuestros de empresarios en todo el país, a los que se acusó de subversivos para quedarse con sus bienes. Liberados después de una semana sus padres, los tres hermanos continuaron como detenidos desaparecidos y pasaron por nueve centros clandestinos de detención de la capital argentina y la provincia de Buenos Aires, padeciendo toda clase de tormentos. Finalmente, en una comisaría de Avellaneda los obligaron a firmar ventas falsas, ya destruidos como seres humanos.
Cuando los dejaron «libres», los sometieron a un terror constante que Rodolfo, afectado por las torturas sufridas, no soportó y murió. También murieron sus padres, que nunca pudieron reponerse.
Volver al pasado
La persecución contra los Iaccarino comenzó en los tiempos del criminal y contrainsurgente Operativo Independencia, en 1975, antesala de la dictadura que dejó miles de víctimas e inauguró en Tucumán y en el noroeste el experimento de los centros clandestinos de detención y las desapariciones forzadas. Entonces eran empresarios que trabajaban en proyectos sociales, entre ellos, la creación de cooperativas lecheras en Santiago del Estero, que cambiarían la vida de los siempre olvidados.
Relata Alejandro que antes de ser secuestrados fue a verlos un hombre de nacionalidad griega «que quería comprarnos unos campos que nosotros habíamos adquirido en remate judicial. Lo que nos llamó la atención es que no los habíamos puesto en venta. Nos ofreció el 50 por ciento de lo que valían. Extrañados, respondimos que no».
El día del golpe, el 24 de marzo del 1976, por orden de la intervención militar en Santiago se apoderaron del avión privado de los Iaccarino. El 12 de abril, el Banco Provincia de Buenos Aires les pasó «todos los créditos con vencimientos escalonados al descubierto en cuenta corriente, multiplicando por tres la deuda», por decisión de Roberto Bullrich, interventor de la dictadura nombrado por Miguel Martínez de Hoz. «Esto significaba que teníamos que pagarlo todo en ese momento, eran 500 mil dólares y nos fundíamos», explican los hermanos. Debieron malvender propiedades, vehículos y recurrir a gente conocida.
En esos momentos recordaron al griego que había aparecido de la nada para comprarles por la mitad de su valor un campo y lo llamaron ante la situación que estaban viviendo. Pero se presentó el verdadero comprador, que era el abogado Hugo Jorge, sobrino del general Llamil Reston que tenía una hija casada con el actual fiscal Carlos Stornelli, del que ahora está separado. En realidad el comprador resultaba ser Reston, quien le ha dejado a su hija parte de sus bienes, que hoy administra Stornelli.
Llamil Reston fue general de división, ocupó el cargo de ministro de Trabajo durante la dictadura entre el 18 de enero de 1979 al 29 de marzo de 1981 y como ministro del Interior entre el 1° de julio de 1982 y diciembre de 1983.
Los Iccarino recuerdan: «el boleto de compra-venta del campo se firmó en el estudio del doctor Augusto Mario Morello. Entendimos que todo había sido una maniobra para comprar por nada nuestro campo, incluyendo la maniobra del Banco para obligarnos a desprendernos de los bienes».
Compara Alejandro aquellos hechos con lo actuado por el fiscal Stornelli, defendido por el gobierno de Mauricio Macri, denunciado por preparar causas falsas con inexistencia de pruebas, como la llamada «de las fotocopias de los cuadernos», usando la Justicia para la persecución política. Como en tiempos dictatoriales para el armado de las causas falsas, Stornelli ha recurrido al espionaje ilegal y a la extorsión a las víctimas, triangulando con funcionarios públicos, periodistas y medios de prensa. «De allí partimos para volver a esta misma situación, pero bajo el barniz de una falsa democracia», sostienen.
Desde el 17 de enero de 2015 esperan que se cumpla el mandato judicial de reparar la deuda del Estado, ya que sus bienes fueron apropiados por sus secuestradores pero nadie parece dispuesto a hacer justicia, y permanecen impunes no solo los militares y policías que actuaron sino aquellos empresarios y jueces que se prestaron para este crimen.
«Nosotros no tuvimos carácter de arrepentidos. Nos secuestraron a toda la familia y nos dijeron: entreguen todo o van a parar al Río de la Plata», recuerdan los hermanos.
Consideran que es lo mismo que hoy está pasando con la causa que tiene el juez federal Alejo Ramos Padilla, de Dolores, quien investiga la extorsión sufrida por empresarios a los que se da a elegir: confesar lo que los jueces, ligados al poder, les ordenan decir o ir a prisión. «Es lo que estaban acostumbrados a hacer las Fuerzas Armadas de la dictadura con los civiles, aunque ni siquiera tuvieran un participación político-ideológica», señalan los hermanos.
