Por Pablo Pellegrino
«Ofensores en Trenes» fue el nombre que eligió la cartera que conduce Patricia Bullrich para el programa que oficializó el jueves a través del Boletín Oficial, con el que habilita a las fuerzas de seguridad federales a exigir el documento nacional de identidad en estaciones ferroviarias a personas que consideren sospechosas.
«Instrúyase a las Fuerzas Policiales y de Seguridad a los efectos de extremen los recaudos y facultades de control que le son propias en zonas de ingreso, egreso, tránsito y/o permanencia de personas que utilizan el transporte público en trenes de pasajeros, teniendo por objeto, a través de la identificación de las mismas, la constatación de la posible existencia y/o vigencia de medidas restrictivas de carácter judicial», dice la resolución que firma la titular del Ministerio de Seguridad.
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En una entrevista radial con Eduardo Feinmann, la ministra defendió el programa y explicó que, casualmente, comenzará a aplicarse en las estaciones del Gran Buenos Aires, donde los oficiales seleccionarán «aleatoriamente» a quienes considere sospechosos. «Le va a pasar como cuando cualquier ciudadano va a la cancha. Si no tiene ningún problema, va a salir verde. Si tiene algún problema va a salir rojo», minimizó.
El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, consideró que «se inscribe en una lógica de criminalización».
«Hay un sector de la sociedad a la que le habla Patricia Bullrich y le dice que van a defender a la clase media quitándoles derechos a los que están sin trabajo. En esa lógica de criminalización se inscribe este decreto de pedir DNI en las estaciones de trenes», dijo en diálogo con Radio con vos.
Alberto Fernández: «Hay un sector de la sociedad a la que le habla Patricia Bullrich y le dice que van a defender a la clase media quitándoles derechos a los que están sin trabajo».
«Vamos a las estaciones porque en los trenes viajan los pobres. Vamos a pedirles documentos a los pobres para ver dónde están los delincuentes», añadió el candidato.
«‘Ofensores en Trenes’ es inconstitucional. Contradice las leyes y estándares internacionales que prohíben detener a alguien, si no hay sospechas fundadas de la comisión de un delito. Tampoco se puede detener con fines de identificación. Las ‘facultades implícitas’ son ilegales», advirtieron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre la medida que, según ese organismo, «criminaliza a les trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados».
CELS: «‘Ofensores En Trenes’ es inconstitucional. Contradice las leyes y estándares internacionales que prohíben detener a alguien, si no hay sospechas fundadas de la comisión de un delito».
Victoria Darraidou, investigadora del equipo Seguridad democrática y violencia institucional de ese organismo de derechos humanos, sostuvo que el programa «va a ampliar mucho más la discrecionalidad de los efectivos de fuerzas federales», y añadió que «va a contrapelo de lo que establecen las normativas que rigen en el país».
Según la especialista «no queda claro en qué se basan» para aplicarlo, y advirtió que «se puede ampliar un abanico de detenciones arbitrarias».
«El lugar donde se implementa esta resolución es estrictamente en las estaciones de trenes, que es donde circulan las clases trabajadoras y los sectores populares», cuestionó Darraidou, y manifestó que es una medida «demagógica con muy poca efectividad en la prevención del delito».
